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Aguirre captó 7,6 millones para el Dos de Mayo… que ahora investiga la UCO
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gonzález y granados, en sus órganos directivos

Aguirre captó 7,6 millones para el Dos de Mayo… que ahora investiga la UCO

La expresidenta de la Comunidad está en el foco de nuevas investigaciones de la Guardia Civil por la presunta utilización de una entidad sin ánimo de lucro para pagar campañas electorales

Foto: Esperanza Aguirre, en 2008, en los actos del bicentenario. (EFE)
Esperanza Aguirre, en 2008, en los actos del bicentenario. (EFE)

La fundación que creó Esperanza Aguirre en 2007 para celebrar el bicentenario del levantamiento contra Napoleón, la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, llegó a gestionar un presupuesto de al menos 7,6 millones de euros. El dinero salió de subvenciones públicas de su propio Gobierno regional y de donaciones de la Fundación de Caja Madrid, controlada también en esos momentos por el PP madrileño. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez Eloy Velasco sospechan ahora que los máximos responsables del partido también utilizaron ese organismo para inyectar fondos en su caja B y están realizando indagaciones para tratar de reconstruir su contabilidad.

Las pesquisas apuntan directamente a Aguirre, que era presidenta regional cuando el consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó el 2 de agosto de 2007 constituir la Fundación Dos de Mayo. La exdirigente del PP también se convirtió automáticamente en presidenta del patronato de la entidad y se aseguró de que el resto de puestos del consejo director fueran ocupados por miembros de su gabinete. Entre ellos, el entonces vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, presunto cabecilla de la operación Lezo, que también ocupó el cargo de vicepresidente en la Fundación Dos de Mayo; y el otro dirigente de la plena confianza de Aguirre, el entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados, presunto líder de la trama Púnica. Hasta el jefe de gabinete de la expresidenta, Regino García-Badell Arias, tenía un hueco en la cúspide de la fundación, según consta en las memorias de actividad presentadas por la entidad, a las que ha tenido acceso El Confidencial.

En total, de los 14 asientos del patronato, solo había tres ocupados por dirigentes ajenos al Partido Popular: el entonces director de la Fundación de Caja Madrid y exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno; el expresidente socialista de la Comunidad Joaquín Leguina; y el exalcalde de Aranjuez Dionisio Ballesteros, también del PSOE. Aguirre también trató de incluir en el órgano de gestión a Alberto Ruiz Gallardón, en esos momentos, alcalde de Madrid, pero el exministro de Justicia rechazó la invitación y nunca llegó a tomar posesión del puesto. Su plaza permaneció vacante hasta la misma liquidación de la entidad en 2014, tras quedarse sin subvenciones públicas ni donaciones privadas para poder continuar su actividad.

A pesar de que el principal órgano directivo estaba copado por políticos, la cara visible de la Fundación Dos de Mayo durante sus siete años de vida fue el catedrático de Historia Contemporánea Fernando García Cortázar. En diciembre de 2007, el Gobierno de Aguirre concedió al ente una primera ayuda de 570.000 euros para financiar los primeros actos programados en 2008 con motivo de la efeméride. Ese año llegó la aportación más considerable. La obra social de Caja Madrid, controlada entonces por Miguel Blesa con el respaldo del PP de Madrid, aceptó convertirse en mecenas exclusivo del bicentenario y transfirió 4.550.000 euros a las cuentas de la Fundación Dos de Mayo.

La última entrada de fondos en la Fundación Dos de Mayo fue en 2010, con una ayuda tramitada por el Ejecutivo de Aguirre por importe de 300.000 euros

En un principio, la entidad tenía que disolverse en 2009, tras concluir todas las celebraciones, pero la expresidenta madrileña decidió mantenerla para convertirla en un foro de pensamiento que defendiera la unidad de España. Así, en 2009, su ejecutivo concedió una nueva ayuda a la entidad de 400.000 euros. Con todo, la ayuda más importante llegó de nuevo de la Fundación de Caja Madrid, con otro donativo de 1.862.000 euros. La última entrada de fondos en la Fundación Dos de Mayo, según la documentación que figura en el Registro Oficial de Fundaciones, se produjo en 2010, con una nueva ayuda tramitada por el Ejecutivo de Aguirre por importe de 300.000 euros. Es decir, que entre 2007 y 2010, el organismo manejó un presupuesto de 7.682.000 euros. Se desconocen los ingresos que consiguió entre 2011 y 2014, el año de su liquidación. Sus responsables nunca los declararon.

