El imputado por saquear clínicas que vendía gasoil sin IVA y llegó a la cúpula del Murcia

Raúl Moro Martín quería una vida a lo grande y ha hecho todo lo posible por inventársela. Hasta noviembre de 2016, este extremeño de 40 años había tenido que conformarse con negocios modestos, sin gran proyección pública. Pero un día se topó con la oportunidad de convertirse en presidente de un histórico del fútbol como el Real Murcia. Con una deuda acumulada de 43 millones de euros, la institución estaba al borde del abismo. Sólo tuvo que comprar el 11% de las acciones por 400.000 euros para sentarse en la cúspide del club. A partir de ese momento, se convirtió en un exitoso emprendedor y empezó a moverse por las concurridas fronteras que separan el deporte de los negocios y los negocios de la política. Tiene grandes planes para el Real Murcia y para su propia carrera. En las redes sociales lanza mensajes sobre valores como el esfuerzo, la tenacidad y el espíritu de superación. El futuro le sonríe. Un empresario ejemplar.

Pero, ¿quién es realmente Raúl Moro Martín? Al aterrizar en Murcia trascendió que era ingeniero agrónomo, tenía centros comerciales, una red de gasolineras y un cargo directivo en la filial mexicana de la cadena de restaurantes Lizarrán. Sin embargo, oculta una biografía no tan brillante. Su verdadera trayectoria está repleta de deudas con trabajadores y organismos públicos, está imputado por estafa por desmantelar una clínica dental de la noche a la mañana, se mueve en un coche de renting que no paga y está siendo investigado por la Agencia Tributaria por un macrofraude millonario de IVA. En estos momentos, Moro está más cerca de prisión que de un balón de fútbol, aunque haya logrado que casi todo el mundo piense lo contrario.

Un centro comercial de 15 hectáreas

Su historia como empresario comienza en julio de 2012. El diario 'Hoy de Badajoz' anunció sus planes para desarrollar un enorme centro comercial a cielo abierto en Extremadura que iba a reproducir a escala la antigua ciudad romana de Mérida. Aseguró que tendría 20.000 metros cuadrados para espacios comerciales, una zona de restauración y ocio de 9.600 metros cuadrados y hasta un teatro y un anfiteatro con otros 8.400 metros cuadrados. En el momento de la noticia, estaba a punto de presentar el proyecto en un congreso empresarial de Yucatán (México). Quería promoverlo a través de la empresa Outlet Centros Comerciales Históricos SL (OCCH). Invertiría 60 millones de euros para comprar nada menos que 15 hectáreas de suelo. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Aunque OCCH se constituyó dos meses después de la noticia, no llegó a operar. Moro sigue figurando como su administrador único, pero la sociedad ni siquiera ha presentado cuentas en ningún ejercicio. El gran centro comercial de Emérita Augusta se quedó en un espejismo.

Casi al mismo tiempo que OCCH constituyó otra empresa, Extremadura Mobile SL, que tiene como objeto social la “investigación y el desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas”. Tampoco ha presentado cuentas en el registro pero tiene pendientes dos embargos por deudas con la Dirección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social. La primera es de abril de ese año y asciende a 2.196 euros. La segunda, de junio, es de 2.716 euros.

El presidente del Real Murcia continuó su huida hacia adelante. Sus deudas crecieron aún más en 2014 cuando entró como administrador solidario en otra mercantil con domicilio en Miajadas (Cáceres), Ceres Complementos y Gestión SL, dedicada supuestamente al comercio al por menor de “artículos de joyería y relojería”. Según recoge el Registro Mercantil, la empresa tiene cinco demandas por insolvencia que suman más de 70.000 euros, seis reclamaciones de Trabajo y la Seguridad Social y le reclama otros 5.079 euros una antigua trabajadora. Las últimas resoluciones son de julio de 2016.

Embargado por un juez de Cáceres

Moro compatibilizó esa empresa ruinosa con la gestión de una cuarta mercantil, E 24H de Apliación a la Medicina SL, con domicilio también en Miajadas y dedicada al “comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco”. El resultado fue igualmente desolador. Desde que se convirtió en su administrador único en septiembre de 2013, la sociedad sólo generó deudas. De hecho, el juzgado de Primera Instancia número 6 de Cáceres acordó en febrero de 2015 la subasta de un activo inmobiliario de la empresa por el impago de una deuda hipotecaria. También acumula reclamaciones de cantidad y embargos por impagos a antiguos trabajadores. Los procedimientos más recientes son de febrero de 2017.

