Noticias de Madrid: Un juez madrileño imputa a Concepción Dancausa por el caso Mercamadrid. Noticias de España
POR UN PRESUNTO DELITO SOCIETARIO

Un juez madrileño imputa a Concepción Dancausa por el caso Mercamadrid

Caso abierto contra la actual delegada del Gobierno por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital

Foto: La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. (EFE)
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. (EFE)

Un juzgado madrileño ha incoado diligencias previas por presunto delito societario contra la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital. Esto supone su automática imputación y atiende la solicitud realizada en este sentido por la Fiscalía de Madrid.

Además de Dancausa, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid abre causa por un presunto delito societario contra otras 15 personas. El Ministerio Público, que presentó denuncia, pone el foco en irregularidades en los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. que –dice-- han supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio”, que valora en casi de 700.000 euros. Dancausa se encontraba en aquella etapa al frente del Consejo de Administración del ente.

Además de Dancausa, Fiscalía figuran ya como imputados el director general de Seguridad de la CAM, José Enrique Nuñez, alto cargo de Cristina Cifuentes. También el que fuera director de Mercamadrid José Manuel Torrecilla, su vicepresidenta primera María Jesús Prieto y la segunda María Dolores Flores Cerdán. En el mismo auto de incoación de previas, el Juzgado hace ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados por Mercamadrid.

Entre los 16 investigados se encuentran también los vocales del Consejo de Administración del mercado Manuel Beltrán, José Antonio Crespo, Pablo González –hermano de Ignacio González y en prisión por la operación Lezo-- Silvia Llerena, Marta Fernández-Pirla, José Ignacio Ortega y Manuel Troitiño. Incluye al secretario general de Mercamadrid Fernando Gomar, Juan María López Álvarez, apoderado, y el administrador José Domingo Rodríguez. En la relación de acusados se incluye también a Pablo del Amo, fallecido cuando ocupaba responsabilidades de consejero en Madrid Destino.

Un juez madrileño imputa a Concepción Dancausa por el caso Mercamadrid

En su denuncia la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado. Merca Ocio Hoteles 22, S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid. (EFE)
Mercamadrid. (EFE)

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, avalado por Dancausa y que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla Jiménez, “incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional”.

La delegada del Gobierno ha remitido un comunicado en que concreta que el juez la tiene por "investigada" y no "imputada"

La delegada del Gobierno ha remitido un comunicado en que concreta que el Juzgado de Instrucción la tiene por "investigada" y no "imputada" ya que el juez no le atribuye "ningún delito". Agrega que ha presentado un escrito de alegaciones al que se adjunta toda la documentación que, según defiende, "demuestra que la denuncia es infundada porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales".

"Mercamadrid arrendó los locales a Mercaocio porque era la mejor manera de poner fin a un litigio de resultado incierto, de recuperar unos cánones impagados, y sobre todo porque Mercasa se comprometió a subarrendar esas mismas naves por el mismo precio, por lo que la operación era beneficiosa para Mercamadrid. La decisión se adoptó siguiendo el procedimiento establecido y con todos los informes favorables", indica.

Dancausa asegura que tras dieciséis meses de "supuesta investigación a raíz de una denuncia instigada por Ahora Madrid", la Fiscalía "no ha comprobado hechos esenciales que le habrían permitido ver que aquí no existe ninguna irregularidad, no ya penal, sino tampoco civil". "Estoy convencida de que la denuncia se archivará, y entonces analizaré el ejercicio de todas las acciones legales que me asisten en Derecho para resarcirme del daño reputacional y moral que esta denuncia pueda causarme", dice.

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