no ve delito

La Fiscalía pide archivar los seguimientos a Cobo y Prada tras ocho años de instrucción

"No consta acreditada la intención de los acusados (...) de utilizar o destinar medios públicos a usos ajenos a la función pública", argumenta el ministerio público

Foto: Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid. (EFE)
Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid. (EFE)

La Fiscalía considera que los espías que hicieron seguimientos en 2008 a los entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, "no son autores de delito alguno". Así lo ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, que dirige la investigación desde hace más de ocho años, en el escrito de conclusiones provisionales en el que el ministerio público argumenta que "no consta acreditada la intención de los acusados de utilizar o destinar medios públicos a usos ajenos a la función pública, pues no han realizado (...) ninguna actuación que no formase parte" de las responsabilidades que "tenían encomendadas", por lo que tampoco se ha ocasionado "perjuicio alguno a la Comunidad de Madrid".

Los acusados, continúa el escrito fiscal en referencia a José Oreja, Antonio Coronado (guardias civiles en excedencia en el momento de los hechos) y José Luis Caro (exguardia civil amigo personal de Francisco Granados) "en el desempeño de las funciones que desarrollaban como asesores de seguridad, debían controlar numerosos edificios públicos donde se ubicaban distintas consejerías de la Comunidad de Madrid y otros organismos y sedes oficiales, lugares donde solían acudir las personas a las que supuestamente se realizaban los seguimientos, lo que determinaba que en ocasiones el posicionamiento de los teléfonos utilizados por los acusados pudiera coincidir con la ubicación de alguna de las personas objeto de los presuntos seguimientos".

"Los posicionamientos de los teléfonos de los acusados obtenidos a través de las atenas BTS de Telefónica no permiten determinar de forma precisa y exacta la posición física real de los móviles, dado que, debido a su saturación, en ocasiones la señal de los teléfonos se redirige a otras antenas más alejadas de su ubicación real", argumenta el ministerio público, que añade que el juzgado ha recibido "documentos donde constan supuestos partes de seguimiento", pero que éstos "no han sido obtenidos de expedientes administrativos, sino que han sido aportados" por un periodista, por lo que podrían "haber sido elaborados con un interés espurio por la persona que se los entregó" a este último.

El escándalo de los seguimientos a Prada y Cobo, dos políticos que no apoyaban el asalto que Esperanza Aguirre planeaba a la dirección del PP, además de los citados Caro, Coronado y Oreja, conllevó la imputación de José Manuel Pinto, extrabajador de la Consejería de Justicia e Interior, y de los que eran superiores jerárquicos de los cuatro anteriores: el exdirector general de Seguridad y exescolta de Aguirre Sergio Gamón y el también exsubdirector de Seguridad y policía nacional Miguel Castaño.

Los seis están imputados por malversación de caudales públicos por utilizar presupuesto público (sus sueldos, la gasolina de sus vehículos y los teléfonos móviles) en actividades ilícitas, dado que el espionaje político no está tipificado en el Código Penal. Prada y Cobo pusieron una denuncia en febrero de 2009, tras tener conocimiento de que les estaban siguiendo por un artículo del diario El País, aunque finalmente no recurrieron el primer archivo del caso por petición del PP. El asunto ha sido cerrado tres veces y reabierto otras tres.

Al principio, Coronado y Oreja (acusados de participar en los seguimientos), y Pinto (acusado de escribir los partes de seguimiento) negaron los hechos por miedo a represalias, pero al ver que la instrucción avanzaba lentamente, que se les denegaban pruebas, y que la responsabilidad de lo sucedido se iba a quedar solo en ellos, cambiaron su declaración y testificaron que denunciaron los hechos ante Granados, que se negaron a hacerlos por considerarlos ilegales, que solo fueron adonde les mandaron y que su superior, Gamón, les indicó que todo era orden de Ignacio González, la entonces mano derecha de Aguirre.

En sede judicial, los tres pidieron de hecho la imputación de González por ordenador los seguimientos y de Granados por conocerlos y no hacer nada (delito de omisión del deber de perseguir delitos) e incluso recusaron a la jueza Carmen Valcarce por entender que es amiga de Granados y que, por lo tanto, estaba contaminada para seguir llevando el procedimiento.

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