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La ruptura catalana vuelve a unir a Rajoy y Sánchez: mismo objetivo, distinto plan
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EL TIEMPO DE DESCUENTO ANTES DEL 1-O

La ruptura catalana vuelve a unir a Rajoy y Sánchez: mismo objetivo, distinto plan

El anuncio del articulado de la Ley de Transitoriedad fuerza la disposición de Gobierno y PSOE de formar un "frente común" contra el desafío soberanista. Pero los socialistas quieren diálogo

Foto: Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, durante su última reunión en La Moncloa, el pasado 6 de julio. (Reuters)
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, durante su última reunión en La Moncloa, el pasado 6 de julio. (Reuters)

La recta final del órdago a la grande del independentismo une a Gobierno y PSOE. No en la solución al conflicto, porque la gran apuesta de los socialistas sigue siendo la reforma constitucional, que los populares siguen sin ver oportuno abrir, pero sí en la necesidad de la "defensa de la legalidad" para frenar el referéndum del 1 de octubre y la eventual secesión de Cataluña. Pedro Sánchez ha mitigado sus críticas al Ejecutivo de Mariano Rajoy para acentuar la idea de que la respuesta al desafío separatista, en este estadio, ha de ser "conjunta". El PSOE, y en particular su secretario general, quiere vestirse con el traje de Estado y que no quepan dudas sobre su respaldo al marco constitucional, aunque a la vez insista en que ha de compaginarse con el "diálogo".

Fuentes de la dirección socialista hablan incluso de "frente común" con el Ejecutivo. No rechazan esa expresión que hace unas semanas habría resultado algo más chocante. Pero los soberanistas catalanes de Junts pel Sí y la CUP han dado un paso más al presentar este lunes la proposición de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y al anunciar que pretenden aprobarla antes del crítico 1-O. Es el texto capital de las llamadas 'leyes de desconexión', programado para, en caso de que ganara el sí a la independencia, crear un marco legal alternativo al español: 45 páginas y 89 artículos para romper con la legalidad estatal y construir una nueva república, un paso previo al proceso constituyente.

[Consulte aquí en PDF la proposición de Ley de Transitoriedad, en catalán]

La comunicación entre Rajoy y Sánchez no es precisamente fluida. Las primarias socialistas alejaron a los dos principales partidos. Pero Cataluña ha sido hasta ahora el punto de unión. El reelegido líder socialista ya telefoneó al presidente del Gobierno poco después de imponerse a Susana Díaz y justo antes de que Carles Puigdemont reuniera a los partidarios del referéndum separatista para intentar elegir la fecha de la consulta. Ya entonces le comunicó que la posición de su partido no se había movido: defensa del marco legal y apuesta por la reforma constitucional. Después ambos se vieron en La Moncloa. Fue el pasado 6 de julio. Los atentados de Cataluña del 17 de agosto volvieron a ponerlos en contacto y el anuncio de la presentación de la Ley de Transitoriedad forzó este lunes otro gesto de unidad.

Fue Sánchez, según indicaban desde su dirección, quien hizo saber por mensaje al jefe del Ejecutivo que deseaba hablar con él. Rajoy le llamó enseguida. Ambos, tal y como trasladó en rueda de prensa en Ferraz el portavoz de la cúpula, Óscar Puente, no profundizaron en las medidas que el Gobierno adoptará para neutralizar el referéndum del 1-O. Pero sí acordaron mantener un contacto "fluido" en este asunto, para "instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a este desafío del soberanismo catalán". La postura de Ferraz, le dijo el secretario general al presidente, es clara, de "rechazo frontal a lo que supone un engaño y un nuevo desafío" al Estado de derecho.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez conversan este lunes por la ley de transitoriedad de Cataluña

Así que Gobierno y PSOE irán "de la mano", en palabras de Puente, para frenar el 1-O y la panoplia de leyes de desconexión. Y para ese propósito la principal herramienta será el Tribunal Constitucional, al que Rajoy recurrirá en cuanto los independentistas pasen de las palabras a los hechos y sus actos tengan plasmación jurídica. El TC, previsiblemente, paralizará esos pasos de forma casi inmediata, pero Puigdemont ya ha advertido de que seguirá adelante con su plan, garantizando que el 1-O habrá referéndum. El presidente ha recalcado que no lo habrá, de ninguna forma, mientras que el PSOE viene subrayando que el 1 de octubre puede repetirse un simulacro de consulta como la del 9-N de 2014, pero no un referéndum con "validez" y "garantías", como tampoco habrá "una república catalana" el día 2.

