Ferraz aplaude el recurso al TC pero advierte de que puede dictar sentencia en contra

El PSOE respalda el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la última reforma del reglamento del Parlament de Catalunya. Pero que la crea "políticamente" aceptable porque es un "atropello" a la minoría parlamentaria no quiere decir que esté convencido de que esa modificación exprés sea contraria a la Carta Magna. Es más, cree que cabe la posibilidad de que el TC pueda acabar dictando sentencia en contra.

Eso es lo que, grosso modo, se sentía este viernes en la dirección de Pedro Sánchez. Apoyo, sí, pero con cautelas. Y también una cierta crítica al Ejecutivo por el hecho de que Mariano Rajoy no hubiera informado previamente al secretario general, y eso que ambos quedaron en establecer un canal de comunicación continuo en su entrevista en La Moncloa de primeros de julio. No obstante, el Gobierno sí mantiene un hilo de interlocución fluido con los socialistas a través de su secretario de Política Federal, Patxi López, y del primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Quien expresó la voz del partido este viernes fue la número cuatro, la exministra y profesora de Derecho Constitucional Carmen Calvo. La dirigente consideró "aceptables y razonables" los argumentos de Rajoy para recurrir ante el TC la reforma del reglamento del Parlament. "La ley de oro es que gobierna la mayoría, pero con respeto a la minoría", razonó. Y es que la modificación del artículo 135.2 de la normativa de la Cámara catalana prevé que el pleno pueda aprobar en lectura única, con una sola votación, una proposición de ley si así lo pide el grupo promotor, siempre y cuando esa iniciativa, por su "naturaleza" o por su "simplicidad" aconsejen seguir ese procedimiento. En la redacción anterior, se requería la unanimidad. El cambio introducido por Junts pel Sí y la CUP permite a ambos aprobar por la vía rápida las llamadas 'leyes de desconexión': la Ley de Referéndum —la que permitirá convocar la consulta del 1 de octubre— y la Ley de Transitoriedad Jurídica.

"La ley de oro es que gobierna la mayoría, pero con respeto a la minoría", que se puede ver "atropellada" con este cambio de la normativa autonómica

"Políticamente está bien que el Gobierno recurra la reforma del reglamento. Que vaya poniendo palitos en la rueda. Pero jurídicamente es más discutible, porque no está tan claro que esa modificación sea inconstitucional, ya que hay artículos parecidos en otros reglamentos. El problema es la aplicación torticera que se haga de esa reforma", advertían fuentes de la dirección de Sánchez. La propia Calvo señalaba en la rueda de prensa que, tras el "trabajo muy fino" que hizo el PSC en el Parlament, la redacción final del 135.2 "se parece mucho" al artículo 150 del reglamento del Congreso, que señala que "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única".

Las reservas del Consejo de Estado

El propio Consejo de Estado, en su dictamen emitido el jueves, también mostraba ciertas reservas, aunque al final subrayaba que había "fundamentos jurídicos suficientes" para que el Gobierno impugnara el nuevo 135.2. El órgano consultivo del Gobierno reconocía que en algunos reglamentos autonómicos (los de las Cámaras madrileña, murciana y valenciana) existe la prohibición de presentar enmiendas no se encuentra "conectada a una regla de unanimidad o de mayoría cualificada para poner en marcha el trámite de lectura única". En el caso catalán, la reforma no veta la presentación de enmiendas de los grupos, sino simplemente no regula ese trámite. Pero el Consejo de Estado añade que el hecho de que esos reglamentos no hayan sido cuestionados por la minoría parlamentaria de tales asambleas no significa que esa cuestión sea "constitucionalmente adecuada", máxime cuando el TC no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esas normas reglamentarias.

