El juez mantiene a Pujol Jr en la cárcel porque ocultó patrimonio en el último año

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rechazado dejar libre a Jordi Pujol Ferrusola. En un auto en el que confirma su decisión del pasado 25 de abril, el magistrado destaca que ha desplegado, en el último año, una intensa actividad para ocultar el patrimonio del clan y ponerlo fuera del alcance de la Justicia.

De la Mata destaca en un auto que a lo largo de la causa se han ido multiplicando los elementos para considerar que "ha venido realizando un progresivo proceso de ocultación de información y evidencias y de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir”. También se opone a la petición de su defensa de sustituir su ingreso en la cárcel por alguna medida alternativa.

Indica que en este momento persisten los motivos por los que acordó la entrada en prisión como la existencia de patrones de comportamiento, pautas de actuación, instrumentos y herramientas empleados para "generar, ocultar y blanquear activos" y que apuntan a que organizaba y manejaba toda la estructura económica de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.

Otro de los motivos que alega el juez para oponerse a la libertad es que "situó a su propia madre", Marta Ferrusola, en la sociedad panameña que empleaba para ocultar bienes "para ayudarla a ocultar también y que ni siquiera apareciera en los documentos como beneficiaria económica". Luego, incluso cuando sus hermanos y madre optaron por regularizar sus bienes acogiéndose a la amnistía fiscal, optó por continuar huyendo y ocultando, transfiriendo todo el dinero a México para evitar que la justicia española embargara cautelarmente 2,4 millones de euros mediante esta operación.

También dice el magistrado que utilizó a su hija Nuria para ocultar fondos y le recuerda que dijo claramente en un interrogatorio que no disponía de cuentas en Andorra.

El auto destaca que sociedades vinculadas al acusado facturaron más de 11 millones de euros, supuestamente por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación, a un conjunto de empresas que tienen como denominador común que, en su mayor parte, su cifra de negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico. "En ninguno de los casos se ha aportado el más leve indicio que justifique la realidad de tales trabajos de asesoramiento, consultoría e intermediación", asegura.

Señala el juez que existen una serie de circunstancias que ponen de relieve que, tanto a lo largo de la causa como, en particular, durante el último año, el investigado ha continuado realizando toda clase de actividades y alcanzando acuerdos con socios, amigos y testaferros para “ocultar bienes y ponerlos fuera del alcance de los tribunales y para dificultar el acceso a las fuentes de prueba”.

“En este caso no sólo se ha actualizado este peligro en actividades concretas y específicas de ocultación, sino que se ha mostrado una alta capacidad de interlocución en distintas jurisdicciones y con diferentes personas para continuar moldeando, reconstruyendo y acondicionando las distintas operaciones efectuadas a lo largo del tiempo, con el objetivo, por un lado, de hacer inaccesibles los bienes y, por otro, para impedir o al menos obstaculizar el acceso a las evidencias”, concluye.

100 MILLONES DE PESETAS

En su auto el magistrado pone como ejemplo una de las operaciones investigadas relacionada con la compra-venta de un terreno para construir una sede de la empresa Isolux. Explica que los propietarios acudieron a recoger los talones relacionados con el pago de las fincas vendidas a esta compañía y entonces se les pidió que suscribieran un contrato de prestación de servicios con IMISA --relacionada con Pujol Jr-- y aceptaran el pago de 100 millones de pesetas a esa empresa, a pesar que no había hecho ninguna intermediación.

"Aceptaron realizarlo porque a ellos no les afectaba, pensando que se trataba de algún chanchullo de Isolux, motivo por el que incluso en su contabilidad describieron a IMISA como un comisionista, sin conocer qué persona física se encontraba realmente detrás de esta empresa", destaca el magistrado.

Los hechos objeto de investigación no se circunscriben, en su calificación jurídica, dice el juez, sólo a delitos de blanqueo de capitales, como defiende el primogénito del clan, sino que también se le imputan posibles delitos contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil y, como se viene apuntando en reiteradas resoluciones, de organización criminal.