Antes de esa fecha se desencandena la etapa más interesante de la trayectoria de este peculiar empresario. Según ha podido averiguar este diario, Moro se enteró en los primeros meses de 2015 a través de un intermediario de que un antiguo franquiciado de Vitaldent de Arcos de la Frontera (Cádiz) estaba en dificultades económicas y quería traspasar la clínica por un precio casi simbólico. El actual dirigente del Real Murcia contactó con el dueño del negocio, Carlos Toro, y se ofreció para quedarse con la sociedad que explotaba la clínica, Torodental SL. Sólo pagaría 3.000 euros por el traspaso pero, a cambio, se comprometía a asumir las deudas de la sociedad y a completar los tratamientos odontológicos que ya habían pagado más de 300 pacientes. El inversor extremeño aseguró que podía afrontar la situación. Dijo que disponía de fondos suficientes y que tenía hasta sus propio equipo de especialistas en odontología. Así, el 25 de mayo de 2015, se cerró la venta de Torodental SL ante notario.

El desvalijamiento de la clínica dental

Poco después se descubrió que los verdaderos planes de Moro eran otros. A los días de firmar la compra, echó la persiana de la clínica. Contó a los trabajadores y pacientes que iba a hacer unas reformas en el negocio y que pronto estaría de nuevo en funcionamiento. Sin embargo, nunca más abrió sus puertas. Según consta en un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera, al que ha tenido acceso El Confidencial, el supuesto inversor habría aprovechado esos días de confusión para desmantelar la clínica. Se llevó presuntamente en una furgoneta dos pantallas de televisión, cinco sillones dentales, máquinas de rayos X, equipos informáticos, mesas… El 6 de agosto de 2015 ya no quedaba ni una silla en los 230 metros cuadrados del local.

Los 300 pacientes que habían pagado por adelantado se quedaron sin dinero y sin tratamiento y Carlos Toro denunció a Moro por estafa. El pasado 25 de marzo, el juez dictó auto de transformación en juicio oral contra el actual presidente del Real Murcia al considerar que concurren “indicios racionales de criminalidad” por un delito de estafa, castigado con hasta seis años de cárcel. El auto, que lo deja a un paso del banquillo, es demoledor. Remarca las “incongruencias” y “contradicciones” en las que incurrió el acusado durante su declaración y asegura que hay otra denuncia contra él por haber hecho una operación similar con otra clínica dental de Chipiona (Cádiz), “siendo por tanto posible que no sea esta una actuación aislada”.

El juez también subraya que Moro no sólo se habría llevado el material de la clínica. En febrero de 2016, más de medio año después de que la consulta fuera desvalijada, le llegó a Carlos Toro una multa de tráfico por exceso de velocidad. En ese momento descubrió, según el auto, que el falso inversor de Cáceres seguía utilizando un coche de renting que había puesto a nombre de Torodental SL. Se trata de un vehículo de alta gama, un Mercedes CLA 220 D. Un radar lo cazó a 150 km/h en el kilómetro 125 de la A-5 dirección Cáceres, un punto con limitación de 120 km/h. Durante su declaración, Moro confesó que no tenía dinero para pagar el coche pero seguía conduciéndolo.

Su entrada en el negocio del combustible

Con todo, el gran salto lo dio en diciembre de 2015. En ese momento se convirtió en el único accionista de una sociedad dedicada a la comercialización de combustible al por mayor, Venta de Carburantes del Sur SL (Vecasur), con sede en un edificio de oficinas de Tomares (Sevilla), aunque no se inscribió en el registro como administrador hasta junio de 2016. Ese mes también publicó ofertas de empleo y contrató a sus primeros trabajadores. En apariencia, se trataba de una distribuidora de combustible completamente normal.

Sin embargo, los números de la compañía reflejaron pronto otra situación. La Agencia Tributaria descubrió que, entre julio y septiembre de 2016, el primer trimestre en el que Vecasur operó a pleno rendimiento, la sociedad había contraído una deuda por el impago del IVA de 8,5 millones de euros. Moro presentó una solicitud de fraccionamiento pero no fue atendida por Hacienda y la deuda entró en apremio, con un recargo del 20%. La deuda total de la empresa sería en realidad mayor. Según fuentes cercanas a ese expediente consultadas por este diario, en el cuatro trimestre de 2016 (octubre-diciembre), Vecasur acumuló otro impago de IVA superior incluso a los 8,5 millones de euros del trimestre anterior. Es decir, que con el apremio del cuarto trimestre, la deuda total de la compañía con Hacienda podría superar los 20 millones de euros.