La UCO trata de determinar ahora qué hizo Aguirre con esos fondos. De las memorias de actividades de la fundación se desprende que el grueso del dinero se destinó a la publicación de obras y exposiciones itinerantes sobre el levantamiento de 1808. También se organizaron conferencias, conciertos, representaciones teatrales y funciones de 'ballet'. De los 7,6 millones del presupuesto total, 832.000 euros –el 10% del total– se destinaron a la publicación de una sola obra, '1808: el dos de mayo, tres miradas'. La fundación imprimió 500.000 ejemplares. La mitad se distribuyó en centros escolares, 100.000 se repartieron con el periódico 'ABC' y otros 50.000 se repartieron en la Feria del Libro. El resto del dinero también se utilizó, sobre todo, para cubrir gastos de imprenta, para publicar obras como 'Liberales de 1808', 'Relatos después de la batalla', '1808. La memoria alargada', 'Dos de mayo: el grito de una nación', 'Más que libertador' y 'Recuerdo de un tiempo viejo', entre otras.

No todo el dinero habría tenido ese destino. Los expertos en delitos contra la Administración de la UCO sospechan que el PP de Madrid utilizó esos encargos para abonar servicios de sus campañas electorales. Un oficio de la Guardia Civil y un auto del juez Velasco, incorporados ambos al sumario del caso Púnica, revelan que la Fundación Dos de Mayo encargó la impresión de libros y la organización de actos a varias de las empresas de comunicación, publicidad y marketing utilizadas por el PP regional en las elecciones de 2007, 2008 y 2011 para sobrepasar los límites de gasto electoral de forma fraudulenta. Se trata de mercantiles que presuntamente se concertaron con el gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, imputado también en Púnica, para rebajar en las facturas el importe real de los trabajos de campaña y para cargar los gastos de la formación a otras organizaciones satélite del PP e, incluso, a proveedores y adjudicatarios de la Comunidad de Madrid.

La mecánica presuntamente utilizada por la primera planta de Génova con la Fundación Dos de Mayo no sería nueva. Como adelantó este diario, la instrucción del caso Púnica ha permitido descubrir que el PP regional utilizó masivamente otra organización sin ánimo de lucro creada por el propio partido, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), para desviar subvenciones públicas y donaciones ilegales de empresarios a su contabilidad.

El engaño era sencillo y fue empleado por el PP durante años. Fundescam abonaba facturas a proveedores por conceptos relacionados con sus fines estatutarios. De ese modo, demostraba a las autoridades qué había hecho con las ayudas que le habían concedido. Pero lo cierto es que esas facturas eran completamente falsas. Ocultaban trabajos efectuados para el PP por esos mismos proveedores en campañas electorales. Fundescam actuaba así como un simple intermediario. Pagaba deudas de la formación sin que el dinero tuviera que pasar ni siquiera por las cuentas de Génova. La UCO mantiene ahora que la Fundación Dos de Mayo habría sido instrumentalizada por la formación para ejecutar la misma operativa.

La fundación que creó Esperanza Aguirre en 2007 para celebrar el bicentenario del levantamiento contra Napoleón, la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, llegó a gestionar un presupuesto de al menos 7,6 millones de euros. El dinero salió de subvenciones públicas de su propio Gobierno regional y de donaciones de la Fundación de Caja Madrid, controlada también en esos momentos por el PP madrileño. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez Eloy Velasco sospechan ahora que los máximos responsables del partido también utilizaron ese organismo para inyectar fondos en su caja B y están realizando indagaciones para tratar de reconstruir su contabilidad.

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