Tiempo de autocrítica: por qué nadie se enteró de que había 12 yihadistas en Cataluña

Los atentados de Cataluña del pasado jueves volvieron a sorprender a las fuerzas de seguridad. Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil ni los Mossos ni el Centro Nacional de Inteligencia 'olieron' a quemado cuando el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, radicalizó durante meses a los jóvenes que luego perpetraron la masacre que acabó con la vida de 15 personas. Ninguno de los cuatro cuerpos competentes para investigar y analizar información relacionada con el terrorismo sospechó siquiera que el clérigo pudiera estar planeando un ataque masivo contra la población inocente.

Es Satty cumplió condena en la prisión de Castellón —de la que salió en 2012— por un delito de narcotráfico y su nombre apareció entre la documentación incautada en el marco de la operación Chacal contra el terrorismo yihadista, pero no era uno de los 21 imanes que el Ministerio del Interior tenía monitorizados en Cataluña el año pasado, cifra revelada por el diario 'Las Provincias'. Estos dos indicadores no parecían suficientes para que los servicios antiterroristas pusieran el foco en este hombre, considerado por los investigadores como el instigador de la matanza.

Tampoco lo fue la explosión accidental de bombonas de butano en Alcanar, que los Mossos calificaron como un asunto vinculado con el narcotráfico, conclusión a la que llegaron tras encontrar productos químicos utilizados para provocar el estallido. En realidad, según entiende ahora la comisión investigadora coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, los okupas del chalé de Alcanar estaban preparando un atentado terrorista aún mayor del que posteriormente perpetraron.

La información, sin embargo, no llegó como tenía que haberlo hecho al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) —organismo responsable de coordinar la lucha de los diferentes cuerpos policiales contra esta lacra—, que no pudo analizarla ni valorarla como un incidente que requería del posterior seguimiento. A esto se unió el hecho de que aún no hay un representante de los Mossos en el Citco. Ministerio del Interior y Generalitat ya acordaron el pasado julio la incorporación de un enlace de la policía autonómica en el centro, pero esto aún no ha ocurrido. Por el momento, se producen reuniones periódicas y comunicaciones, pero sin que haya un contacto fijo y especializado.

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Esta descoordinación ya fue advertida de hecho por el sindicato Agrupación Reformista de Policías el pasado diciembre, en su propuesta de modelo de seguridad estatal. Las fuerzas de seguridad, aseguró la organización sindical, "actúan de forma unívoca y competencial, propiciando un campo abonado para esta delincuencia internacional y el asentamiento de mafias de la droga y terrorismo yihadista; las bases de datos deben estar centralizadas (...); se debe poner fin a la competitividad existente con los cuerpos policiales de las comunidades autónomas que tienen reconocidas sus propias policías".

Fuentes de los Mossos también explican que nadie de la comunidad islámica preguntó si Es Satty tenía antecedentes penales como paso previo a valorar su incorporación a la mezquita. En la misma línea, la policía autonómica desconocía que el imán había ido a Bélgica a buscar trabajo como predicador y que allí le habían pedido los antecedentes y que, tras ello, él no volvió a aparecer. Tampoco sabían los Mossos que el clérigo tenía una orden de expulsión del país tras cumplir su condena que nunca se ejecutó porque el juzgado amparó el recurso del imán, según publica este martes 'El Mundo'. Los dos primeros puntos ponen en evidencia dos asuntos en los que aún pueden mejorar las fuerzas de seguridad: la relación con la comunidad islámica y la coordinación internacional.

En la misma línea, fallaron los controles que las fuerzas de seguridad mantienen en las empresas de alquiler de furgonetas y camiones, que no alertaron de la posibilidad de que los inquilinos de los vehículos utilizados por los terroristas en las Ramblas y en Cambrils pudieran estar relacionados con el terrorismo. Tampoco fueron eficaces los avisos transmitidos por Interior a todos los ayuntamientos de España con el fin de que estos instalaran bolardos y elementos que impidieran el acceso de furgones y camiones a zonas de especial tránsito, una medida que fue seguida inicialmente en eventos como las cabalgatas de Reyes Magos o la Nochevieja en ciudades como Madrid, pero que posteriormente fue olvidándose por parte de los consistorios.

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Esta iniciativa, aunque evidentemente no hubiera servido para doblegar la voluntad de los terroristas, sí habría limitado sus posibilidades de actuación al haber supuesto una traba más en sus propósitos. "En este tipo de prevención también consiste la lucha contra el terrorismo", apuntan fuentes policiales, que consideran esencial poner cuantas más barreras mejor a los malos.

Por otro lado, otras fuentes de la lucha antiterrorista critican la política de investigación llevada a cabo en los últimos años y basada casi en exclusiva en la indagación de ciberterroristas. La Policía y la Guardia Civil han detenido a numerosos activistas de las redes sociales que promovían la yihad o la propaganda y el lenguaje terrorista a través de internet. Algunos han sido encarcelados por el delito de enaltecimiento del terrorismo o por el nuevo tipo delictivo denominado autoadoctrinamiento, destinado a prevenir la rápida actuación de los autodidactas electrónicos.

Sin embargo, las mismas fuentes critican que los investigadores se estén centrando demasiado en internet en detrimento de las pesquisas tradicionales, enfocadas a detectar a los elementos potencialmente peligrosos, con capacidad para elaborar explosivos y, por lo tanto, cometer atentados en cualquier momento.