La deuda sigue asfixiando a IU tras un año de pacto con Podemos, pese al ERE y recortes

Izquierda Unida ha logrado reducir su deuda en 900.000 euros desde la llegada a la dirección de Alberto Garzón, a base de recortes, reducción de salarios, un ERE que ya habían ejecutado sus antecesores en el cargo y hasta la venta del piso en Madrid que se destinaba al alojamiento del coordinador federal. Pese a los esfuerzos, la deuda sigue siendo asfixiante para la organización, elevándose a día de hoy a los 8,6 millones de euros (en 2010 superaba los diez millones), unas cifras que "son un indicador de las dificultades objetivas que enfrentamos a la hora de poner en marcha cualquier actividad política", según alerta un informe interno que se debatirá este fin de semana en la Asamblea Político y Social de la organización. Actualmente, IU dispone de un millón de euros menos por ejercicio que hace cinco años.

Los ingresos de IU también se han visto mermados por la pérdida de afiliación, la reducción de las cuotas (10% de los ingresos) y el descenso de las subveciones a partidos políticos (65% de los ingresos), provocando que el porcentaje de deuda sobre ingresos siga siendo "muy elevado," al rondar el 300%. La deuda histórica, contraída principalmente para financiar las campañas electorales por las direcciones de IU previas a 2012, concretamente en las etapas lideradas por Gaspar Llamazares y Cayo Lara, choca además con el nuevo rumbo que Alberto Garzón pretende imprimir a la coalición de izquierdas: "No se puede concebir un movimiento político y social que defienda la ruptura democrática con deudas bancarias que pudiesen hipotecar su futuro", concluye el apartado financiero del informe.

El recorte de gastos durante el primer año de mandato de Alberto Garzón ha sido del 35%, mientras que a través de una nueva carta financiera se han incrementado las aportaciones de cargos públicos, que suponen el 11% del total de ingresos, aun tras perder numerosa representación en varios parlamentos autonómicos. La coalición con Podemos para las generales de 2016 ha permitido asimismo a IU mejorar sus ingresos por la ley de financiación de partidos tras el drástico descenso del 20-D. La dependencia financiera de las subvenciones es otro de los talones de Aquiles que subraya el documento.

"No se puede concebir un movimiento político y social que defienda la ruptura democrática con deudas bancarias que pudiesen hipotecar su futuro"

Esta dependencia "casi total" de las instituciones ha llevado a la dirección del partido a plantear nuevas fórmulas de financiación. Todo ello teniendo en cuenta que los ingresos por cuotas de afiliados se han ido reduciendo paulatinamente, suponiendo 600.000 euros en 2009, unos 365.000 en 2013 y 260.000 en la actualidad. El número de afiliados al corriente de pago se sitúa en los 26.000, y aunque esta cifra se ha estabilizado, supone un descenso de varios miles "que coincidió con la marcha organizada de militantes a Podemos, especialmente en Madrid", en verano de 2015. Un descenso que coincidió asimismo con la desfederación de IU Madrid y, en definitiva, "el tiempo más duro para IU en todo el país".

Sin apuntar cambios concretos, el documento recoge que, "en general, en toda Europa se han creado nuevas figuras de afiliación distintas a las tradicionales y que permiten contrarrestar en cierta medida la dinámica previa". De hecho, la incorporación de la figura del simpatizante ha supuesto un revulsivo considerable, sobre todo al calor de los procesos de primarias o consultas internas, y que ha permitido incrementar el número de personas implicadas en la organización. Actualmente la cifra de simpatizantes es de 40.000 y "la tendencia es ascendente".

La venta de la sede, única salvación

Para frenar el considerable deterioro de la capacidad financiera de IU, la dirección ha pusto su punto de mira en la sede madrileña de la calle Olimpo. "La losa del crédito hipotecario de la sede de Olimpo sigue poniendo en peligro la viabilidad de la organización", aseguran la dirección. Desde hace varios meses se está tratando de vender la sede para eliminar con ello la mayor parte posible de la deuda, pero hasta el momento este esfuerzo todavía no ha obtenido frutos.

La principal dificultad de esta operación se centra en que el terreno donde se construyó el edificio de Olimpo 35 es una cesión del Ayuntamiento a 75 años, de los que todavía restan 50, como compensación por patrimonio histórico al PCE. El comprador solo podría destinar el edificio a un uso terciario, esto es, para organizaciones sociales, políticas o no gubernamentales. Por otra parte, IU no puede decidir unilateralmente la venta o el alquiler de su sede, sino que debería pactarse con el propietario de los terrenos, esto es, el Ayuntamiento de Madrid.