los agentes la encontraron vacía

Registran la caja fuerte de un cargo de Aznar sospechoso de ocultar fondos de González

El Ministerio Público sospecha que Moro cuenta con una holgada capacidad de mover fondos de González que vincula con frecuentes desplazamientos a la República Dominicana y Panamá

Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (d), a la llegada a su despacho acompañado por guardias civiles. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (d), a la llegada a su despacho acompañado por guardias civiles. (EFE)

Nuevos datos detectados por los investigadores del caso Lezo han provocado registros a un excargo del Partido Popular de la etapa de José María Aznar, sospechoso de actuar como testaferro en la sombra del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Los agentes de la UCO abrieron una caja fuerte vinculada al que fuera delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, tras localizar anotaciones que apuntaban a movimientos sospechosos de fondos, informan a El Confidencial fuentes del caso. La encontraron vacía.

El detonante de esta nueva fase de la operación, que abre una nueva vía en las pesquisas sobre el paradero del dinero presuntamente desviado por González, surgió durante la entrada llevada a cabo el pasado mes de abril en el domicilio de Moro. La estrecha amistad entre ambos y el contenido de algunas de las comunicaciones intervenidas le colocaban, ya por entonces, en el centro de la diana. Entre la documentación localizada en la casa se encontraron unas notas tomadas por la mujer del exdelegado popular en las que mencionaba que había sacado algo de una caja a su nombre.

Las anotaciones llevaron a los agentes hace unas semanas hasta la sede del Banco Popular en la calle Ortega y Gasset de Madrid, donde la mujer de Moro tenía contratado este servicio de seguridad de cuya existencia los investigadores no tuvieron conocimiento hasta ese momento. El hecho de que la caja no contuviera absolutamente nada precipitó los acontecimientos y provocó que la Fiscalía Anticorrupción reclamara tomar declaración de forma urgente como investigado a Moro.

Luis Vicente Moro.
Luis Vicente Moro.

El Ministerio Público sospecha que el exdelegado del Gobierno cuenta con una holgada capacidad de mover fondos de González que vincula con frecuentes desplazamientos a la República Dominicana y Panamá. Le considera uno de sus hombres de confianza, a la altura de otros testaferros de la trama como el hombre fuerte del Canal en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino o el hermano de González, Pablo. Tras el interrogatorio que se llevó a cabo en la Audiencia Nacional, en que Moro lo negó todo, la Fiscalía reclamó el ingreso en prisión del recién estrenado testaferro, apuntan las fuentes consultadas.

No obstante, el instructor de la causa, Manuel García-Castellón, no vio motivos suficientes para enviarle a la cárcel y le dejó libre, sin perjuicio de que el avance de las pesquisas aporte nuevas pruebas que provoquen un cambio en su situación. En el sumario de la Lezo obran conversaciones entre los dos amigos en las que González le pide que envíe "a sus chicos" para que efectúen averiguaciones sobre los procedimientos judiciales abiertos en su contra. En aquel momento, finales del año 2016, se encontraba inmerso en el caso ático, donde investiga la titularidad de una vivienda de lujo en Estepona.

Amistad desde hace años

La relación entre González y Moro se remonta a la etapa en la que el presunto cabecilla de la trama Lezo ocupaba el puesto de secretario de Estado de Inmigración en el Ministerio de Interior. Según reconoció el excargo del PP en 2009, ambos planearon en aquella etapa la puesta en marcha de un servicio secreto de espionaje autonómico con el objetivo de proteger a altos cargos del Gobierno regional.

La etapa de Moro al frente de la Delegación de Gobierno ceutí, que dirigió entre 1998 y 2004, no estuvo exenta de polémica. Fue juzgado y condenado por idear un informe en falso para desprestigiar al juez Fernando Tesón con el apoyo de su cúpula policial. El TS confirmó una condena de 21 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación en su contra al considerar que "aprovechó el malestar y la alarma" que pudo crear la decisión de Tesón de poner en libertad a varios acusados de narcotráfico para difundir en prensa que su actuación estaba movida por intereses particulares y arbitrarios.También fue juzgado y, en este caso, absuelto por la expulsión irregular de menores marroquíes que tuvo lugar en 1998.

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