La UDEF detiene al 'ejército' del Mono Muñoz y desarticula la rama española de los Zetas

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional han detenido esta mañana a los colaboradores en España del empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como el 'Mono Muñoz', acusado por la Fiscalía Anticorrupción de blanquear el dinero procedente del cártel de los Zetas, uno de los más activos del país norteamericano, así como de pertenencia a organización criminal. Desde primera hora, los especialistas en investigaciones económicas del instituto armado, dirigidos por el ministerio público, han llevado a cabo arrestos y media docena de registros de domicilios tanto en Valencia como en Madrid, las dos zonas en las que se habían establecido los lugartenientes del 'Mono'.

En concreto, los investigadores consideran que en la ciudad del Turia se encontraban los miembros de la trama dedicados al narcotráfico y a otros asuntos sucios, mientras en la capital de España se ubicaban los que presuntamente se ocupaban de blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas. La organización mantiene sobre todo en México una intensa acción criminal centrada especialmente en el narcotráfico, aunque también en la trata de personas, el secuestro, el asesinato y los atracos violentos.

Entre los detenidos -ocho en total-, se encuentra la mujer y el hijo del Mono Muñoz, que presuntamente también colaboraban en la trama. El empresario, conocido como El ingeniero, está siendo investigado por Anticorrupción por facilitar el blanqueo del dinero que el resto de la organización obtiene de los 'negocios' del cártel tanto en España como en México y otros países, extremos que por el momento aún están por delimitar en el marco de la causa que instruye la Audiencia Nacional.

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La detención de los lugartenientes del empresario mexicano supone un nuevo varapalo policial para la organización, sobre todo tras el arresto hace ahora más de un año del propio Mono Muñoz, que fue capturado el 18 de marzo de 2016 en su domicilio de Madrid por orden del juez Ismael Moreno, que sustituía en ese momento al instructor de la causa, Santiago Pedraz. Tanto Luévano como sus colaboradores están siendo investigados en el marco del procedimiento que provocó la detención del exgobernador del estado mexicano de Cohauila y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira.

La Fiscalía Anticorrupción consideró que Moreira, como el Mono Muñoz, ayudó en el blanqueo del dinero procente de las actividades ilícitas desarrolladas por el cártel. Sin embargo, el juez Pedraz dio por buenos los documentos entregados en el juzgado por Moreira que venían a justificar la procedencia de los fondos introducidos en España por el exgobernador charro y ordenó el 22 de enero de 2016 la puesta en libertad del acusado y, unos días más tarde, el archivo de la investigación que había contra él, una decisión que recurrió el ministerio público, pero que la segunda instancia volvió a cerrar.

La determinación de Pedraz, además de contradecir a Anticorrupción, fue tomada por el magistrado en contra del criterio de su compañero José de la Mata, que es quien había ordenado la detención de Moreira mientras sustituía al titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. De la Mata entendió que el expresidente del PRI contaba con "recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales" que le facilitaban "salir al extranjero y sustraerse de la acción de la justicia" así como "destruir pruebas" e incluso "influir en otros investigados o testigos". No en vano, apenas horas después de abandonar la prisión por orden de Pedraz y de recibir su pasaporte, el exgobernador chicano regresó a México en el primer vuelo que había, dejando atrás la casa que tenía en propiedad en Madrid y un curso académico que había emprendido.

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La instrucción de la causa por blanqueo contra el Mono Muñoz y sus colaboradores continúa viva al margen del 'asunto Moreira' en la Audiencia Nacional, pero también en San Antonio (Estados Unidos). Allí el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas -una suerte de Vigilancia Aduanera- coordina las diligencias contra Muñoz bajo la dirección de la Fiscalía americana, que investiga al empresario chicano precisamente por su vinculación con los Zetas después de las acusaciones vertidas ante el mismo ministerio público por otro empresario, que señaló tanto a Luévano como al propio Moreira. Las fiscalías de ambos países están en contacto desde hace más de dos años en el marco de esta investigación, intercambiando información y coordinando sus actuaciones.

De ahí que el ministerio público estadounidense también esté reclamando a Muñoz, cuyo testimonio debería ayudar a avanzar la investigación al otro lado del Atlántico. A la petición ha accedido ya el Gobierno de España. El Consejo de Ministros acordó el pasado 7 de marzo extraditar al empresario, que se encuentra aún en prisión en nuestro país. Anticorrupción, sin embargo, pretende que el supuesto criminal rinda antes cuentas con la justicia española en el mencionado proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional. La pretensión del ministerio público pasaría por que el empresario confiese su culpa y cierre un pacto de conformidad que permita adelantar la sentencia y dejar vía libre a Estados Unidos.

La posición tomada durante la instrucción por Pedraz, por su parte, ha sido puesta en entredicho por algunos medios debido a que el juez intervino en conferencias organizadas por su excompañero y amigo Baltasar Garzón cuando éste trabajaba para el PRI presidido entonces por Moreira.