Caso Lezo: el 'botín' de Ignacio González en Colombia y todo lo que se sabe hasta ahora

'Operación Lezo' es el nombre con el que la Guardia Civil ha bautizado al dispositivo articulado por presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y uno de los principales implicados, realizó un viaje a la región colombiana de Cartagena de Indias en 2008 en el que denunció haber sufrido espionaje –nueve años después, la Audiencia Provincial de Madrid reclama revisar el vídeo grabado entones para decidir si archiva la causa contra los tres detectives procesados–. Esa denuncia fue la que utilizaron las fuerzas de seguridad para nombrar al operativo con el apellido del almirante español que organizó la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico en 1741 –Blas de Lezo–.

Después de que se detuviera a Ignacio González, la atención ha vuelto a recaer sobre la presunta corrupción en la citada empresa de aguas públicas dependiente de la Comunidad de Madrid. Estos son los principales datos que se tienen hasta ahora sobre la operación Lezo que estaba siendo coordinada por Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional que abandonó el caso y la Operación Púnica a mediados de mayo.

González, que estuvo en la prisión de Soto del Real desde el 21 de abril, no llegó a cumplir los siete meses en prisión: el 7 de noviembre abandonó las instalaciones después de que el juez autorizara la libertad bajo fianza del expresidente de la Comunidad de Madrid. Un total de once fiadores le dejaron los 400.000 euros que le permitieron abandonar la cárcel, pero días después, las autoridades decomisaron el 'botín' que González escondía en Colombia, 5,4 millones de dólares en metálico que el político ocultaba en cuentas a nombre de sociedades tituladas por testaferros.

[Lea aquí todo sobre el 'botín' colombiano de González]

¿Qué es la operación Lezo?

Es el dispositivo organizado para investigar un presunto caso de corrupción en el Canal de Isabel II. La Guardia Civil trata de determinar si efectivamente hubo desvío de fondos públicos que terminaron en las cuentas particulares de miembros del Partido Popular que ejercían en el gobierno de la Comunidad de Madrid antes de que Cristina Cifuentes ocupara el cargo de presidenta regional.

La operación Lezo ha puesto sobre la mesa la supuesta corrupción que Ignacio González encabezó cuando el Canal de Isabel II adquirió empresas latinoamericanas pagando un precio superior al establecido por el mercado. Por ejemplo, la compañía brasileña Emissao: fue comprada en 2013 por 21,5 millones y en 2014 su valor era de tan solo 5,1 millones.

Pero no solo Ignacio González aparece en los papeles de la operación Lezo. Un año más tarde, en 2015, se descubrió que Salvador Victoria –exconsejero de la Comunidad de Madrid– había pactado que el Canal de Isabel II pagara la campaña de imagen del expresidente regional. Los investigadores determinaron que Victoria se comprometió con diferentes firmas a que la empresa de aguas públicas cubriría todos los gastos. La cuerda se siguió tensando y salió a la luz la adjudicación de 361.000 euros que el Canal había pagado a la compañía que financió la imagen de Ignacio González.

Los detenidos de la operación Lezo

Ignacio González fue detenido el pasado 19 de abril por supuesto desvío de fondos del Canal de Isabel II. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción lanzaron una operación a primera hora de la mañana en la que el expresidente y otras once personas se pusieron a disposición judicial. En cuanto se conoció la noticia, el Partido Popular suspendió de militancia al presunto cerebro del desfalco y Podemos aprovechó la ocasión para actualizar la apariencia de su 'Tramabús' con la cara de González.

Otros once colaboradores del exdirigente regional también fueron arrestados, entre ellos, Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Colombia; y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del mismo ente del agua. Además, según pudo confirmar El Confidencial, fue detenido un hermano del expresidente madrileño, Pablo González, director de Operaciones y Estrategia de la empresa pública Mercasa; y su cuñado, Juan José Caballero. Entre los investigados también estaría la secretaria de Edmundo Rodríguez y el exdirectivo del Canal Ildefonso de Miguel. Javier López Madrid –CEO del Grupo Villar Mir y consejero de OHL– también fue detenido.

Marhuenda, investigado y desimputado

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco también imputó al director del diario 'La Razón', Francisco Marhuenda –pocos días después fue desimputado–, y al presidente de la sociedad editora del periódico, Mauricio Casals, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habrían interceptado llamadas en las que los directivos de 'La Razón' confesaban que habían presionado a Cifuentes para que no denunciara ante la Justicia las irregularidades que había detectado su Gobierno en el Canal de Isabel II. Se da la circunstancia de que uno de los principales responsables del desvío de fondos de la empresa pública del agua fue presuntamente el presidente de su filial en Sudamérica, Edmundo Rodríguez, con un asiento también en el Consejo de 'La Razón'.

En abril de 2016, Cristina Cifuentes cesó al director del Canal Rodríguez Sobrino por los papeles de Panamá. El presidente de Inassa –filial del Canal en Colombia– era el hombre fuerte de González en esta compañía, y estaba relacionado con tres empresas radicadas en Hong Kong. Fuentes del Ejecutivo regional aseguraron que el cese se había producido por "pérdida de confianza" y porque los negocios de Rodríguez Sobrino eran incompatibles con lo que esperaba la presidenta de un directivo de una empresa pública.

