González y Granados se turnaron el control de las finanzas ilegales del PP de Madrid

La operación Lezo ha cerrado el círculo de la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid durante los últimos 15 años. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responsables del caso sostienen que el presunto cerebro de la trama, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, se turnó con el otro gran dirigente que gozaba de la plena confianza de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Justicia y Presidencia Francisco Granados, en la tarea de captar fondos no declarados para alimentar la maquinaria electoral de la formación. Los delitos cometidos por este último expolítico se depuran en el caso Púnica, investigado también por la UCO e instruido igualmente por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Entre ambos procedimientos solo se interpone una débil frontera, a pesar de que González y Granados eran enemigos públicos y pelearon abiertamente por conseguir el favoritismo de Aguirre. Los investigadores no creen que actuaran de forma coordinada, sino que ambos fueron asumiendo la tutela de la caja B del partido en función de los puestos que detentaron a lo largo de los años en la cadena de mando, aceptando así una distribución de roles similar a la que se aplica en las organizaciones criminales. La otra gran característica de los grupos delictivos es que presentan una configuración jerarquizada. En el PP de Madrid, González y Granados también respondieron siempre a una misma autoridad, a la de Esperanza Aguirre.

Así, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil ha concluido que Granados, nombrado secretario general del PP de Madrid en 2004, gestionó la caja B del partido hasta las elecciones municipales y autonómicas de 2011. Sin embargo, cuando Aguirre lo echó de la Secretaría General de forma fulminante el 23 de noviembre de 2011, González pasó automáticamente a desempeñar esa función y comenzó a maniobrar para conseguir las donaciones ilegales que demandaba la primera planta de Génova. Las fechas están por determinar, pero los investigadores de la UCO sostienen que también se produjeron otros cambios de papeles con anterioridad. Como ejemplo citan que, en las municipales y autonómicas de 2007, González fue designado por Aguirre presidente del Comité Electoral del PP madrileño.

El caso Púnica, que estalló en octubre de 2014, arroja ya varias certezas sobre el reverso oscuro del PP. En ese sumario, como adelantó El Confidencial, el juez Velasco ha acumulado un aluvión de indicios que probarían que Granados empleó hasta una decena de mecanismos diferentes para nutrir con fondos de procedencia desconocida las arcas de la formación en las autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. El mismo juez acusa ahora a González en su auto de prisión de haber desviado, tras su llegada a la Secretaría General del PP, una cantidad aproximada a un millón de euros para saldar las deudas con proveedores que presuntamente dejó su antecesor en el cargo en las elecciones de 2011.

El dinero B del PP de Madrid detectado en la operación Lezo procede incluso de las mismas empresas que ya fueron investigadas en Púnica. En la agenda de Granados aparecieron presuntas donaciones ilegales de empresarios por valor de 2.060.000 euros. La gran mayoría, 1,6 millones, procedía de una sola empresa, la constructora OHL, del Grupo Villar Mir. El consejero delegado del 'holding', Javier López Madrid, mantenía una estrecha amistad con el cabecilla de esa trama e incluso compartieron paseos en barco con sus familias.

En febrero de 2016, la UCO se llevó los expedientes de 31 adjudicaciones concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL. Uno de los más destacados de esa lista es el tren de Cercanías a Navalcarnero, presunto objeto de una comisión de 1,4 millones de euros que López Madrid habría pagado en 2007 a Ignacio González a través de otro empresario, Adrián de la Joya. El dinero nunca llegó a González. Se quedó en una cuenta de Suiza. La Guardia Civil volvió a registrar la sede de OHL el pasado 19 de abril en la operación Lezo para buscar nueva información sobre el expediente de Navalcarnero y la presunta comisión millonaria que tenía que haber cobrado el presunto 'capo' de esta otra red corrupta.

En la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) ocurrió exactamente lo mismo. La UCO acudió hace dos semanas a requerir información sobre un contrato de 2010 que agentes de esa unidad ya se habían llevado en 2014 en la primera fase del caso Púnica. La línea es tan delgada que hay varias zonas de contacto, pero esos puntos de coincidencia son precisamente los que están permitiendo a la Guardia Civil reconstruir de forma más exacta cómo funcionaron las cloacas de Génova durante más de una década. En Lezo, las pesquisas se remontan ya a 2001, cuando en el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón autorizó que el Canal de Isabel II adquiriera la mercantil colombiana Inassa. Esa filial suramericana fue utilizada luego por González para desviar fondos del ente público del agua a cuentas de paraísos fiscales.

La estructura que González y Granados utilizaron para blanquear la entrada de fondos ilegales en la contabilidad B del partido también ofrece coincidencias. El juez Velasco acusa a los implicados en Lezo de pagar facturas electorales de las autonómicas de 2011 utilizando varias mercantiles del empresario Óscar Sánchez Moyano, entre ellas, Sintra Consultores. Esta misma firma ya aparece en los papeles del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez sobre la presunta financiación ilegal de las elecciones de 2007, es decir, durante la época de Granados analizada en Púnica. El método para camuflar la inyección de dinero B también era idéntico. Concesionarias y adjudicatarias públicas que recibieron contratos de los gobiernos de Aguirre habrían pagado facturas de proveedores electorales del PP utilizando “concepto mercantiles falsos”. El dinero ni siquiera tenía que pasar por las cuentas del partido.