Boicot a la feria de vientres de alquiler en Madrid: cambios de hotel y protestas

Madrid acoge este fin de semana una nueva edición de la feria de gestación subrogada tras semanas de incertidumbre en su organización y una fuerte movilización por parte de sus detractoras, una treintena de asociaciones que denuncian la celebración del evento. Surrofair —nombre oficial del congreso— reúne entre el sábado y el domingo a representantes de clínicas internacionales de reproducción asistida para informar a "mujeres que no tienen capacidad de gestar, hombres solteros y parejas de homosexuales" interesados en las distintas posibilidades de gestación subrogada. En total, 24 expositores de agencias se instalan en España para informar de una práctica completamente ilegal en territorio nacional.

Coincidiendo con un periodo de efervescencia en el debate público y con los principales partidos políticos decididos a fijar sus posiciones —Ciudadanos es el único partidario de legislar para garantizar la regulación de un "modelo altruista"—, llega la celebración de este polémico evento con una decena de ponencias que abordan desde la donación de óvulos hasta los apectos legales a la hora de elegir un destino en el extranjero para llevar a cabo la práctica con dos ejemplos de modelos: Canadá y Ucrania. Eso sí, el desarrollo del congreso se ha visto emborronado a raíz del fuerte movimiento llevado a cabo por la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres —compuesta por 50 asociaciones y colectivos— que realizó una concentración a las 12 de la mañana de este sábado a las puertas del Hotel Weare Chamartín —media hora después del inicio de las charlas— para protestar contra un certamen que "vulnera la legalidad vigente" y supone "una forma de explotación de la mujer", según explica su portavoz Julia Sevilla.

Bajo consignas como "no compres bebé. No explotes mujeres", "no alquiles mujeres" o "este lote se arrienda", Alicia Miyares, portavoz del movimiento No Somos Vasijas y de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, calificó a Surrofair de "feria de úteros" donde se está "comercializando" con el cuerpo de las mujeres y de los menores. "El límite de la libertad está en que los seres humanos no están en venta, y esto sonrojaría a cualquiera si en vez de ser una feria de úteros fuera de riñones y se traficara con ellos. Pero aquí estamos hablando de la libertad para vender a personas, para someter a una mujer a un embarazo y a un parto y para que ceda a su hijo a terceras personas", zanjó.

Miyares ha manifestado también una rotunda oposición a la regulación en España de la maternidad subrogada: "Al decir que quieren una regulación altruista es una trampa que permite la salida al mercado reproductivo internacional y acorta los problemas que tienen para registrar a esos niños. Es una trampa y es un subterfugio". "Hay personas que están en riesgo de muerte porque no tienen un riñón o porque tienen un problema y eso no quiere decir que aceptemos que se trafique con riñones", ha añadido esta escritora y filósofa feminista.

Para Cristina Simó, presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres, "no se puede consentir" el "deseo de comprar hijos con la misma carga genética", por lo que ha afirmado que no se debe tratar como un "derecho". "Si realmente reivindican el derecho a ser padres, pues que adopten niños. Lo que se tiene que mejorar es que se puedan adoptar criaturas, y así no se tiene que mercantilizar con el cuerpo de mujeres pobres".

Mientras tres activistas de Femen han desplegado semidesnudas varias pancartas con mensajes como 'Mafia, fuera de mi útero', la policía ha frenado varios intentos de boicotear la feria que, hasta mañana, contará con agencias, clínicas internacionales y asesores nacionales, y acogerá charlas sobre las condiciones existentes en diferentes países donde la gestación por sustitución está permitida.

Cambios de hotel

El hotel, sin embargo, no llegó a confirmar a este diario que la feria fuera a tener lugar allí según manifestó un miembro de su departamento comercial a este diario: "No tenemos constancia de que ese evento se vaya a celebrar". La incertidumbre sobre la localización del evento se ha ido multiplicando desde la pasada semana cuando los organizadores del Surrofair anulaban la convocatoria prevista inicialmente en el Hotel Meliá Avenida de América "por amenazas y coacciones". Tal y como explicaron en un comunicado, el certamen quedaba trasladado al Weare de Chamartín después de que el Meliá "cancelara el acuerdo".

Además, advertían su reserva para "tomar acciones legales" contra ese hotel y aseguraban haber denunciado a las personas que amenazaron y coaccionaron para que el Surrofair no se realizara. El Meliá no ha querido explicar su versión a este diario tras reconocer que el congreso no tendrá lugar en Avenida de América.

Varias de las asociaciones que participaron en la manifestación afirman que están organizadas y citadas a las puertas del nuevo hotel. Algunas de las establecidas fuera de Madrid han fletado un autobús para que las personas que lo deseen se concentren por los derechos de las mujeres. Es el caso de León y Valencia. La Policía, por su parte, no ha elaborado un dispositivo específico al no apreciar riesgos en la concentración, según ha podido confirmar este diario.

Denuncia ante la Fiscalía

Esta misma semana una treintena de asociaciones que pertenecen a la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres presentaban una denuncia ante la Fiscalía General solicitando la suspensión del evento como medida cautelar, "así como la persecución de la actividad ilícita de las empresas participantes", según el texto adelantado por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso este diario. En el escrito las denunciantes insistían en que el congreso atenta contra el artículo 10 de la ley sobre técnicas de reproducción asistida, así como el artículo 221 del Código Penal. Precisamente, las asociaciones insitían al Ministerio Público que las empresas participantes del evento "tienen como objetivo tareas de intermediación buscando madres gestantes, mostrando incluso catálogos sobre mujeres con parámetros de raza o edad" y, todo ello, "mediante una compensación económica".

A ojos de las denunciantes la cuestión es muy clara: "El hecho de que se organice en España una feria de la que se puedan derivar contratos de una actividad ilícita en nuestro país es perseguible criminalmente cuando se da compensación económica y es evidente que las agencias intermediarias que se encuentran en los 'stands' buscan beneficio económico por los servicios que prestan, por lo que su conducta pudiera ser constitutiva de delito".

Para curarse en salud, la denuncia insiste —como harán en la concentración de hoy sus denunciantes— que las empresas participantes en Surrofair "pueden alegar" que, en todo caso, los contratos de gestación por sustitución no se celebran en España" y, por tanto, "no se vulneraría la ley". Pero, afirman, "desde la óptica referida a que la determinación de la filiación materna en nuestro ordenamiento jurídico es el parto, hay que considerar que la filiación es una consecuencia directa del contrato de gestación por sustitución, de tal forma que no se pueden desligar una de otro", y de ahí la consideración del artículo 10 de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida como una norma de policía y, por tanto, "de orden público". Orden público "que se pretende vulnerar" teniendo en cuenta que el objetivo último supone "burlar las normas españolas de determinación de la filiación, elemento esencial en el que se basan las relaciones familiares".

La Fiscalía, sin embargo, ha archivado las diligencias rechazando la posibilidad de tomar medidas cautelares. Según ha podido saber este diario, el Ministerio Público entiende que "la aplicación de esas medidas no es posible de forma anticipada" al no haberse cometido ningún delito, aunque reconoce que, en caso de que hubiera una denuncia en el transcurso del evento alegando la posible vulneración de las citadas normas, podría reabrir esas diligencias.