El PSOE recuerda que la redacción final del 135.2 es bastante similar a la del 150 del reglamento del Congreso. El problema es su "aplicación torticera"

Los expertos en Derecho del PSOE —la propia Calvo, así como la portavoz parlamentaria, la magistrada Margarita Robles— advertían por esa razón este viernes que la redacción final del 135.2 puede "no ser inconstitucional". Es decir, que aunque "políticamente" sí convenga presentar la impugnación, "jurídicamente se sostiene menos". Lo que está claro es que el lunes, en cuanto el TC admita a trámite el recurso del Gobierno, procederá a la suspensión cautelar de la reforma del reglamento, y en cinco meses deberá ratificar esa paralización o levantarla. Así que podría suceder, cree el PSOE, que cuando tenga que dictar sentencia el Alto Tribunal no vea tacha de inconstitucionalidad en el cambio de la normativa del Parlament.

Los socialistas, en cualquier caso, subrayan que lo importante es la "aplicación torticera" que se haga del 135.2. Es decir, que cuando la mayoría independentista quiera tramitar en lectura única las 'leyes de desconexión' se pueda recurrir al TC porque el procedimiento es "antirreglamentario", ya que se estaría utilizando la vía de aprobación rápida para normas que no reúnen los requisitos del 135.1. Esto es, que la "naturaleza" de la iniciativa aconseje seguir ese procedimiento exprés o la "simplicidad de su formulación" lo permita. Tanto la Ley de Referéndum como la de Transitoriedad Jurídica son normas, recuerdan desde Ferraz, de mucha "envergadura" que no se pueden ventilar en lectura única. Cuando llegue ese momento, sostienen desde la dirección, "el combate lo tendrán que iniciar los grupos ante el TC para advertir de que se han aprobado esas leyes de forma contraria al reglamento del Parlament, puesto que Junts pel Sí y la CUP vulnerarían el contenido del 135.2, y deberá seguir el Gobierno impugnando las normas en sí por invasión de sus competencias" y su manifiesta "ilegalidad".

"Un acierto político tremendo"

"La cuestión mollar", explican, es por tanto que se utilice el trámite de lectura única para aprobar esas dos leyes, "amén de que sean inconstitucionales". Los socialistas, en consecuencia, dan más importancia a estos futuros recursos que a la impugnación aprobada este viernes por el Consejo de Ministros.

En Ferraz se espera que el presidente sí llame a Sánchez para cuando se deban tomar decisiones "trascendentales", pero hay cierta crítica a Rajoy

En Ferraz aplauden el "trabajo muy fino" del PSC, que consiguió que prosperara una enmienda que obliga a que, antes de ser votada en el pleno, una proposición deba ser publicada en el Boletín Oficial del Parlament y deba pasar antes por la Mesa para su admisión a trámite, lo que al menos permite a la minoría conocer el texto con cierta antelación. Además, a raíz del dictamen adverso del Consejo de Garantías Estatutarias, Junts pel Sí presentó esa enmienda, aprobada con el apoyo de la CUP y la abstención de PSC y Catalunya Sí que Es Pot, que establece que el trámite de lectura única solo se puede utilizar para normas cuya "naturaleza" y "simplicidad" lo permitan. "Es un acierto político tremendo" el del PSC, valoró Calvo en rueda de prensa.

La también secretaria de Igualdad de la ejecutiva sí reconoció también que Rajoy no había informado directamente a Sánchez, aunque el Gobierno sí se puso en contacto con Iceta, por ejemplo. En la dirección hay una cierta crítica, aún leve, al comportamiento del Ejecutivo. "Malestar tampoco diríamos. El Gobierno puede actuar de oficio para cosas sencillas. Cuando entremos en temas más complicados y haya que tomar decisiones más trascendentes, sí esperamos que el presidente llame al secretario general. En este caso, la impugnación iba de suyo y el Gobierno hace bien en usar las armas constitucionales que tiene a su alcance".

Ya la semana pasada, el equipo del líder se quejó de las formas del Ejecutivo, pues solo le informó de que pasaría a controlar semanalmente los gastos de la Generalitat bajo amenaza de suspensión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) después del Consejo de Ministros. No con antelación.