Rajoy se reserva el 155 y acompasará su respuesta a las iniciativas de Puigdemont

El Gobierno sigue decidido a "acompasar" su respuesta política y jurídica al desafío independentista en Cataluña a la escalada de hechos jurídicos consumados que vayan dando Carles Puigdemont y sus socios de ERC y la CUP. Y Mariano Rajoy se reserva el artículo 155 de la Constitución como último recurso, del que tiene prohibido hablar a los miembros del Ejecutivo y a los dirigentes del PP.

En el PP admiten que la visita de Pedro Sánchez al palacio de La Moncloa sirvió para constatar el acuerdo en lo obvio, que el referéndum de secesión es ilegal y se debe impedir, y que lo novedoso fue confirmar que el secretario general del PSOE quiere mantener una posición particular en el conflicto (equidistante), basada en la línea más nacionalista del PSC, pero sin meterse en líos con los barones.

Rajoy estaba mucho más cómodo y tranquilo con el respaldo de la gestora del PSOE que encabezaba Javier Fernández y las opiniones de la vieja guardia del partido ante el reto separatista, el primero Felipe González, según reconocen los populares. El expresidente socialista no tiene complejos para admitir que puede llegar el momento de poner en marcha el mecanismo que establece la Constitución precisamente para intervenir cuando una autonomía se empecina en saltarse la ley, que es lo que hace y anuncia con detalle Puigdemont.

En fuentes del PP no se muestran muy sorprendidos por el hecho de que Sánchez procure obtener algún rédito personal al postularse como solución al conflicto independentista y apuntarse al desgaste del Gobierno. Pero tampoco que creen que lleve en septiembre al Congreso iniciativas concretas de cesiones constitucionales o de privilegios económico-fiscales (concierto al estilo del País Vasco) que pudieran aplacar a los secesionistas catalanes.

De momento, el Ejecutivo se atendrá a la vía de los recursos al Tribunal Constitucional para frenar los pasos que vayan dando la Generalitat y los partidos que apoyan el golpe institucional en la cámara autonómica. "La actuación del Gobierno vendrá en función de lo que hagan los secesionistas" y "estamos a la espera de lo que hagan" son las frases que repite el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, para eludir cualquier referencia concreta a las respuestas del Gobierno en caso de insumisión a las sentencias del TC, incluido el artículo 155.

Como reiteran en fuentes gubernamentales, todavía no pueden recurrir contra el borrador de proyecto de ley del referéndum independentista porque no está firmado, ni registrado ni tramitado ni publicado por ningún organismo oficial. Se presentó en un teatro como un texto jurídico (y con sus avalistas presentes) como vía para saltarse el marco constitucional con esa futura ley que llaman 'suprema'. Pero al Ejecutivo no le vale con el anuncio de la próxima violación de la Constitución para proceder contra sus autores.

La discreción o ambigüedad del Gobierno sobre sus cálculos para la posible aplicación del artículo 155 es tal que evitan hasta su enunciado para que los independentistas no digan en Cataluña que Rajoy se prepara para la intervención de la Generalitat. Pero en medios del Ejecutivo y del PP tampoco descartan que pueda llegar el momento de reunir al Senado para tomar esa medida.

La discreción o ambigüedad del Gobierno sobre sus cálculos para la posible aplicación del artículo 155 es tal que evitan hasta su enunciado

Soraya Sáenz de Santamaría garantizó que el proyecto de ley del referéndum, en cuanto tenga esa cualidad, será anulado en 24 horas. La cuestión es que si después Puigdemont consuma su aplicación y pone en marcha los preparativos de la consulta este verano (está anunciada para el 1 de octubre), el Ejecutivo tendrá que replicar con hechos para aplicar la sentencia del TC y dar instrucciones a las autoridades y funcionarios autonómicos.

Al final, bien por la vía que ofrece la ley de seguridad nacional aprobada en su día con los votos del PSOE o al amparo del 155, Mariano Rajoy tendría que intervenir las competencias de la Generalitat. En ese caso Sánchez se habría quedado sin margen para aplicar la equidistancia ni tiempo para sus "iniciativas legislativas" destinadas a "distender" el conflicto.