En el marco de la operación Lezo se procedió a investigar a otros miembros del Partido Popular y nombres destacados del panorama nacional. Así, entre los demás investigados por el juez Velasco aparecen los siguientes nombres.

• Eduardo Zaplana: expresidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del Grupo Popular.
• Juan Miguel Villar Mir: dueño del Grupo Villar Mir.
• Alberto López Viejo: exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
• Lourdes Cavero: esposa de Ignacio González.
• Joaquín Molpeceres: responsable de Licuas.
• Carlos Turró: dueño de la constructora CELOP.
• Santiago Barreno Sevillano: presidente de la empresa editora de 'La Razón'.
• Pedro Antonio Martín Marín: exsecretario de Estado para el Deporte.
• Ignasi Maestre Canasanovas: asesor fiscal que colaboró con Xabi Alonso.

La 'tijera' de Cifuentes

En septiembre del año pasado, Cristina Cifuentes fichó a Alberto Muguiro –exdirectivo de Prosegur– para sustituir al destituido Edmundo Rodríguez Sobrino al frente de Inassa. A él se le asignó la obligación de poner orden al otro lado del Atlántico y culminar el cierre de algunas empresas que el Canal tenía en Latinoamérica. La iniciativa llegó después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid echara el candado a empresas en México y Venezuela por su poco volumen de negocio y la escasa plantilla.

Esperanza Aguirre dimite

Tras conocerse la detención de Ignacio González, Esperanza Aguirre presentó su dimisión el pasado 24 de abril. De esta manera, la expresidenta de la Comunidad de Madrid abandonaba su acta de concejal después de que el que fuera su mano derecha entrara en prisión. Visiblemente afectada, Aguirre confesó en una rueda de prensa sin preguntas sentirse “engañada y traicionada”.

“Si se confirma lo de Ignacio González será un palo muy fuerte”, dijo la expresidenta regional ante los medios de comunicación. El que fuera su número dos está siendo investigado por cohecho, asociación criminal, corrupción y otro buen número de delitos recogidos en la operación Lezo. “Los ciudadanos tienen derecho a pedir que los políticos asuman todas las responsabilidades, sin más”, zanjó Aguirre, quien no seguirá vinculada a los cargos públicos después de abandonar la portavocía popular en el Ayuntamiento de Madrid.

Moción de censura contra Rajoy

Pablo Iglesias, líder de Podemos, emplazó al PSOE a unir fuerzas para apartar al presidente del Gobierno de su cargo. Arropado por Garzón, Montero y Domènech –entre otros–, Iglesias lanzó duras acusaciones al Partido Popular. “Iniciamos el trabajo con las fuerzas políticas y sociales para presentar una moción de censura y echar a los parásitos de las instituciones. Este país no se merece más escándalos de corrupción vergonzosos”, afirmó ante los micrófonos cubierto con una chaqueta de traje que no suele estar entre su vestimenta habitual.

A pesar de los intentos de Podemos, ni PSOE ni Ciudadanos apoyaron la moción de censura que quería poner en marcha. El intento fracasó a los pocos minutos, dado el rechazo taxativo de las formaciones naranja y roja e incluso se registraron recelos del PNV. El portavoz socialista, Antonio Hernando, durísimo, acusó a Pablo Iglesias de actuar con la misma "mala fe", "irresponsabilidad" y "falta de rigor" que él mismo desplegara hace algo más de un año, cuando tras reunirse con el rey Felipe VI planteó un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez "para acabar votando contra el candidato del PSOE".

La periodista 'enchufada' de González

El sumario del caso ha desvelado que Ignacio González pidió a Eduardo Zaplana –expresidente de la Generalitat Valenciana– que intermediara para fichar a Libertad Martínez, exdiputada de IU en la Asamblea de Madrid. El expresidente de la Comunidad madrileña buscaba de esta manera que Martínez “defendiese su imagen o intereses” en RTVE, según puede leerse en el auto del juez Velasco.

La documentación informa de la existencia de una red de contactos en el mundo de la comunicación que González utilizó para intentar detener la presión mediática que sufría y para obtener información. Los investigadores han incorporado al sumario reuniones de Libertad Martínez e Ignacio González desde al menos junio de 2016, en las que este último habría solicitado a la que fuera su rival política en la Asamblea de Madrid que recopilara datos sobre terceros que a su vez manejasen información sobre González.

En las conversaciones intervenidas por la UCO el expresidente explica a Martínez que conoce a José Antonio Sánchez, presidente de RTVE. "Voy a través de este tío, lo que yo no quiero es que sepan que vas por mí", se escucha. González no quería buscar complicaciones a Sánchez con el fichaje de Martínez, razón por la que buscó la intermediación de un tercero para 'enchufar' a Martínez. La UCO cree que ese intermediario fue el exministro Eduardo Zaplana, que en otra conversación con González le dice que si José Antonio Sánchez recibe llamadas de terceros para ir mediáticamente en contra del expresidente regional "les llamará al orden".

