El juez de Lezo pone un 'guardia' para evitar que el sumario se filtre a los medios

Las últimas órdenes del juez Eloy Velasco al frente del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional no se limitaron a levantar tomos de los casos Púnica o Lezo que estaban bajo secreto de sumario o a permitir la salida de Francisco Granados de prisión previo pago de 400.000 euros de fianza. El magistrado también tomó otras decisiones intramuros que están sacando de quicio a los abogados de los imputados en la operación que ha mandado a prisión al expresidente madrileño Ignacio González.

Velasco, que abandonó el cargo al frente del Juzgado número 6 el pasado jueves a las 13 horas, dejó detalladas antes de irse las condiciones en las que los letrados pueden acceder al sumario de la causa. En un auto firmado el pasado 11 de mayo, el instructor levantó el secreto de las actuaciones para lo que concierne a los tomos que van del 1 al 19, al tiempo que establecía la prohibición de fotografiar esta parte del sumario ya abierta con dispositivos electrónicos, reproducirla de cualquier modo o grabarla (en el caso de los audios de las conversaciones intervenidas) con el fin de sacarla del edificio de la Audiencia Nacional.

Los letrados personados que incumplan el mandato "incurrirán en un delito de desobediencia judicial"

"Respecto de las observaciones telefónicas y captaciones de comunicaciones orales practicadas en la fase previa a la explotación de la operación, recogidos en los tomos 1 a 12 de la causa, se conservarán en su formato original para su consulta por las partes personadas en todas sus piezas, pero para preservar contenidos que no tienen que ver con los que seleccionen en la misma no se digitalizarán ni copiarán ni reproducirán por ningún medio", establece el mencionado auto, que advierte a quien incumpla este precepto de las consecuencias que tomará el propio juzgado. Los letrados personados que inclumplan el mandato, avisa, "incurrirán en un delito de desobediencia judicial".

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Para comprobar que se cumplían sus órdenes, además, Velasco dispuso que un funcionario se desplazara hasta la sala donde los letrados de las acusaciones y de las defensas pueden consultar los 19 tomos con el fin de vigilar para que ningún abogado sacara el celular y fotografiara las páginas del sumario. El objetivo del magistrado era evitar que la causa fuera filtrada a los medios de comunicación por alguna de la partes personadas. Sin embargo, ha conseguido algo más: generar malestar entre los abogados, que no pueden llevarse el procedimientos a sus despachos para estudiarlo allí, sino que deben hacer todas las consultas en la pequeña mesa de la Audiencia Nacional que estableció el juez para tal fin.

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El gran volumen de material que deben asimilar y la inminente llegada de una masiva toma de declaraciones prevista para el próximo septiembre –están citados Juan Miguel Villar Mir, Lourdes Cavero y otros 50 implicados–, además, ha aumentado el nerviosismo de los letrados y, por consiguiente, de sus clientes. De ahí que al menos cuatro de ellos hayan interpuesto un recurso contra el auto de Velasco que establecía las condiciones de acceso al sumario. Entre ellos, la representación legal de la acusación popular, que actúa bajo la dirección letrada de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y que incluye a los partidos políticos PSOE, Podemos e Izquierda Unida, además de varias asociaciones.

A petición de la formación liderada por Pablo Iglesias, la representación procesal de Adade considera "perjudicial" y "lesivo para los intereses de la acusación popular" el establecer límites al acceso al sumario. El auto que los instaura, entiende el recurrente, "es nulo de pleno derecho" y vulnera "el derecho a la defensa letrada" y el desarrollo de "un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas". El recurso de Adade recuerda que el artículo 235 de la Ley del Poder Judicial subraya que "los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley".

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Según la asociación popular, "el acceso a los autos en condiciones de privacidad conlleva de forma directa la producción de dilaciones indebidas, ya que la forma de acceder (solo consultándolos y tomando notas) en un procedimiento en el que la causa ya alcanza más de 13.000 folios en más de 34 tomos, que el propio juzgado califica de inmanejables, hace que difícilmente todos los letrados personados de los 52 investigados más las acusaciones particulares y las populares puedan ir a la secretaría del juzgado y leerse los 19 primeros tomos y tomar notas, sin contar al fiscal y al abogado del estado".

Adade, que pide declarar nulo el auto de Velasco del 11 de mayo, argumenta también que la orden del instructor "carece de cualquier tipo de motivación que justifique la advertencia de incurrir en un delito de desobediencia por el mero hecho de realizar fotocopias". "Nos parece cuanto menos indebida", resume el recurrente, que añade que, "si lo que se pretende es evitar la filtración a la prensa, en la actualidad, los medios de que dispone la administración de justicia permiten la identificación de las descargas de los letrados actuantes a través de marca de agua, sistema que ya está siendo utilizado por la Audiencia Nacional en el caso Pujol".

El nombramiento de Velasco como magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional deja este recurso y otros tres más presentados por diferentes partes personadas en la causa que apuntan en el mismo sentido en manos de la jueza Carmen Lamela, titular del Juzgado número 3. La magistrada se hace cargo de los procedimientos dirigidos por su compañero hasta que aterrice en el Juzgado número 6 el nuevo propietario de la plaza que acaba de salir a concurso.