fiscalía pide reabrir la causa

Un general ruandés pierde su asilo y abre la puerta a que España juzgue el genocidio

El Ministerio Público reclama también que se le extradite por la muerte de nueve españoles

Foto: Vigésimo aniversario del genocidio en Ruanda. (EFE)
Vigésimo aniversario del genocidio en Ruanda. (EFE)

Sucedió hace nueve años. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, procesó en 2008 a medio centenar de miembros del Gobierno ruandés por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. El magistrado los acusaba de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando "horrendos crímenes" contra la población civil. Entre las víctimas, nueve españoles.

El Supremo confirmó en 2015 el archivo de la causa ante la imposibilidad de alcanzar a los acusados, refugiados en países africanos donde su detención y entrega se hacía imposible. El alto tribunal dejó, eso sí, la puerta abierta a reactivar la investigación si las circunstancias lo permitían. Ahora la rendija se ha abierto un poco más. Según ha confirmado El Confidencial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado la reapertura del procedimiento después de que uno de los principales acusados, el general Faustin Kayumba Nyamwasa, haya perdido la protección del Gobierno de Sudáfrica, donde ahora reside y que le ha retirado el asilo.

Tras caer en desgracia, el general huyó de Ruanda. Andreu le acusa de ordenar la ejecución de cuatro de los españoles fallecidos, un misionero y tres miembros de la ONG Médicos del Mundo. El religioso, Joaquín Vallmajó, murió a machetazos para ahorrar munición, según el relato de testigos presenciales de las muertes. Había denunciado por escrito que los tutsi, etnia dominante, habían iniciado "una campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos". Un día antes de su desaparición, fue interceptado en un control militar donde le advirtieron de "que pagaría por ello". La amenaza se cumplió.

En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el fiscal pide ahora al juez que solicite la extradición de Nyamwasa. No es la primera vez que el Ministerio Público intenta que estos crímenes no queden impunes. Reclamó a Reino Unido la entrega de otro de los acusados, Enmanuel Kerenzi Karake, pero Londres denegó su detención y entrega.

Las declaraciones de la causa que se instruyó durante años en la Audiencia Nacional pintaron este y otros horrores del genocidio. Entre ellos, el ametrallamiento indiscriminado de un grupo de 40 inocentes que murieron a manos del presidente Paul Kagame en una carretera de Kinsasa. El principal testimonio que le incrimina fue aportado por un testigo que integraba un grupo de militares encargados de la protección del presidente. Alguien avisó por radio que un grupo de personas que circulaban por una carretera podían ser paramilitares. Kagame bajó de su 'jeep' y "sin mediar palabra" disparó una ráfaga que mató a todo el grupo.

En la década de los noventa, más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron "en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas. Esta estrategia culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo. Las víctimas eran su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, también de la misma etnia.

Las víctimas españolas murieron en campos de refugiados donde trabajaban y denunciaban los abusos que sufrían los desplazados de guerra. Seis eran religiosos y el resto trabajaba para la ONG médica. Todos murieron a manos de miembros de la organización político/militar APR/FPR. Andreu describió en sus autos la muerte del padre Servando García y otros tres religiosos maristas que se encargaban —en un campo de refugiados financiado por Acnur— de ofrecer enseñanza primaria a 5.000 niños congoleños. Una vez retirada la ayuda económica por parte del Alto Comisionado —con objeto de que los refugiados comenzaran a regresar a su país—, los misioneros permanecieron junto a los refugiados "a pesar de que los rebeldes militares se acercaban y que ya no había comida en el campo".

El padre Servando pidió ayuda a través de la Cadena COPE en octubre de 1996. Diez días más tarde, los cuerpos sin vida de los cuatro maristas aparecieron junto a su casa. "Habían sido torturados, tenían impactos de bala y machetazos", indica el juez, que asegura que su ejecución fue espeluznante.

Los rebeldes del APR también asesinaron a tres civiles españoles, miembros de Médicos del Mundo, que distribuían medicamentos en las localidades vecinas a la población de Mugunga. Fueron testigos de más de 50 muertes y descubrieron una fosa común con cientos de cadáveres. "Los rebeldes militares sabían ya que los cooperantes habían sido testigos incómodos; días más tarde, unos 10 hombres armados irrumpieron en su residencia". Recibieron una ráfaga de disparos que les causó la muerte, relató el juez.

Andreu añade que, según las declaraciones prestadas en los últimos meses por testigos protegidos en su juzgado, se puede deducir que para asesinar a personas de raza blanca "era necesaria una orden de los altos cargos militares". En el caso de la muerte de los cooperantes, el asesinato se decidió en una reunión en la que participó una persona que ahora ha declarado bajo protección, revela el auto.

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