El PP apela al veto judicial a una comisión anti Botella-Gallardón para defender a Rajoy

El Partido Popular ha encontrado un precedente judicial para defenderse y defender a su jefe, Mariano Rajoy, en la comisión parlamentaria de investigación aprobada en el Congreso para indagar sobre las finanzas de la formación: el veto de un tribunal al intento de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid de montar una auditoría general sobre los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Es el argumento que el Grupo Popular esgrime en la Cámara Baja para acotar el previsible acoso de la oposición al PP en la comisión que tiene que preparar esta semana su plan de trabajo.

Los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos, Ciudadanos e independentistas compiten a la hora de elevar el número y peso de los comparecientes que solicitan en el Congreso, y también en ampliar cuanto más mejor el límite temporal del objeto de la investigación. Van desde los que quieren empezar por Alianza Popular y el caso Naseiro (1990) hasta los que admiten arrancar en 2004, cuando Rajoy llegó a la presidencia del partido. El PP prefiere reducirlo a la etapa que arranca en 2015, año en el que se tipificó el delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

Para exigir que se acote de forma clara el trabajo de la comisión del Congreso, el Grupo Popular esgrime una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid que anuló en diciembre del pasado año un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid con todos los ingredientes de ambigüedad y aspecto de "causa general" que la oposición quiere instaurar en la Cámara Baja.

Podemos quería que una comisión de investigación analizara la gestión de los contratos suscritos por "el ayuntamiento, sus organismos autónomos y las empresas municipales" en los tres mandatos anteriores a las elecciones de 2015 (los de Ruiz-Gallardón y Ana Botella), "el origen del endeudamiento", los "impactos económicos de las decisiones políticas más relevantes" y "los procedimientos y sistemas de control llevados a cabo".

El tribunal falló que el acuerdo no era conforme a derecho porque la comisión creada "no tiene un objeto concreto, sino genérico, vedado a ese tipo de comisiones". El juez destacaba que "lo que se acuerda es que se investigue todo durante tres legislaturas, a ver si algo se descubriera".

El recurso fue presentado hace un año por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, que encabezaba entonces Esperanza Aguirre, al aprobar en marzo el grupo de Manuela Carmena, secundado por el PSOE, la iniciativa para revisar la gestión de 12 años de gobiernos populares. El plan original era celebrar sesiones periódicas contra los populares durante media legislatura.

El Grupo Popular en el Congreso ha solicitado que la comisión parlamentaria que tiene que trabajar ahora en la Cámara sobre la posible financiación ilegal del PP aclare primero el objeto de su investigación y acote el tiempo al que debe referirse para no caer en otra "causa general" como la que pretendieron podemitas y socialistas en el ayuntamiento de la capital.