La familia González quiso frenar la operación

La UCO grabó a González y a su hermana diputada intentando evitar la operación Lezo. Según estos audios, la diputada popular en la Asamblea de Madrid –Isabel González– conspiró con sus hermanos Ignacio y Pablo para detener las repercusiones de la investigación destapada por la operación Lezo, en la que se acusa al expresidente de madrileño de liderar una trama de cobro masivo de comisiones irregulares. Según se desprende de las escuchas practicadas por los investigadores de la Guardia Civil, los tres se reunieron en el despacho del que fuera hombre fuerte de Aguirre para montar una estrategia y evitar que las pesquisas judiciales acabaran perjudicándole.

Los hermanos organizaron un encuentro privado el 6 de marzo en la madrileña calle Alcalá celebrado en el bufete que abrió el exhombre fuerte de Esperanza Aguirre tras quedar apartado de la política, para hablar de la existencia de informaciones en prensa que les hicieron sospechar de que las diligencias llevadas en secreto durante 18 meses por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional estaban a punto de desencadenar un operativo. El hermano mayor advirtió a la pequeña que tuviera cuidado si llamaba y la diputada regional contestó: "Yo es que nunca le llamo, ¿sabes? Cuando quiero algo le llamo a casa por eso", dicen las grabaciones a las que tuvo acceso El Confidencial.

El escándalo de la Lezo que salpica a la familia González afecta de lleno a la diputada regional que, además, está casada con otro de los principales implicados en el entramado, Juan José Caballero. Caballero evitó el 25 de abril el ingreso en prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez. Es directivo de Mercasa y de otra de las empresas de la trama, Tecnoconcret.

Ignacio González, ante las sospechas de fuga, negó tajantemente estas informaciones porque su hija se casa en septiembre. Por ello, solicitó ser excarcelado y argumentó que es "materialmente imposible" su huida porque tiene bienes embargados y carece de medios económicos para ello. Además, el expresidente de la Comunidad de Madrid aseguró tener un "arraigo notorio" en España donde reside con su esposa y sus tres hijas. La mayor es la que, en septiembre, celebrará su boda.

Turnos en el control de las finanzas ilegales

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responsables del caso sostienen que el presunto cerebro de la trama, Ignacio González, se turnó con el otro gran dirigente que gozaba de la plena confianza de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Justicia y Presidencia Francisco Granados, en la tarea de captar fondos no declarados para alimentar la maquinaria electoral de la formación. Los delitos cometidos por este último expolítico se depuran en el caso Púnica, investigado también por la UCO e instruido igualmente por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Los investigadores no creen que actuaran de forma coordinada, sino que ambos fueron asumiendo la tutela de la caja B del partido en función de los puestos que detentaron a lo largo de los años en la cadena de mando, aceptando así una distribución de roles similar a la que se aplica en las organizaciones criminales. La otra gran característica de los grupos delictivos es que presentan una configuración jerarquizada.

Advertencias al entorno de Rajoy

El diputado regional del PP y exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, aseguró el 3 de mayo que intentó advertir al entorno del presidente del Gobierno Mariano Rajoy de que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tenía una cuenta en Suiza. En declaraciones a los medios antes de prestar declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional encargado de Lezo, Gómez ha precisado que ignora si su aviso, que lanzó a través de un registrador de la propiedad conocido de la hermana del presidente, llegó a su destino.

"Acabo de ver al secretario de Estado"

El sumario de Lezo detalla con precisión los acontecimientos que rodearon a la polémica reunión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, con el hermano de Ignacio Gonzáez. Las dudas sobre el contenido de la reunión entre Nieto y el hermano del principal investigado, así como un último escrito de los fiscales del procedimiento en el que se da por hecho que Nieto proporcionó a Pablo González datos sobre la investigación, centraron de nuevo el foco sobre este episodio.

Siete páginas del sumario a las que ha tenido acceso El Confidencial arrojan luz sobre lo que realmente ocurrió. Condensan los movimientos de los hermanos González durante seis días decisivos del pasado mes de marzo que supuestamente concluyeron con la reunión entre el alto cargo de Interior y Pablo González en un despacho oficial del ministerio, situado en el número 2 de la calle Amador de los Ríos, a escasos 250 metros de la Audiencia Nacional.

García-Castellón instruye el caso Lezo

Después de conocerse que Eloy Velasco abandonaba el caso Lezo, el juez Manuel García-Castellón regresó a su plaza en el Juzgado y pasó a instruir Púnica y Lezo. Según indicaron a El Confidencial fuentes cercanas al magistrado, el juez tomó la decisión de volver desde Roma, donde ha residido en los últimos años, para hacerse cargo del Juzgado que se encarga de instruir las principales causas por delitos de corrupción del momento.

Velasco abandonó la plaza para incorporarse a su nuevo destino en la Sala de Apelaciones. El Boletín Oficial del Estado publicó de forma paralela su nombramiento y el concurso abierto para sustituirle. Este último, regido por estrictos criterios de antigüedad y destinado a una comisión de servicios, quedaría ahora inactivo. Según adelantan estas fuentes, su incorporación se producirá al término de su fase italiana, en las próximas semanas.