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El Grupo Popular pide amparo al TC ante la "causa general" de la comisión anti-PP
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pretende que se acote el objeto de la investigación

El Grupo Popular pide amparo al TC ante la "causa general" de la comisión anti-PP

PSOE, Podemos y C's quieren repasar los casos de corrupción desde 1989 y hacer desfilar por el Congreso a los dirigentes del PP para 'condenar' después a Rajoy y exigir su dimisión

Foto: Mariano Rajoy en el homenaje póstumo al presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga. (EFE)
Mariano Rajoy en el homenaje póstumo al presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga. (EFE)

El Grupo Popular ha pedido el amparo del Tribunal Constitucional ante la puesta en marcha del principal recurso de la oposición para desgastar al partido en el Gobierno: la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación ilegal del PP desde antes de su nacimiento (1989). La tarea que se han fijado el PSOE, Podemos, Ciudadanos y los independentistas es repasar todos los escándalos de corrupción que han afectado desde entonces a los populares (en todos los ámbitos territoriales) y hacer desfilar por el Congreso a sus principales dirigentes desde los tiempos de Manuel Fraga para prolongar así sus trabajos durante varios periodos de sesiones (2017-2018) con el objetivo de declarar al final culpable de corrupción estructural al PP y exigir la dimisión de Mariano Rajoy.

Los diputados del Grupo Popular firmantes del recurso consideran que se trata de una "causa general" contra el PP, por lo que piden al TC que intervenga en su amparo y aproveche para sentar doctrina sobre los límites de las comisiones parlamentarias de investigación, tanto en el objeto de sus trabajos (sin invadir las competencias de la Justicia), como en el periodo natural de las legislaturas que pueden abarcar y el ámbito territorial de las responsabilidades que pretenda dilucidar.

El recurso, firmado en primer lugar por el vicesecretario general de los populares, Fernando Martínez-Malillo, invoca el precedente de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid en diciembre del pasado año, cuando los tribunales anularon un intento similar de montar una comisión parlamentaria sobre la gestión del consistorio desde las elecciones de 2003.

Los diputados del PP pretenden que el TC acote el funcionamiento de las comisiones de investigación a hechos concretos

El juzgado de lo contencioso-administrativo 9 de Madrid impidió la apertura de esa "causa general" sobre la etapa de los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella con el razonamiento de que "ningún supuesto específico de investigación se señala, lo que se acuerda es que se investigue todo, durante tres legislaturas, a ver si algo se descubriera". Manuela Carmena, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, había aprobado esa comisión anti-PP, que luego fue vetada por "no atenerse a derecho" y carecer de "un objeto concreto".

El Grupo Popular recurre al Constitucional después de intentar que la Mesa del Congreso interviniera frente al plan de trabajo fijado en la comisión parlamentaria porque ha chocado en ambas instancias con la misma mayoría, la que suman socialistas, podemitas y riveristas. Los diputados del PP pretenden que el TC ampare sus derechos como minoría y acote el funcionamiento de las comisiones de investigación a hechos concretos y periodos tasados como las legislaturas que marcan las responsabilidades políticas de los gobernantes. "Resulta absolutamente imprescindible que el Tribunal Constitucional siente jurisprudencia sobre los límites de las comisiones de investigación", sostienen en su recurso.

La oposición se impuso para empezar las comparecencias de la comisión por el último tesorero de Alianza Popular, Ángel Sanchís, y el primero de los tiempos de José María Aznar, Rosendo Naseiro. Ambos ex responsables de las finanzas del parido octogenarios y con evidente problemas de oído o de contención a la hora de expresarse, cumplieron con su obligación de declarar ante el Congreso, pero también dejaron en evidencia a los 'fiscales' del PSOE, Podemos y Ciudadanos y el objetivo de la oposición de acumular interrogatorios de dirigentes del PP de los últimos 28 años.

A la vuelta de las vacaciones los partidos de la oposición empezarán con las citas de los ex secretarios generales del PP y tendrán que aclararse entre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera sobre el turno en que quieren que entre Mariano Rajoy. También si prefieren que el presidente del Gobierno vaya al pleno a hablar otra vez del caso Gürtel, aunque le vuelvan a citar después en la comisión.

En Podemos prevalece el plan de que el jefe del Ejecutivo concurra al principio y al final, para cerrarla antes de exigir de nuevo su cabeza. Y Sánchez tiene pendiente del cálculo de cuándo le puede interesar la presentación de una moción de censura a la que le empuja Iglesias y que necesita acometer si quiere volver al Congreso para medirse con Rajoy en la tribuna antes de que termine la legislatura. Mientras, el Tribunal Constitucional tendrá tiempo para estudiar el recurso presentado por el Grupo Popular.

El Grupo Popular ha pedido el amparo del Tribunal Constitucional ante la puesta en marcha del principal recurso de la oposición para desgastar al partido en el Gobierno: la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación ilegal del PP desde antes de su nacimiento (1989). La tarea que se han fijado el PSOE, Podemos, Ciudadanos y los independentistas es repasar todos los escándalos de corrupción que han afectado desde entonces a los populares (en todos los ámbitos territoriales) y hacer desfilar por el Congreso a sus principales dirigentes desde los tiempos de Manuel Fraga para prolongar así sus trabajos durante varios periodos de sesiones (2017-2018) con el objetivo de declarar al final culpable de corrupción estructural al PP y exigir la dimisión de Mariano Rajoy.

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