María Josefa aguado

El juez de Gürtel pide al tribunal de Madrid que investigue a una diputada del PP regional

El magistrado la vincula con la comisión de delitos de prevaricación, fraude a la Administración pública y malversación de caudales públicos

Foto: María Josefa Aguado.
María Josefa Aguado.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha remitido los indicios en su poder sobre la diputada del PP de la Asamblea de Madrid María José Aguado, implicada en el caso Gürtel, al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para que sea este quien decida si procede imputarla por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.

El magistrado la vincula con la comisión de delitos de prevaricación, fraude a la Administración pública y malversación de caudales públicos. Señala en la exposición razonada que "la actividad presuntamente delictiva de la aforada queda enmarcada en la adjudicación del contrato para la organización de las 'X OLIMPIADAS ESCOLARES' a empresas del Grupo Correa a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento".

El juez envía su escrito a la Sala Civil y Penal del TSJM para que determine, una vez que ya se ha delimitado el alcance de los hechos, si reclama el conocimiento respecto de las personas investigadas que están vinculadas con este asunto, entre quienes se encuentran el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo.

Víctor Romero. ValenciaVíctor Romero. Valencia

De la Mata sostiene que puede afirmarse que todas las decisiones que adoptó la parlamentaria autonómica en su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey fueron actos administrativos "decisorios objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa".

El juez estima que toda la actuación desarrollada por la persona aforada fue "injusta" y se llevó a cabo para evitar la transparencia
Añade que toda la actuación desarrollada por la persona aforada fue "injusta" y se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales.

En esta parte de la investigación del caso Gürtel, se investiga el cobro desde el año 1999 de comisiones por parte de distintos cargos públicos de Arganda del Rey por la adjudicación de contratos tanto a sociedades vinculadas al investigado Francisco Correa, como responsable del Grupo Correa, como a empresas constructoras "desde el ayuntamiento y desde la Sociedad de Fomento de esa localidad".

Contratos menores

La forma de actuar era la de fraccionar de forma sistemática los expedientes para que fueran contratos menores, con adjudicación directa eludiendo el procedimiento de contratación aplicable al sector público. Una de esos expedientes fraccionados investigados por el juez es el de la supuesta prestación de servicios para la puesta en marcha de las X Olimpiadas Escolares por parte del Grupo Correa, única empresa que presentó una propuesta económica, por importe de 89.000 euros.

Según el juez, la diputada, como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento, dio su conformidad a aquel pago que se fraccionó en siete facturas, tramitándose como contratos menores, independientes y "eludiendo el correspondiente procedimiento impuesto legalmente". Explica el magistrado que, pese a la obviedad de la argucia, la aforada informó a favor de la aprobación de todas esas facturas que sustituían la factura única de Easy Concept. La aprobación se hizo, además, en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día.

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"En definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos”, agrega.

El Partido Popular frena su código ético

Un portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha aclarado este lunes que hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) llame a declarar a su diputada Josefa Aguado en concepto de investigada, no entra en vigor el código ético.

"Respetamos las decisiones judiciales y tendrá que ser el TSJM el que decida ahora a la vista del informe del juez si la llama o no en concepto de investigada". Si eso ocurriese, Aguado debería renunciar a su acta, tal y como se comprometió con el resto de diputados populares en el código ético del partido.

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