más de cien interrogatorios previstos

El nuevo juez de Lezo y Púnica pide ayuda para evitar que colapse el juzgado

El titular del Central 6 de la Audiencia Nacional tomará posesión el lunes y reclama un juez de apoyo y más funcionarios para sacar adelante las macrocausas

Foto: Registros durante la operación Púnica. (EFE)
Registros durante la operación Púnica. (EFE)

El Juzgado de la Audiencia Nacional encargado de las macrocausas de corrupción Púnica y Lezo se encuentra al borde del colapso. Su nuevo titular, Manuel García-Castellón, aterrizará la próxima semana y tendrá que hacer frente a un calendario de infarto que le exige afrontar, en un plazo de poco más de dos meses, un centenar de interrogatorios de estos dos procedimientos. La insostenible situación ha conducido al veterano juez a pedir ayuda y a reclamar apoyo para el Central 6, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El magistrado ha lanzado un doble grito de auxilio. Ve no sólo necesario sino imprescindible contar con un juez de refuerzo, figura esencial para sacar adelante el ingente trabajo que se avecina para el próximo curso. También solicitará que se apuntale el Juzgado con dos nuevos funcionarios. El objetivo primordial es conseguir controlar en algo más de 60 días los dos monstruosos procedimientos que hereda de Eloy Velasco y continuar tramitando otras causas menos mediáticas pero que serán también su responsabilidad. El 6 se ocupa de instruir el sumario sobre la empresa pública de gestión de agua Acuamed y, en breve, recibirá desde Valencia la instrucción sobre otro caso de corrupción, el que investiga en la 'trama del fuego' el amaño de contratos para la extinción de incendios.

Y es que el riesgo de no atender sus reclamaciones es evidente. El avance de Púnica y Lezo podría quedar congelado en puntos muy sensibles para ambas investigaciones. Las pesquisas sobre la red dirigida por Francisco Granados se encuentran a medio camino, con decenas de flecos pendientes de rematar en muchas de sus 16 piezas. Las fuentes consultadas apuntan que debe citarse de forma inminente a medio centenar de personas. A esto se suma la revisión de la documentación incautada. A modo de ejemplo, hace sólo unas semanas se intervinieron más de 100 cajas en los registros de la sociedad Arpegio

Foto de archivo de Manuel García-Castellón.
Foto de archivo de Manuel García-Castellón.

No sólo se trata de un deseo del nuevo titular que ha resultado ser el antiguo ya que García-Castellón recupera una plaza que es de su propiedad y dejó por otras funciones hace 17 años. Según apuntan distintas personas a este diario tanto las unidades policiales que trabajan con el Juzgado como las Fiscalías de la Audiencia Nacional y de Anticorrupción aconsejan el refuerzo inmediato.

El magistrado ha recibido una oferta por parte del juez Eloy Velasco designado para un nuevo puesto en la Sala de Apelaciones. A última hora ha solicitado que se prorrogue su presencia en el Juzgado hasta el 31 de julio para auxiliarle, aunque sólo durante el próximo mes. Se da el caso de que durante agosto ambos disfrutarán de sus vacaciones y que la avalancha de diligencias explotará a partir de septiembre. Velasco declinó permanecer en el Juzgado cuando fue nombrado hace unas semanas.

El calendario

Las dos macrocausas requerirán a partir de septiembre un sobreesfuerzo evidente. La Púnica suma, además de las declaraciones mencionadas y que aún no han sido fijadas, otras diligencias urgentes que quedaron reflejadas en un auto por el que se prorrogó la instrucción para los próximos 18 meses. El magistrado deberá pronunciarse sobre si propone la imputación de varios aforados. Más allá del caso de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a la que la UCO vincula con un contrato concedido al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, la lista incluye a su número tres, Jaime González Taboada, y al diputado Bartolomé González.

Otra pincelada que dan pistas sobre lo que Velasco dejó en el apartamento de 'cosas por hacer' es la petición de informes sobre los pelotazos inmobiliarios del Valdemoro de Granados. En este apartado es necesario reclamar al Ayuntamiento información sobre siete proyectos: el planteamiento inmobiliario completo del municipio, el de El Majuelo, Las Zanjas Norte, el Pozo de San Pedro, el sector UDE Oeste Norte, Canto Negro y el paraje Merino Restón. También sobre otros ayuntamientos 'púnicos' como el de Serranillos del Valle.

El exconsejero madrileño Francisco Granados abandona la cárcel de Estremera en Madrid. (EFE)
El exconsejero madrileño Francisco Granados abandona la cárcel de Estremera en Madrid. (EFE)

La pieza relativa a la actividad de Waiter Music requiere, además de varios interrogatorios, indagaciones relativas a empresas y ayuntamientos. En concreto el auto detallaba que hay que recabar "los expedientes de contratación de los 47 Ayuntamientos de Madrid que contrataron sus servicios durante los años 2004 a 2014 por importe de 28 millones" y los contratos de "FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Grupo DHO y Urbaser a los que también dirigió su facturación Waiter Music por 1.341.423 euros".

Un detalle más que significativo del trabajo acumulado que aguarda al nuevo titular es el que afecta a las peticiones de sobreseimiento que plantearon las defensas de Lucía Figar y otros seis investigados. A pesar de que se formularon hace más de un año, aún no han sido contestadas por el 6.

A la Púnica se suma la Lezo, recién iniciada y en la que Velasco citó a declarar como imputadas a 51 personas, entre ellas el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez; la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero; las sobrinas de ésta y el propietario de la empresa Licuas, Joaquín Molpeceres. La causa ya suma seis piezas separadas y 68 investigados y una maratón de declaraciones a celebrar entre los próximos 18 de septiembre y 31 de octubre.

Según informan las fuentes consultadas, la intención de García-Castellón es tomar posesión el próximo lunes y solicitar esta ayuda, que debe ser avalada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional con la intención de que pueda ponerse en marcha lo antes posible.

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