Macrooperación de Hacienda contra clubes de alterne por fraude fiscal

Inspectores de la Agencia Tributaria y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera desarrollaron a finales de marzo una de las mayores operaciones administrativas contra prostíbulos distribuidos por todo el territorio nacional de los últimos años. De forma coordinada con la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, entre otros cuerpos de seguridad, registraron al mismo tiempo un gran número de clubes de alterne en diferentes comunidades autónomas sospechosos de estar defraudando a Hacienda.

Funcionarios de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal (Ucrif) de la Policía acompañaron a los agentes de Hacienda por si durante las entradas a los locales se detectaba a menores o a mujeres que ejercían la prostitución coaccionadas. Los investigadores registraron decenas de locales distribuidos por toda España. Solo en Madrid, por ejemplo, los agentes accedieron a siete clubes de alterne, algunos de ellos sobradamente populares en la capital de España, como el D'Angelo.

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La operación, puramente administrativa —aunque requirió de órdenes judiciales en algunos casos—, se desarrolló a la vez para evitar que unos establecimientos avisaran a otros. Durante los registros, los agentes se incautaron de una enorme cantidad de documentación y dispositivos informáticos que pueden servir para probar que existen desfases entre lo que estos locales tributan y lo que realmente ingresan. En este material intervenido, de hecho, buscarán ahora los funcionarios indicios de una contabilidad paralela procedente de ingresos que los propietarios no han declarado.

En no pocos casos, estas rentas proceden del negocio de la prostitución, del que la mayoría de establecimientos trata de desvincularse con el fin de evitar estar en el foco de la Ucrif. En ocasiones, también proceden de un exceso de ventas reales, muy superior a las declaradas a Hacienda. En general, tanto los pagos relativos a los 'servicios' de prostitución como las copas o la entrada a los locales eran abonados en efectivo por los clientes para garantizar la opacidad del gasto y el consiguiente anonimato, un comportamiento que los investigadores tienen asumido.

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Sin embargo, entre los dispositivos incautados, los agentes también han intervenido datáfonos utilizados por los encargados de los prostíbulos para cobrar a los clientes. Tras la operación Pompeya —desarrollada por la Agencia Tributaria y la Policía en 2015—, los investigadores destaparon por primera vez una trama organizada en torno a una empresa vasca, que centralizaba los pagos a través de los terminales en los puntos de venta (TPV) o datáfonos con el fin de salvaguardar el anonimato de los clientes que visitaban una docena de prostíbulos distribuidos por toda España.

Policías e inspectores tributarios analizan ya estos dispositivos con el fin de determinar si los clubes de alterne ahora registrados eran utilizados para llevar a cabo funciones similares a las que tenían los incautados durante la operación Pompeya, instruida por el titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Por el momento, y a primera vista, no habría elementos que apuntaran a que estuviéramos ante un caso parecido, pero los investigadores no descartan nada hasta el análisis de todos los aparatos.

El objetivo es evitar que haya nichos de economía sumergida, que tendría como consecuencia un efecto llamada para organizaciones delictivas

La reciente intervención masiva de prostíbulos dirigida por la Agencia Tributaria fue fruto de un trabajo previo de los investigadores de Hacienda, que durante meses rastrearon el sector y detectaron empresas que gestionaban la limpieza y las habitaciones de un local al tiempo que administraban el bar de otro, lo que hacía pensar que se trataba de una única sociedad propietaria de todo el negocio. Esta circunstancia, por ejemplo, lleva a los agentes a pensar que esta mercantil podría estar teniendo ingresos procedentes de la prostitución no declarados.

Algunas de las empresas investigadas, de hecho, aseguraban ante la Agencia Tributaria estar en pérdidas muy elevadas y, sin embargo, presentaban elementos que llevaban a pensar lo contrario. En algunos casos, por ejemplo, habían traspasado el local a otro dueño, una operación que no habría tenido sentido en el caso de ser verdad que el negocio iba tan mal, lo que hizo concluir a los investigadores que las citadas pérdidas no eran reales.

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Para llevar a cabo sus investigaciones, los agentes de Hacienda y del Servicio de Vigilancia Aduanera hiceron una labor previa de estudio del funcionamiento del sector y rastrearon operaciones de locales concretos. También analizaron lo que denominan indicios de capacidad económica, o signos externos que presentaban los dueños de los establecimientos, como si poseían vehículos de alta gama, si vivían en costosas viviendas o si tenían otros negocios en otros sectores. En definitiva, trataron de comprobar con los elementos que están a la vista de todos si casaba lo que dicen ingresar con lo que realmente ganan.

La investigación continúa en esta dirección tras los registros y el análisis de la documentación incautada por los responsables del operativo, que previsiblemente aportará nuevos elementos para indagar y comparar los desfases fiscales que presentan los empresarios. El objetivo de la operación de la Agencia Tributaria no es otro que evitar que haya nichos de economía sumergida en el mercado, un mal que tendría como consecuencia un efecto llamada para organizaciones delictivas de todo el mundo, que verían en España el sitio ideal para instaurar sus defraudadores negocios.