La justicia respalda la decisión de Montoro de inmovilizar 238 millones a Carmena

La justicia apoya a la Agencia Tributaria en el contencioso que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro mantenía con el Ayuntamiento de Madrid a cuenta del techo de gasto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado suspender cautelarmente -como pedía el consistorio- la inmovilización de los 238 millones de euros ordenada por el Ministerio de Hacienda. Este último había tomado la decisión con el fin de que el organismo encabezado por Manuela Carmena no superara el techo de gasto impuesto por el Gobierno al cierre del ejercicio 2017.

Según la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal madrileño, es pertinente rechazar la medida cautelar reclamada por el consistorio porque, de lo contrario, se estaría anticipando la estimación del recurso que interpuso el propio Ayuntamiento contra la decisión de Hacienda. Los 238 millones en los que el departamento coordinado por Ahora Madrid habría superado el techo de gasto, por lo tanto, seguirán estando inmovilizados hasta que el TSJM dicte una sentencia definitiva.

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En esta última resolución, los jueces del alto tribunal madrileño consideran, además, que el consistorio no ha acreditado en su recurso suficientemente la existencia de esos supuestos daños y perjuicios de orden económico de difícil o imposible reparación que argumenta que tendrán lugar de seguir retenido el dinero. "Los elementos de prueba que aporta a tal objeto no resultan suficientes para establecer la certeza, aún de forma indiciaria, de dicha alegación”, resuelve la Sección Sexta de lo Contencioso del TSJM.

"Más allá de la prevención genéria de las consecuencias que presuntamente va a causar la ejecutividad de las resoluciones impugnadas, la sección entiende que el éxito de la pretensión cautelar, vistas la naturaleza económica y negativa de los actos impugnados así como (...) el carácter excepcional de la adopción de las medidas cautelares, hubiera requerido de una actuación alegatoria especialmente centrada en la concurrencia de los presupuestos 'fumus boni iuris' y 'periculum in mora' para el caso concreto que no se observa en la profusa solicitud, más centrada en adelantar argumentos y alegaciones de fondo", argumenta la sala.

Hacienda demandó al Ejecutivo de Carmena que congelara 238 millones de los presupuestos de los Presupuestos por considerar que se había incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida como 'Ley Montoro'. "Han hecho la interpretación más austericida de la ley y la que menos soberanía municipal permite, además de ser una lectura que ni siquiera coincide con la de la UE", explicaron desde el gabinete del concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, antes de interponer el recurso.