Interior encuentra el perdido informe del Faisán y el juez abre una pieza reservada

El Ministerio del Interior ha dado a conocer este martes que por fin ha encontrado el informe del caso Faisán elaborado por la fallida Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de la Policía Nacional, puesta en marcha por el anterior director adjunto de la corporación, Eugenio Pino, y desmantelada por su sustituto, Florentino Villabona, comisario nombrado por el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

En una nota remitida a los medios, el departamento ha asegurado que la Secretaría de Estado de Seguridad remitió ayer un oficio al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que instruyó el caso Faisán, en el que le informaba de que, "tras una revisión manual de documentos y legajos, ha aparecido un documento titulado 'Informe de análisis operativo' elaborado por la Unidad de Asuntos Internos cuyo contenido podría corresponder con el reclamado por el juez".

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"Al no constar en su título la palabra 'Faisán', ni el número de diligencias a las que el juez hacía referencia, el informe no fue encontrado en una primera revisión informática de documentos", justifica el comunicado. "Ante ello, la Secretaría de Estado cursó la instrucción de que se realizara una revisión manual y detallada de los documentos y de su contenido, que ha tenido como resultado la localización del informe" mencionado, que "lleva grabado en cada página la leyenda 'Copia', así como la de 'Uso exclusivo policial".

La entrega del informe ha provocado que el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, abra una pieza separada y declarada también reservada en el marco del procedimiento del denominado caso Faisán, por el que fue condenado el que fuera jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, como autor del chivatazo que alertó a la banda terrorista ETA de que iba a producirse una operación policial contra ella. El Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional contra Pamiés y el inspector José María Ballesteros de un año y medio de prisión por revelación de secretos.

El juez ha suspendido también las declaraciones previstas para este miércoles de dos altos mandos policiales: la del propio Pino y la del exresponsable de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. Ambos habían sido citados con el fin de poder averiguar el paradero del citado informe elaborado por la BARC, brigada que dependía directamente del mencionado comisario Martín Blas, quien a su vez estaba a las órdenes de Pino.

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Según pudo saber El Confidencial de fuentes cercanas a esa investigación, el informe contiene un exhaustivo análisis del sumario que instruyó la Audiencia Nacional sobre esta filtración a ETA. Según acreditó el tribunal, el soplo se produjo el 4 de mayo de 2006, frustró una operación policial contra el aparato de extorsión de la banda en plenas negociaciones del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con la cúpula de la banda terrorista y culpó únicamente a los mencionados Pamiés y Ballesteros. Sin embargo, la BARC llegó a una conclusión diferente.

Utilizando un programa informático de análisis de redes para cruzar las llamadas y contactos personales que recogía el sumario, los funcionarios de la brigada concluyeron que, además de los dos policías, también hubo responsables políticos implicados en el chivatazo.La maniobra, arguyeron, había sido necesariamente coordinada por una instancia superior. Los hallazgos de la investigación apuntaban claramente al Ministerio del Interior, sustentando así el discurso que había mantenido desde el principio el Partido Popular.