Foto: Pedro Sánchez, con José Luis Ábalos, Cristina Narbona y Adriana Lastra, este 28 de agosto en Ferraz. (EFE)

Sin reproches a la respuesta legal

¿Respaldará el PSOE al Gobierno en caso de que tenga que echar mano de las Fuerzas de Seguridad para impedir que las urnas salgan a la calle? Puente prefirió guardar cautela. La consigna es no pronunciarse sobre "hipótesis". Ya tras la reunión en La Moncloa del 6 de julio la dirección de Sánchez sí remarcó que no apoyaría la activación del artículo 155 de la Constitución, el que permitiría una intervención, mayor o menor, de la autonomía catalana. Pero ni siquiera el Ejecutivo ha dado muestras de que pretende recurrir a ese precepto a la primera. En ese sentido, el PSOE agradeció que el Gobierno esté actuando con "proporcionalidad" y "eficacia" para parar los pies a los separatistas.

El Ejecutivo adelanta que seguirá respondiendo a todos los "intentos" de "vulnerar la Constitución" y avisa: la ley de desconexión no entrará en vigor

Réplica que seguirá llegando. Este lunes, fuentes del Ejecutivo citadas por Efe y Europa Press advertían de que se continuará respondiendo a todos los "intentos" de los soberanistas de "vulnerar" la Constitución, incluida la Ley de Transitoriedad. "Esa norma puede ser anunciada tantas veces como quieran, pero nunca entrará en vigor" porque el Gobierno va a hacer "cumplir las leyes". En La Moncloa hacían hincapié en la "paradoja" de que mientras en París los máximos responsables de las cuatro principales democracias de Europa —Francia, Alemania, Italia y España— se reunían para "trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad", los independentistas presentaban una "iniciativa legal" para "tratar de desconectar a los catalanes de España y de Europa". Un "anuncio improvisado" que hicieron este lunes dirigentes "de segundo y tercer nivel" de Junts pel Sí y de la CUP, hecho que pone de manifiesto que "los más radicales llevan las riendas de la política catalana".

En qué consiste la Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña

"La Generalitat se ha rendido ante los planteamientos de un partido minoritario, radical y antisistema. La CUP está marcando todos los posicionamientos políticos de las instituciones catalanas", subrayaban desde Moncloa. Y añadían las mismas fuentes que en la propia Generalitat no queda "ningún mínimo resto de sensatez, moderación o responsabilidad institucional".

En Moncloa lamentan que en la Generalitat no quede ni un "resto de sensatez" y acusan al Govern de "rendirse" ante los planteamientos de la CUP

Quien sí habló este lunes del 155 fue Xavier García Albiol, presidente del PP catalán. El dirigente se mostró partidario de aplicarlo si se hace "efectivo" el intento de los independentistas de "perpetrar un golpe de Estado", informa Efe.

El Gobierno también contactó con Ciudadanos, primer partido de la oposición en Cataluña y tercera pata del bloque constitucionalista. En este caso, fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien charló sobre la proposición de ley de JxSí y la CUP con el número dos de Albert Rivera, José Manuel Villegas.

Pero para el PSOE no basta con la respuesta legal. No sirve para resolver el conflicto. Por eso Puente enfatizaba tras la reunión de la comisión permanente —el núcleo duro de dirección— que su partido seguirá manteniendo su "apuesta firme por el diálogo" que es "perfectamente compatible con la defensa de la legalidad". Será finalmente el próximo lunes, 4 de septiembre, cuando la ejecutiva socialista, reunida en plenario, apruebe una batería de medidas, y su calendario, para intentar desbloquear la situación de Cataluña. En principio, esa cita estaba prevista para este 28 de agosto, pero Sánchez decidió retrasar la convocatoria una semana para respetar el duelo por los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils.

Foto: Macron, Merkel, Rajoy y Gentiloni, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en París. (EFE)

El legado de la 'Declaración de Barcelona'

Desde la cúpula ya se adelanta que tampoco habrá grandes novedades puesto que las iniciativas que el PSOE pretende desplegar emanan de la 'Declaración de Barcelona' que pactó con el PSC el pasado 14 de julio. La médula de ese texto, y el punto quizá más conflictivo, es la apertura del debate constitucional. Como indicaban distintos miembros del equipo de Sánchez a este periódico, no está "aquilatada" aún una opinión mayoritaria sobre cuándo conviene registrar en el Congreso la solicitud formal de creación de un espacio de diálogo —una comisión de estudio, una subcomisión parlamentaria...— para discutir sobre los cambios en la Carta Magna.