Tras la noticia sobre la deuda, adelantada por La Verdad, Moro restó importancia a la situación y aseguró en redes sociales que su compañía había “presentado aplazamiento de IVA y garantía aceptada y homologada por el Banco de España ante organismo de Recaudación de AEAT (sic)”, pero expertos tributarios conocedores de la contabilidad de la compañía rechazan esa explicación. Al contrario, aseguran que ese comportamiento se asemeja a un caso de fraude con el IVA de los carburantes, una tipología delictiva que se ha extendido en los últimos años.

El método es sencillo y rentable. Consiste en crear una sociedad, inscribirla como distribuidora de combustible y reventar el mercado en pocas semanas comercializando la gasolina y el diésel a un precio sin competencia. No es que estas compañías sean más eficientes o productivas que sus rivales. Su único truco reside en que no declaran el 21% de IVA y, por tanto, pueden jugar con ese margen para ofrecer precios irresistibles. Cuando la Agencia Tributaria detecta el engaño y actúa, esas empresas ya han colocado millones de litros de producto en centenares de gasolineras de todo el territorio nacional y sus gestores se esfuman o no tienen patrimonio para responder por el agujero que han generado. Este diario ha comprobado que Vecasur nunca ha tenido inmuebles a su nombre. En cuanto a Moro, era dueño de un activo en Arganda del Rey (Madrid) pero lo vendió en 2013. Desde entonces no ha tenido propiedades.

Las acciones del Murcia, en una firma nueva

La trayectoria de Vecasur reproduce ese esquema. En los primeros meses de 2017, antes de cumplir el año de actividad, comenzó a despedir a sus trabajadores. El controvertido empresario saltó antes. En noviembre de 2016, utilizó 400.000 euros de la compañía para adquirir el 11% de las acciones del Real Murcia. Según fuentes del club consultadas por este diario, aunque el dinero salió de esa empresa, transfirió las acciones a otra sociedad, Corporación Empresarial Augusta SL, que fue creada en noviembre del año pasado. En concreto, el 15 de ese mes. El mismo día en el que Moro depositó el dinero de Vecasur.

Desde ese momento, el inversor cacereño se ha centrado en la gestión del Real Murcia, que juega en Segunda División B. La temporada pasada estuvo a punto de subir de categoría. Cayó en la penúltima eliminatoria del play-off. Al menos consiguió fondos adicionales por la venta de entradas de esos partidos. Además, el club también se topó con otros ingresos extraordinarios por los encuentros que disputaron en su campo la selección española absoluta (junio) y la selección sub-21 (marzo). Eso no evitó que la deuda del Real Murcia aumentara desde la llegada de Moro en otros 1,2 millones de euros. Pero el empresario sigue adelante y ya ha cerrado un acuerdo para adquirir el mayor paquete de acciones del club, que estaba en manos de la familia Samper. También ha realizado grandes fichajes para la próxima temporada.

Este diario ha preguntado en Lizarrán sobre el paso de Moro por la compañía, un empleo que sigue apareciendo en su perfil público de Linkedin. Sin embargo, ni en las oficinas centrales de Lizarrán en España ni en la supuesta filial de México, en la que sólo hay una franquicia en funcionamiento, conocen a esta persona. El Confidencial contactó con Moro este miércoles para recabar su versión sobre sus deudas, sus problemas judiciales y la investigación de Hacienda a Vecasur, pero declinó ofrecer una explicación y remitió directamente a sus abogados. Sobre los embargos y deudas con trabajadores de antiguos negocios, simplemente añadió que no tiene constancia de que existan.

La reacción

Raúl Moro ha publicado este jueves un mensaje en Twitter en respuesta a la información publicada por este diario. En el mismo, expresa que "la información (...) está siendo presentada desde una sola parte de la historia"  con la intención de "perjudicar" al equipo que preside, así como a su propia imagen. 

Moro asegura que toda la información publicada respecto a su persona "no va a afectar en ningún caso al club" y ha querido transmitir "tranquilidad" a los abonados. 

Finalmente, el alto cargo del equipo de fútbol explica que sus abogados "tienen orden de actuar" en contra de publicaciones que tengan la intención de perjudicarle faltando a "la realidad o la verdad".