El juez dejó sin imputar al número 3 de Cifuentes a la espera de analizar 100 cajas

El horizonte judicial de Jaime González Taboada, número tres del Gobierno de Cristina Cifuentes, se llena de nubarrones. En una de las últimas decisiones antes de abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco decidió la semana pasada citar en calidad de investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio, la empresa pública que protagoniza una de las piezas del caso Púnica. A todos los miembros menos a uno, González Taboada, consejero de Medio Ambiente y también coordinador general del PP de Madrid.

El juez que sustituya a Velasco tendrá que tomar declaración a los investigados que pertenecieron a la mesa de contratación de Arpegio. De momento, la citación prevista para julio ha quedado pospuesta. Los investigados son Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Francisco Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa). El presidente de la mesa era el propio Granados, hoy en prisión a la espera de conseguir los 400.000 euros que la Audiencia le ha puesto como fianza.

Todos fueron elegidos por el consejo de administración de la empresa pública el 23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el encargo de la Comunidad de Madrid de gestionar el Plan Prisma 2006-2007, un plan de inversiones financiado por el Ejecutivo autonómico para realizar obras en todos los municipios de la región menos la capital. Jaime González Taboada también fue elegido miembro de la mesa, "designado por la Consejería de Presidencia", que en esos momentos ostentaba Granados. "Era su soldado", asegura una fuente del caso. El juez, en cambio, ha decidido no acusarle. De momento. Fuentes de la investigación han señalado a El Confidencial que Velasco aplazó la decisión de remitir los indicios en su contra al tribunal competente y que será su sustituto el que decida al respecto.

La pieza de Arpegio (ahora rebautizada como Nuevo Arpegio) es una de las más complicadas del caso, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando más de 100 cajas de documentación incautadas en los últimos registros. Los agentes no han podido entregar a Velasco, que este jueves abandonó el juzgado, los informes con las conclusiones de este análisis, que se prolongará previsiblemente varios meses. Los recibirá, por tanto, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción 6, que será designado en las próximas semanas.

La imputación de Taboada hubiera supuesto en estos momentos de la instrucción la posible pérdida de la pieza sobre Arpegio, ya que Taboada es aforado. Es decir, la Audiencia Nacional no puede investigarle y debe enviar una exposición razonada para elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que este cite como investigado al consejero. Por eso Velasco, en sus últimos días al frente del juzgado encargado de Púnica, decidió citar solo a los miembros de la mesa de contratación que no están aforados. No había tiempo material para nada más, agregan las fuentes consultadas.

El objetivo es que la UCO siga avanzando en sus investigaciones mientras que el nuevo titular del juzgado interroga a los miembros de la mesa de contratación de Arpegio ya imputados. En marzo de 2008, también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que dimitió la semana pasada tras ser otro de los citados en calidad de investigados por el juez Velasco. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio.

La UCO está investigando si la trama Púnica obtuvo suculentos beneficios amañando la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de esta empresa pública. Es solo uno de los capítulos de la pieza. En otro, los agentes también están investigando si se amañaron obras del Plan Prisma, un plan que financió en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011) centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones de euros por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias pudieron pagar mordidas por llevarse los contratos, según los indicios que ya manejan en la Guardia Civil. González Taboada estuvo en la mesa de contratación de ambas entidades.

La UCO y el juez creen que Granados utilizó su cargo en la Consejería de Presidencia (2004-2011) para amañar determinados contratos públicos. Como consejero, fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Eloy Velasco sostiene que Granados reguló el funcionamiento de esos planes Prisma para garantizarse un "dominio absoluto" sobre las "decisiones de adjudicación". La UCO lleva el último año recabando documentación de Arpegio constantemente, y la semana pasada decidió realizar importantes registros en la Consejería de Medio Ambiente.

Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos. Los investigadores tienen además presente que el elegido directamente por Granados para estar en esa mesa de contratación fue Taboada.

La mesa es el órgano técnico que debía valorar las ofertas presentadas por las empresas que licitaban por los contratos del Plan Prisma. González Taboada era entonces también director general de Administración Local, el departamento que planificaba el Prisma aunque lo ejecutaba Arpegio. El empresario Marjaliza ya declaró ante el juez cómo se repartían los presuntos amaños: "Un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González Taboada con su gente y el último tercio para Paco [Granados] o la consejería". Aunque lo que realmente quiso explicar es que las obras del Plan Prisma se repartían entre los técnicos, el grupo de Taboada y el grupo de Granados, y que luego cada grupo intentaba amañar las que podía dentro del lote que le correspondía. Taboada siempre ha negado las acusaciones y se ha querellado contra Marjaliza.

La Fiscalía, por su parte, señala en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial que "la investigación financiera realizada por la Guardia Civil ha permitido conocer el montante aproximado de ganancias ilícitas generadas por la trama en torno a la actividad inmobiliaria y el inicial análisis de la documentación concerniente a los fondos Prisma. Lo que permite señalar la cantidad de 728 millones de euros como importe gestionado por Francisco Granados y sus más directos colaboradores, que presuntamente han generado ingentes beneficios a las personas que han estado detrás de la adjudicación de obra civil al amparo de dichos fondos".