En la dirección socialista reconocen que no hay una posición firme sobre cuándo conviene registrar la petición de apertura del debate constitucional

En la reunión de la permanente de este lunes no se entró aún en esta cuestión. El secretario general quiere esperar al próximo 4 de septiembre, al plenario de su ejecutiva. "Nuestra apuesta sigue siendo hacer visible esa voluntad de diálogo antes del 1-O. Pero también es verdad con que los plazos de tramitación pueden llevarnos a después de esa fecha", apreciaba un alto mando de la dirección, un juicio que compartían otros compañeros. Los socialistas se encuentran con dos problemas: que aunque presente su petición antes del anunciado referéndum, el pleno pueda no discutirlo hasta después del 1 de octubre, y también que no tenga aliados suficientes para llevarla adelante.

La ejecutiva del PSOE debatirá el próximo lunes su proyecto para Cataluña

Ciudadanos, un socio que Ferraz cree fundamental para abrir el melón constitucional, ha mantenido hasta ahora que no conviene mezclar los dos debates: la paralización del 1-O y la modificación de la Carta Magna, postura que no ha variado un ápice, según confirmaron a este periódico desde el entorno de Albert Rivera este mismo lunes. Y Unidos Podemos, mientras, ha defendido una consulta pactada, con la que el PSOE no está de acuerdo porque la soberanía nacional, subraya, es única. Los socialistas no disponen de suficientes votos en el pleno, así que de no trabar alianzas su apuesta naufragaría. Pero en Ferraz tampoco temen el revés. "Que cada cual asuma su responsabilidad", resumía una dirigente del máximo nivel, que no obstante recordaba que hace un mes no estaba clara que pudiera prosperar la comparecencia en pleno de Rajoy por el caso Gürtel, y finalmente salió adelante el pasado jueves gracias al apoyo del PNV, una iniciativa del bloque de PSOE y Unidos Podemos a la que C's, socio preferente del PP, no pudo oponerse y con la que se abstuvo. Ese ejemplo da esperanzas al equipo de Sánchez.

En el PSC prefieren que sea el PSOE quien concrete los plazos de las iniciativas que llevará al Congreso. "Lo que me da miedo es que se interprete que abres la reforma constitucional para evitar un camino inevitable. Esto no se hace para evitar el 1-O, sino para lanzar un mensaje del día siguiente. Es decir, es positivo que se visualice que cabe una alternativa, pero las posibilidades de avanzar por ella las veo después, no antes del 1-O", sostenían este lunes fuentes muy próximas al primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Los próximos días serán intensos en la casa socialista. Se irán contemplando los distintos escenarios y la estrategia idónea en coordinación con el grupo parlamentario, que dirige Margarita Robles.

"Nada que comentar" sobre la cena de Roures con Iglesias y Domènech

Los socialistas prefieren no entrar en las disputas entre el PDeCAT y ERC, socios en Junts pel Sí, ni en los contactos entre los republicanos y Podemos y sus confluencias. Por eso, este lunes, Óscar Puente, portavoz de la ejecutiva del PSOE, rehusó hacer comentarios sobre la cena secreta que mantuvieron el sábado en Barcelona, tras la manifestación de repulsa de los atentados del 17-A, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los líderes de la formación morada, Pablo Iglesias, y Catalunya en Comú, Xavi Domènech, en casa del presidente del grupo Mediapro, Jaume Roures. Una cita desvelada por El Confidencial.

"No teníamos constancia de esa reunión informal, de esa cena. No tenemos que comentar mucho al respecto. Es una cena que ha trascendido y el PSOE no tiene nada que comentar. No varía ni nuestra estrategia ni nuestra posición", contestó el también alcalde de Valladolid durante la rueda de prensa en Ferraz. 

La recta final del órdago a la grande del independentismo une a Gobierno y PSOE. No en la solución al conflicto, porque la gran apuesta de los socialistas sigue siendo la reforma constitucional, que los populares siguen sin ver oportuno abrir, pero sí en la necesidad de la "defensa de la legalidad" para frenar el referéndum del 1 de octubre y la eventual secesión de Cataluña. Pedro Sánchez ha mitigado sus críticas al Ejecutivo de Mariano Rajoy para acentuar la idea de que la respuesta al desafío separatista, en este estadio, ha de ser "conjunta". El PSOE, y en particular su secretario general, quiere vestirse con el traje de Estado y que no quepan dudas sobre su respaldo al marco constitucional, aunque a la vez insista en que ha de compaginarse con el "diálogo".

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