¿Exhumar a Franco? Las asociaciones por la memoria no se creen el postureo del PP

El Congreso aprobó este jueves una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE para llevar a cabo la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y lo hizo con los votos a favor de la mayoría de los grupos parlamentarios —los socialistas, Unidos Podemos, Ciudadanos, e incluso PNV y PDeCAT votaron sí entre críticas—. Para sorpresa de muchos, el Partido Popular se abstuvo, como también Esquerra Republicana de Catalunya. En realidad, la PNL aprobada no tiene efectos reales en la práctica, porque lo que únicamente hace es instar al Gobierno de Rajoy a reanudar las políticas públicas para la recuperación de la memoria histórica y pide concretamente la exhumación de fosas e identificación de los cadáveres, incluido el traslado de los restos del dictador y José Antonio Primo de Rivera a otro lugar.

La cuestión es si el giro del no a la abstención del PP en apenas unas horas abre realmente la puerta a que en un futuro no muy lejano se produzca la exhumación ya prevista en un informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, elaborado por el gabinete de Zapatero en 2011 y que esta semana ha vuelto a ver la luz en sede parlamentaria. La respuesta para las asociaciones expertas en la materia es clara: no. "Hasta que no lo vea, no lo creo", insisten. Emilio Silva, portavoz de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, enmarca la decisión de los populares en una mera "jugada táctica" ante la nueva realidad social y un arco parlamentario firme en su decisión.

En efecto, Silva insiste en que si el Gobierno actual "no cumple la ley" —en referencia a la aprobada por el Gobierno socialista en 2007—, "no tiene por qué cumplir una PNL". El portavoz asegura basar este escepticismo en hechos como "haber visto al presidente del Gobierno negando la existencia de desaparecidos en el programa 'Salvados', haber escuchado al portavoz del PP insultando a las víctimas del franquismo sin que nadie dijera nada o el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmando que su departamento cumple estrictamente la ley de memoria". El desengaño es doble, afirma el portavoz de la asociación, teniendo en cuenta que el propio PSOE —artífice de la ley— no llevó a cabo la exhumación ni la aplicó en su totalidad.

Aunque finalmente los populares optaron por la abstención, la diputada Alicia Sánchez-Camacho acusó al PSOE en su exposición de "haber conseguido volver al pasado y quedarse en él" con la iniciativa presentada. La dirigente popular reprochó a los socialistas "querer parecerse a Podemos" y pidió "mirar a la España del presente y del futuro" porque, dijo, "en el Valle de los Caídos todo lo que haya que hacer necesita un amplio consenso".

Las asociaciones llevan muchos años peleando el contenido de la iniciativa que aprobó el Congreso este jueves. Pero para Emilio Silva estamos ante una "falsa discusión", puesto que el problema lleva existiendo mucho tiempo y "nadie ha hecho nada". El portavoz de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica afirma que "si les importara lo más mínimo esta situación, habrían hecho algo en estos años, porque gobiernan desde 2011". Las asociaciones expertas en la materia aprecian una cierta estrategia política en la posición de los populares, "para evitar romper el consenso en el Congreso" y frente un partido "que compite con él, más moderno y que no tiene esos anclajes" —en clara alusión a Ciudadanos—. "Me encantaría ver un poco de aliento en la decisión, pero solo veo táctica".

También Javier Torres Montenegro, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aranjuez, tilda de maniobra la postura mantenida por el grupo parlamentario del PP, encasillándola en el término tan común en estos tiempos de 'postureo'. "La opinión pública lleva tiempo clamando que saquen de una vez de allí al dictador", afirma al tiempo que desprende reproches también para la bancada socialista: "Entonces gobernaban ellos y tampoco lo hicieron". Paquita Sauquillo, presidenta del comisionado por la memoria en el Ayuntamiento de Madrid —organismo encargado de hacer cumplir la normativa en la capital y que ya ha emitido su informe definitivo—, insiste a este diario en que lo que deben hacer es ponerse "a trabajar para que esto tenga algún efecto y las cosas salgan adelante".

Las asociaciones miran desesperanzadas la decisión tomada por el Congreso y temen que una vez más quede en papel mojado. "Miramos poco al Parlamento", afirman. Fue en 2002 cuando la Cámara Baja condenaba por primera vez los crímenes del franquismo y lo hacía por unanimidad en la comisión Constitucional. Concretamente, un 20 de noviembre, el día en que se cumplían 27 años de la muerte de Franco, y la resolución incluía un "reconocimiento moral" a quienes "padecieron la represión de la dictadura", prometiendo ayudas para reabrir las fosas comunes.

El debate ha vuelto ahora al Congreso y está por ver la repercusión que realmente tendrá. Emilio Silva recuerda que en un año prácticamente todas las comunidades autónomas excepto las gobernadas por el PP tendrán una ley de memoria. "Ellos siguen en su bastión", zanja.