quiere evitar la destrucción de pruebas

Fiscalía cerca al número 3 de Cifuentes y pide adelantar los interrogatorios de Arpegio

El Ministerio Público considera prioritario oir de forma inminente a los miembros de la mesa de contratación de la empresa pública de suelo

Foto: Jaime González Taboada. (EFE)
Jaime González Taboada. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción no quiere esperar más. Pasados casi dos meses desde la nueva operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional contra la empresa pública de suelo Arpegio y su presunto desvío de fondos a través de licitaciones relacionadas con el Plan de Inversiones de Madrid (Prisma), el Ministerio Público considera prioritario interrogar ya a los nuevos imputados, entre los que se encuentran todos los miembros de su mesa de contratación salvo el número tres de Cristina Cifuentes.

El aforado Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente y también coordinador general del PP de Madrid, no figura en la lista de investigados debido a que su condición especial impide a la Audiencia Nacional citarle. El tres de la presidenta madrileña también fue elegido miembro de la mesa, "designado por la Consejería de Presidencia", que en esos momentos ostentaba el considerado cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados.

El Ministerio Público desea interrogar cuanto antes a los miembros de la empresa pública que autorizó distintas licitaciones y adjudicaciones sospechosas, muchas de ellas vinculadas con centenares de obras que el Gobierno regional, entonces presidido por Esperanza Aguirre, financió dentro del Plan Prisma 2005-2006. En uno de los flecos de la investigación, el Juzgado y la Fiscalía Anticorrupción indagan sobre el presunto cobro de comisiones en obras valoradas en cientos de millones de euros.

Los investigados son Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Francisco Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y presidenta del comité de empresa). En marzo de 2008, también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que dimitió tras conocerse que era otro de los citados en calidad de investigados por el juez Velasco. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio

Según han informado a El Confidencial fuentes jurídicas, la prioridad es evitar el riesgo de destrucción de pruebas que potenciaría dejar las declaraciones para la vuelta del verano. En el horizonte de la Fiscalía se plantea también la necesidad de acotar la responsabilidad de Taboada en esta parte de la trama, que se investiga en una pieza separada declarada secreta. Varios testigos han apuntado que era "el hombre" de Granados en Arpegio. "Su soldado", llegó a decir uno de ellos en una declaración en la Audiencia Nacional.

15 toneladas de documentos

El retraso de los interrogatorios se ha visto provocado por la situación del juzgado, que perdió a su titular, Eloy Velasco, tras ser designado para un nuevo destino. La llegada hace dos semanas del nuevo responsable del 6 permitirá, según las fuentes consultadas, llevar a cabo esta toma de declaraciones. Otra dificultad es la inmensa cantidad de documentos incautados en mayo, 15 toneladas almacenadas en una nave que esperan su revisión por parte de los investigadores.

Según datos de la Comunidad de Madrid, hasta el momento se han entregado más de 250.000 folios, 43.200 archivos informáticos y 9.300 carpetas de Arpegio. Su consejera delegada, Susana Magro, ha pedido comparecer en la Asamblea para dar explicaciones.

La UCO está investigando si la trama Púnica obtuvo beneficios millonarios gracias a los amaños en la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de esta empresa pública. En otra de las partes de la investigación, se rastrea el plan gracias al que se financiaron, en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011), centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones de euros por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias pudieron pagar mordidas por llevarse los contratos, según los indicios que ya manejan en la Guardia Civil. González Taboada estuvo en la mesa de contratación de ambas entidades.

La mesa es el órgano técnico que debía valorar las ofertas presentadas por las empresas que licitaban por los contratos del Plan Prisma. González Taboada era entonces también director general de Administración Local, el departamento que planificaba el Prisma, aunque lo ejecutaba Arpegio. El empresario Marjaliza ya declaró ante el juez cómo se repartían los presuntos amaños: "Un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González Taboada con su gente y el último tercio para Paco [Granados] o la consejería".

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