El TC desoye a la Generalitat y mantiene suspendida la ruptura exprés

Los 12 magistrados que integran el pleno del Tribunal Constitucional han rechazado este miércoles el recurso de súplica presentado por el Gobierno catalán contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlament, que permitiría un procedimiento especial de lectura única y podría ser utilizada por JxS y la CUP para tramitar tanto la ley del referéndum como la de 'desconexión'. Han avalado por unanimidad mantener la paralización del texto durante cinco meses.

El Tribunal explica que, según la doctrina constitucional, este tipo de recursos de súplica solo puede versar sobre aspectos de procedimiento, y no sobre cuestiones de fondo cuyo análisis únicamente puede llevarse a cabo en la sentencia. Dice a la Generalitat que en su escrito no cuestiona si hay las necesarias condiciones procesales para la acción de inconstitucionalidad planteada por el presidente del Gobierno, sino que entra "en un juicio de fondo cuya realización resulta prematura y aduce razones no susceptibles de ser valoradas aquí”.

Solo pueden basarse "en la carencia de alguna de las condiciones de procedibilidad de la acción”, señala textualmente el auto, pues solo estos aspectos son revisables por este tribunal en la actual fase. No cabe fundar estos recursos en motivos de fondo, dado que estos quedan excluidos de la valoración que este tribunal puede realizar en la admisión a trámite de los procesos de inconstitucionalidad, agrega.

La Generalitat recurrió hace unos días la congelación cautelar de su reforma y acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de actuar de forma "abusiva" gracias al empleo de este mecanismo, que establece la suspensión automática una vez se admite a trámite. El hecho de que la Constitución y la Ley Orgánica del TC prevean este supuesto, "no habilita a su uso injustificado por el presidente del Gobierno del Estado para provocar la suspensión de disposiciones manifiestamente legítimas", aseguraba el Govern.

También consideraba en su recurso de súplica que "el TC no puede juzgar ni el contexto político en el que se aprueba esta reforma del reglamento del Parlament, ni las intenciones que la parte recurrente intuye en el legislador de Cataluña" y recuerda que el procedimiento de lectura única impugnado es "prácticamente equivalente" al del Congreso de los Diputados y muy parecido al de otras comunidades autónomas.

En una reunión poco habitual en pleno agosto, el pleno se ha limitado a pronunciarse sobre la paralización de cinco meses y dejará para una sentencia posterior el análisis del fondo del asunto. Coincidiendo con la reunión de los 12 magistrados, un representante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha notificado este miércoles personalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de la Mesa la admisión a trámite de esta suspensión cautelar. La ha apercibido sobre las posibles responsabilidades en las que puede incurrir si se incumple la paralización.

La reunión constituye el pistoletazo de salida a una quincena complicada en la que todos los ojos están pendientes de la admisión a trámite de la polémica ley del referéndum. Forcadell convocó a la Mesa del Parlament este miércoles, y aunque JxS y la CUP registraron la norma el 31 de julio, en una decisión de último momento, no se ha incluido en el orden del día.

Si la Mesa decide darle trámite en una próxima reunión, los magistrados tendrán que volver a encontrarse para responder a su impugnación urgente por parte del Ejecutivo. En un cruce de declaraciones antesala del choque, el Gobierno central y la Generalitat avisaron públicamente de su postura hace unos días. Mientras el Gobierno central comunicó que actuaría de forma inmediata, el Govern avanzó que no atenderá una eventual suspensión del tribunal de garantías.

La decisión que adopten Forcadell y el resto de miembros de la Mesa dibujará el siguiente escenario. El TC tendrá en sus manos aplicar por vez primera las medidas coercitivas incluidas en la ley reguladora del tribunal, entre ellas la suspensión de cargos públicos. Los magistrados no han debatido por el momento la conveniencia de aplicar estas armas, aunque sí se pronunciaron en noviembre de 2016 sobre si eran constitucionales. Tres de ellos presentaron entonces votos particulares.