El PP planteará a Susana Díaz el fin del uso de la acusación particular por los partidos

La cita de la Audiencia Nacional para que Mariano Rajoy acuda al tribunal como testigo por el origen del caso Gürtel ha reactivado en el Congreso el debate sobre el papel de las acusaciones particulares en los juicios por corrupción. La dirección del Partido Popular, muy dolida con el éxito en la citada causa de los abogados del PSOE encuadrados en Adade, quiere plantear un cambio urgente de la figura de la acusación particular para que deje de ser utilizada por los partidos como instancia de desgaste político del adversario.

Después de los primeros tanteos entre grupos parlamentarios, la reforma legislativa pertinente ha pasado a la lista de asuntos de Estado que el PP y el PSOE tienen que abordar en cuanto pasen las primarias de los socialistas y haya una dirección en la sede de la calle Ferraz, en principio con Susana Díaz al frente.

En fuentes del Grupo Popular reconocen que la gestora socialista no puede ahora autorizar conversaciones de calado sobre cualquier proyecto, y que ya están cansados de oír a los portavoces eventuales del PSOE que a ellos les parecen bien sus propuestas (incluso la liberalización de la estiba), pero que no tienen ningún margen de decisión. "Como en todo, a esperar qué pasa el día 21 de mayo", comentan en el PP, contando los días que quedan para las primarias de los socialistas.

En el PP atribuyen a la presidenta de la Junta de Andalucía la orden al PSOE de vetar en el Congreso la convalidación del decreto sobre la estiba para cumplir la sentencia de la UE, porque no quería lío alguno en el puerto de Algeciras. De hecho, el día de la votación contrastaron en la Cámara las celebraciones de los diputados socialistas andaluces con la seriedad de los miembros de la dirección del grupo ante la derrota de la iniciativa del Gobierno.

El PSOE, metido en su batalla interna ante la posible vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general, no está para grandes operaciones subterráneas contra Mariano Rajoy; pero el PP insiste en culpar a los abogados socialistas de que el presidente del Gobierno tenga que declarar como testigo en el juicio sobre el caso Gürtel.

Los populares sostienen que si el tribunal de la Audiencia Nacional ha cambiado de posición (dos de los tres jueces) para citar ahora a Rajoy después de rechazar dos veces la petición (y por unanimidad), se debe a la presión ejercida por los letrados de la acusación particular, empeñados en esa causa desde 2010: Javier Ledesma (hermano del exministro de Felipe González) y Mariano Benítez de Lugo.

Ledesma, veterano militante socialista, fue durante 16 años diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, y Benítez ocupó sus cargos más relevantes con Josep Borrell. En el PP están muy dolidos con el éxito de los abogados socialistas de Adade, irrelevante en términos judiciales, pero destacado políticamente al servir a la oposición para mezclar a Rajoy con los escándalos de corrupción en Madrid.

El jefe del Ejecutivo tendrá que comparecer como testigo en la primera fase del caso Gürtel como si pudiera aportar algo sobre la financiación irregular de actos electorales del PP de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre y en las localidades de Pozuelo y Majadahonda. Según reiteran en el PP, cuando sucedieron los hechos que dan pie al caso, Rajoy era vicesecretario general del partido; no era secretario general (estaba Javier Arenas), ni tampoco responsable de aquella campaña, responsabilidad que recaía en Pío García-Escudero.

En el Grupo Popular ponen como ejemplo de uso político de la acusación particular la 'encerrona' contra su jefe de filas, motivo por el que consideran urgente acabar con ese "uso espúreo" de los tribunales para desgastar a los dirigentes políticos. "Saben que Rajoy no tiene nada que ver ni aportar al caso, pero han logrado que salga relacionado con la Gürtel y se utilice en el debate contra el presidente del Gobierno", se lamentan en el PP.

La propuesta a quien se ponga al frente del PSOE (en principio, Díaz parte con ventaja) será una reforma legal y también un acuerdo de Estado para no contribuir más por medio de las acusaciones particulares al desprestigio general de los políticos del que solo Podemos saca rédito.