El calvario de las víctimas del terrorismo para acusar a los detenidos por yihadismo

Una auténtica yincana. El camino de las asociaciones de víctimas del terrorismo para actuar como acusación en los procedimientos por delitos de yihadismo está plagado de obstáculos desalentadores que dificultan su personación en este tipo de causas y, en los casos más complicados, impiden directamente su presencia en estos. Asociaciones como la AVT o la asociación 11M Afectados del Terrorismo tratan de sortear cada día estos obstáculos para poder acusar.

Sus opciones para lograr estar presentes en sumarios contra imputados por este tipo de terrorismo dependen en buena parte de la atención que presten a los medios de comunicación. Las agencias, periódicos, televisiones y radios suelen ser quienes les dan el aviso de que se ha producido una detención en algún punto de España por integración, colaboración, enaltecimiento o cualquier otro delito imputado a un sospechoso.

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A partir de ahí toca averiguar, ya sea por los mismos medios o haciendo cuentas sobre la guardia, cuál es el Juzgado Central de Instrucción que se ocupa del asunto, porque será este al que tendrán que acudir para solicitar personarse. En la Audiencia Nacional son seis los jueces que se ocupan de la fase de instrucción, por lo que, en ocasiones, se ven obligados a aplicar un sistema de descarte hasta dar con el correcto, relatan a El Confidencial fuentes de las asociaciones.

Pero no basta con localizar el juzgado encargado. La cosa se complica más aún a partir de ese punto. Para poder estar presentes en el impulso del sumario en cooperación con la Fiscalía, que siempre acusa, deben presentar una querella contra el acusado y necesitan un dato fundamental: el número de diligencias. Dos o tres cifras separadas por una barra del año de inicio del procedimiento.

También deben localizar otro dato, en este caso más simple pero esencial: la identidad del mismo. Su nombre y apellidos. Es algo aparentemente sencillo pero, en ocasiones, casi imposible de localizar. Rastrear en internet es a veces una ayuda, pero no siempre lo localizan completo. En ocasiones, las noticias de la detención obvian esta información o la sustituyen por siglas.

Estas cauciones, incluidas para evitar acusaciones populares "abusivas", también afectan a las asociaciones de víctimas y llegan a los 50.000 €

En el remoto caso de que los servicios jurídicos hayan conseguido sortear todos estos escollos, deben prepararse para otro reto. Con la querella presentada, aguardan la decisión del juez que debe pronunciarse sobre si la admite o la rechaza. El magistrado o magistrada competente suele aceptar la petición, pero la acompaña en muchos casos de la obligación de presentar una fianza.

Estas cauciones, incluidas en la ley para evitar acusaciones populares "abusivas, fraudulentas, infundadas, espurias o torticeras" —del estilo a la ejercida, por ejemplo, por Manos Limpias—, también afectan a las asociaciones de víctimas y llegan a alcanzar, en algunos casos, los 50.000 euros. Las cantidades son muchas veces imposibles de asumir, por lo que los letrados optan casi siempre por recurrir y reclamar rebajas. Cuando llega este punto, ya han transcurrido varios meses desde la detención del acusado. Aún tendrán que esperar varias semanas más para que se resuelva su reclamación y solo conseguirán, al fin, su objetivo en el caso de que la fianza impuesta ronde finalmente los 3.000 euros, que suelen cubrir con avales.

La consecuencia más directa de todo esto es que son pocos los procedimientos que cuentan con asociaciones de víctimas como acusadoras. El esfuerzo se reserva para los casos de más peso, aunque tanto la AVT como 11M Afectados del Terrorismo quieren estar presentes en todos los que instruya y juzgue la Audiencia Nacional.

Desde la AVT, los abogados Antonio Guerrero y Carmen Ladrón de Guevara avisan de que un porcentaje importante de sus socios se corresponde con víctimas del terrorismo yihadista, tanto de atentados antiguos, como el del restaurante El Descanso, como de los últimos atentados yihadistas cometidos en Europa, por ejemplo el de la sala Bataclan o los de Niza y Mánchester. Por ello, el personarse en estos procedimientos judiciales se ha convertido en una de las prioridades del departamento jurídico.

Según describe el abogado Antonio Segura, que representa a la asociación de Pilar Manjón, las personaciones como acusación popular en causas de yihadismo se han convertido en una carrera de obstáculos que en muchos casos acaba "en una imposibilidad de accionar penalmente opuesta a la voluntad del legislador" y esto crea "una ansiedad en las víctimas que cuando deciden personarse solo encuentran frustración por esa confusión y las dificultades ya descritas".