El Comité de Bioética de España pide la prohibición de los vientres de alquiler

El Comité de Bioética de España, organismo que asesora al Gobierno sobre materias relacionadas con la ética y la salud, defiende en un informe hecho público este viernes sobre la gestación subrogada la "prohibición universal" de esta técnica, al entender que "existen sólidas razones para rechazarla" y considerando que todo contrato de gestación "entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor".

El firme dictamen de este organismo que depende del Ministerio de Sanidad llega en un momento clave en el que los también llamados vientres de alquiler se encuentran en el debate público más efervescente. El Comité de Bioética insite en que las "desgraciadas experiencias de otros países" en los que existe esta práctica demuestra las "explotaciones" a las que son sometidas las mujeres gestantes, entendiendo esta situación como "una razón fuerte" para que España decida tomar medidas dirigidas "a la prohibición de que se celebren contratos de gestación por sustitución" a nivel internacional.

Los doce integrantes del comité reconocen el fuerte debate que se ha generado en la sociedad española —con la irrupción de nuevos partidos partidarios de emprender una regulación de la técnica y llevar su debate al Congreso de los Diputados— y es por ello que han decidido hacer un análisis exhaustivo sobre los posibles escenarios. Sin embargo, zanjan, mientras no se apruebe un marco normativo garantista y con carácter internacional, "avalar estas prácticas supone un ejercicio de complicidad con la explotación de las mujeres". Además, insisten en la incoherencia que supone prohibir la práctica en el propio territorio, pero reconocer después su resultados cuando se haya llevado a cabo en el extranjero.

El informe de 93 páginas repasa las propuestas regulatorias que se encuentran encima de la mesa en estos momentos —a saber, la gestación altruista (defendida por Ciudadanos) y comercial en sus diversas variantes— y las considera, al menos de momento, "claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos de la gestante y del menor". De hecho, los expertos consideran como mejor opción para matener la protección de los niños en su relación con la "familia de facto" —teniendo en cuenta que la prohibición que defienden díficilmente será posible de imponer, sobre todo a nivel internacional— la "doctrina establecida por el Tribunal Supremo" sobre adopción y acogimiento.

Además de insistir en la necesidad de prohibir la práctica, el comité sugiere la posibilidad de imponer sanciones a las agencias que participen en ella. Recuerda al respecto que la ley vigente establece la nulidad de los contratos de gestación por sustitución, pero no sanciona a quienes intenten llevarlos a cabo. La reforma de la normativa que proponen, "debería orientarse a lograr que la nulidad de esos contratos sea también aplicable a aquellos celebrados en el extranjero y para contribuir a la efectividad de la medida, podría considerarse la posibilidad de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad".

Precisamente hace unas semanas Madrid acogía la celebración de una feria sobre maternidad subrogada llamada 'Sorrofair' y encaminada a que una veintena de empresas extranjeras dedicadas a la actividad prestaran asesoramiento a parejas interesadas en un contrato de gestación subrogada. La convocatoria no estuvo exenta de polémica desde el principio a raíz de un cambio de localización 'in extremis' y con la irrupción de activistas de FEMEN después.

La discusión sobre la regulación de la maternidad subrogada volvía a la palestra pública el pasado mes de marzo ante el inminente debate que se produciría en el congreso nacional del Partido Popular después de que el asunto se colara en varias enmiendas de la ponencia social que pilota Javier Maroto, y con la celebración de un acto a favor de este procedimiento de la mano de Ciudadanos, que estrenó su nueva etapa de liberalismo ideológico con esta bandera. La gestación subrogada ha unido fuera de toda duda a extraños compañeros de viaje: es una de las poquísimas cosas en las que coinciden los conservadores del PP, la Iglesia católica y los sectores feministas del PSOE y Podemos.