por sus ingresos en 'cuéntame'

La ONIF, desbordada: un año para acreditar el fraude fiscal de Imanol Arias y Ana Duato

La Audiencia Nacional pidió a los expertos que analizaran la presunta burla al fisco de los actores Imanol Arias y Ana Duato a través del bufete Nummaria

Foto: El reparto de 'Cuéntame'. (EFE)
El reparto de 'Cuéntame'. (EFE)

Ha pasado casi un año desde que la Audiencia Nacional reclamara informes sobre el presunto fraude a la Hacienda Pública del que acusa a los actores Imanol Arias y Ana Duato por sus ingresos en la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó'. El análisis solicitado a la delegación madrileña de la Oficina Nacional para la Investigación del Fraude (ONIF) aún no está listo por la saturación y elevada carga de trabajo de este organismo dependiente de Hacienda, informan a El Confidencial fuentes del caso.

El Juzgado Central de Instrucción 3 abrió en 2016 la investigación sobre los manejos del bufete de abogados Nummaria y su dueño, Fernando Peña. Los investigadores sospechan que los Alcántara, matrimonio de ficción en la conocida serie, dejaron de declarar casi cinco millones de euros. El despacho de abogados se encargaba de tramitar sus ingresos profesionales. No obstante, el juez Ismael Moreno aguarda aún el criterio de los expertos que permitiría avanzar en el caso.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Arias de haber ocultado al fisco 2,1 millones entre 2010 y 2014 y a Duato de no haber tributado 794.389 euros entre 2010 y 2012. La Agencia Tributaria indagó más allá y desveló otras cuotas impagadas en los ejercicios 2005 a 2010 por valor de 2,7 millones de euros en el caso de Arias, que recurrió por la vía contencioso administrativa.

Los dos actores se desligaron de las gestiones fraudulentas de Nummaria tras estallar la operación. La protagonista de la serie 'Cuéntame' realizó declaraciones públicas en las que manifestó que se sentía "muy traicionada" por el responsable del despacho legal. Tanto Arias como Duato avanzaron su intención de devolver a las arcas "hasta el último céntimo" no declarado.

La operativa

El Ministerio Público considera que el despacho cuyos servicios empleaban otros personajes públicos creaba estructuras societarias "casi idénticas" para una parte "muy importante" de sus clientes con el fin de no tributar por el impuesto de sociedades y el IRPF, ocultando beneficios y valiéndose de más de 40 agrupaciones europeas de interés económico (AEIE).

Las entidades que conforman el grupo Nummaria emitían "facturas de manera cruzada", residenciando los ingresos donde más convenía

A nivel nacional, el bufete utilizaba de forma "masiva" sociedades, comunidades de bienes, UTE y todo tipo de entes instrumentales. En muchas ocasiones, el punto de conexión entre el plano nacional e internacional estaba en la utilización de estas agrupaciones, con domicilio en España, pero participadas por una firma inglesa. El despacho disponía de un abanico de sociedades radicadas en el Reino Unido administradas por empresas en Costa Rica que se asociaban con la AEIE con sede en España, de modo que imputaban la mayor parte de los beneficios cobrados por sus clientes en nuestro país a la sociedad británica para luego desviarlos a paraísos fiscales como Costa Rica o las Islas Mauricio.

Las entidades que conforman el grupo Nummaria emitían "facturas de manera cruzada", residenciando los ingresos donde más convenía. Llama la atención el caso de la fundación con el nombre del bufete, supuestamente dedicada a la promoción del estudio de las ciencias humanísticas, pero que no tenía empleados y de la que no consta en internet la realización de actos. Sin embargo, en 2014 registró unos pagos de 170.000 euros, siendo sus principales 'proveedores' el Real Madrid (77.400) y la Sala Retiro (70.299).

Meses después de que Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzaran la operación, no queda nada de ese negocio. Peña liquidó todas las mercantiles que empezó a constituir en 1994 para ofrecer sus servicios de asesoramiento tributario y despidió sin indemnización a los 23 abogados, economistas y fiscalistas que tenía en nómina cuando estalló el caso.

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