González pide al juez que libere sus cuentas para pagar el IVA de sus últimos negocios

Ignacio González ha pedido al instructor del caso Lezo que le permita sacar dinero de sus cuentas para hacer frente al pago del IVA. El expresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y presunto cerebro de esa trama corrupta asegura que necesita al menos 1.667 euros para saldar sus obligaciones tributarias correspondientes al primer trimestre de este ejercicio, pero alega que no dispone de recursos al tener todos sus depósitos embargados, según consta en un escrito enviado por su defensa al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso El Confidencial.

Del total del dinero que le reclama Hacienda, 1.389 euros pertenecerían al pago del IVA y los otros 277,95 euros, al “recargo de apremio ordinario” (multa de un 20%) por haber excedido ya el plazo para abonarlo. La deuda estaría relacionado con facturas emitidas por González por las operaciones de intermediación que supuestamente estaba efectuando cuando fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 19 de abril en el marco de la operación Lezo. El entonces instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, acordó dos días después su ingreso en prisión provisional. Desde entonces, se encuentra en la cárcel de Soto del Real.

Su despacho profesional fue uno de los sitios que registró la UCO durante el operativo contra la presunta trama de desvío de fondos públicos que capitaneaba. Lo abrió tras dejar la política en junio de 2015 y se encontraba en el número 89 de la calle Alcalá de Madrid. Como adelantó este diario, González se había asociado con el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana para comercializar en España, junto a un presunto testaferro uruguayo, la patente de un fabricante alemán para regenerar aguas residuales y limpiar superficies metálicas, entre otras aplicaciones. Pero el exdirigente del Partido Popular también intentó intervenir en otros negocios. Entre ellos, la venta de una parcela en Tenerife al Ministerio de Defensa y la entrada en el proceso de privatización de la sanidad egipcia. Ofrecía sus servicios a cambio de un 5% sobre el precio de la operación.

La UCO, la Fiscalía y el nuestro instructor de la causa, Manuel García Castellón, le atribuyen una fortuna millonaria y buscan su rastro en nueve países. Pero su defensa ha solicitado ahora “el levantamiento parcial del bloqueo” de una cuenta de Bankia para hacer frente al pago del IVA. Su defensa acompaña el escrito de la providencia de apremio enviada por la Agencia Tributaria para reclamar la deuda. En el documento se especifica que González tenía hasta el 20 de abril para ingresar la cuota, pero ese día estaba en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos esperando a pasar a disposición judicial.

González está acusado de cometer 10 delitos: cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.