Moix no cambió a los fiscales de Lezo sólo por falta de tiempo

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, no cambió a los fiscales encargados de la operación Lezo, Carlos Yañez y Carmen García Cerdá, horas antes de que comenzaran los registros "ante la premura de tiempo para designar a otros en la llevanza del presente procedimiento", según refleja el decreto que firmó el pasado 18 de abril tras la reunión en la que se habían evidenciado discrepancias respecto a la forma de abordar la causa sobre la trama dirigida por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, Moix resume las diferencias de criterio con sus subordinados ante la forma de abordar el caso. La primera de ellas, relacionada con la autorización de unos registros vinculados a la adquisición de la filial sudamericana del Canal en 2001, quedó saldada tras oir a la Junta que con dos votos en contra y una abstención, se posicionó del lado de Yañez y García Cerdá que defendían la necesidad de realizar las entradas a pesar de la oposición de su jefe.

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Hubo en el encuentro otro motivo de disputa. Moix apoyaba la necesidad de apartar de la acusación contra González y el resto de imputados por el cobro masivo de comisiones a través del Canal de Isabel II, el delito de organización criminal a pesar de los encargados del procedimiento veían motivos para actuar contra ellos por este ilícito.

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Según refleja el decreto, la decisión final fue la de "ratificar la instrucción" dada por el responsable de Anticorrupción por la que los dos fiscales se abstuvieron de reflejar en su informes, sus valoraciones respecto a la existencia de una organización criminal presuntamente dirigida por el que fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre.

Fue ese punto el que provocó --según explican fuentes cercanas al fiscal jefe-- que se reflejaran en el texto las dos líneas que vienen a continuación en las que se exime a Yañez y García de "responsabilidades de todo tipo en las que pudiesen incurrir por el incumplimiento" de la orden ya que no hay tiempo material para designar a otros si discrepan de la instrucción.

Las fuentes consultadas precisan que esta previsión queda específicamente reflejada en el artículo 27 del Estatuto Fiscal, el mismo que invocaron los fiscales disconformes para solicitar reunión de la Junta y que se reflejó en el decreto en cumplimiento del texto que rige la actuación de los miembros del Ministerio Publico. En el artículo explica que el Fiscal que reciba una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber a su jefe. En caso de que no considerar satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía. En su punto número dos, agrega: "Si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro fiscal el despacho del asunto a que se refiera".

El fiscal jefe también aclara que el incidente quedó finalmente resuelto y la prevención que se incluía en el decreto no fue aplicada. Recuerda que los dos fiscales siguen al frente del caso y reitera que no tiene intención de retirarles del procedimiento, agregan las mismas fuentes.