La Fiscalía investiga la implicación de Gordó en los amaños de los contratos del 'procés'

La investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los planes de la Generalitat de Cataluña para crear la estructura de un Estado independiente ha puesto el foco en el principal fontanero de Artur Mas, el exsecretario del Govern (2010-2012) y exconsejero de Justicia (2012-2016) Germà Gordó, recién imputado en la causa del 3% sobre la financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El Ministerio Público dispone de indicios y testimonios que lo implican en el presunto amaño de las adjudicaciones millonarias concedidas por la Generalitat durante los últimos años para montar una agencia tributaria y un servicio de inteligencia propios.

Las pesquisas, que comenzaron hace aproximadamente un año, tratan de dilucidar si los dirigentes y funcionarios que autorizaron esas licitaciones pudieron cometer un delito de sedición, al tomar medidas encaminadas a “impedir la aplicación de las leyes o el cumplimiento de acuerdos adoptados por las autoridades”. Pero, como adelantó este diario, la investigación tiene una segunda derivada que se centra en la gestión de los fondos públicos destinados a montar esos nuevos servicios, ante la sospecha de que los expedientes fueron manipulados para facilitar un desvío masivo de dinero.

Gordó fue nombrado a comienzos de 2011 consejero del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, el organismo que centraliza, gestiona y licita todos los contratos de sistemas informáticos, aplicaciones y redes que utilizan los funcionarios de la Administración catalana. También se ha encargado de crear la infraestructura que permita la hipotética desconexión del Estado. Desde la cúpula de ese ente público, Gordó tenía capacidad para influir en la designación de los técnicos que se debían decidir qué empresas recibían las principales adjudicaciones.

Las sospechas gravitan sobre los contratos licitados por el CTTI mediante el sistema de diálogo competitivo, una fórmula legal que concede al licitador un gran margen de maniobra para seleccionar al adjudicatario, fijar el objeto del servicio, delimitar la duración de los trabajos y el precio definitivo. En un contexto tan flexible, el dictamen de los expertos es decisivo, y ahí es donde Gordó habría intervenido presuntamente para tratar de teledirigir el resultado de los procesos.

Lo cierto es que el CTTI ha utilizado en los últimos años de forma intensiva el método del diálogo competitivo para otorgar contratos. La Guardia Civil, que lidera la investigación, ya está analizando adjudicaciones por valor de 900 millones de euros concedidas mediante ese sistema, pero solo entre 2010 y 2012 se tramitaron por esa vía encargos que sumaron 2.127 millones de euros, según un informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat publicado el pasado ejercicio.

Ese mismo informe denunció multitud de irregularidades en la tramitación de una pequeña muestra de contratos adjudicados con ese mecanismo. Entre ellas, licitaciones en las que ni siquiera se comprobó si los candidatos reunían los requisitos; cambios continuos e injustificados en los equipos negociadores que representaban al CTTI; ausencia de actas de procesos clave en las licitaciones; valoraciones mediante fórmulas que no asignan la puntuación de forma proporcional y que no tienen en cuenta la baja respecto al presupuesto base de licitación; abuso de criterios de juicio de valor, con conceptos demasiado genéricos; procesos de negociación en los que solo participó una empresa candidata, y adjudicaciones por el máximo precio contemplado.

Gordó firmó el 2 de agosto de 2011 un acuerdo del Govern de Artur Mas que obligó a todos los organismos e instituciones dependientes de la Generalitat a delegar en el CTTI la contratación de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones que demandaran. El entonces secretario del Ejecutivo catalán justificó la medida en la necesidad de “encontrar eficiencias en la estandarización del equipamiento y del 'software' [antivirus, sistemas operativos, 'software' ofimático], lo cual comporta la correspondiente disminución de los costes de gestión del lugar de trabajo”. El propio acuerdo aclara que esta medida de concentración de los contratos fue propuesta por el propio consejo de administración del CTTI en mayo de 2011, cuando Gordó ya ocupaba uno de sus asientos. A partir de ese momento, el ente público de la Generalitat pasó a gestionar las necesidades de un mayor número de funcionarios públicos.

Gordó tuvo que abandonar la semana pasada el grupo parlamentario de Junts pel Sí en la Cámara legislativa catalana tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de imputarlo en el caso del 3%. Donantes del partido y pruebas recabadas por la Guardia Civil durante la instrucción de ese procedimiento han llevado al máximo organismo judicial catalán a acusarlo del presunto amaño de cuatro adjudicaciones públicas: obras de mantenimiento en edificios escolares públicos de Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí (4,7 millones de euros); obras de refuerzo del talud del dique este del puerto de Barcelona (39,6 millones); obras de mejora y ensanche de la carretera C-55 (2,1 millones), y, por último, operaciones de conservación, señalización vertical y barreras de seguridad en diversos tramos de carreteras del entorno del municipio de Berga (7,2 millones). Los contratos bajo sospecha del CTTI se sitúan muy por encima de esas cuantías.