Populismo legislativo en el Congreso con perros sin rabo, móviles apagados y zombis

A la espera de los Presupuestos Generales del Estado y sin un solo proyecto de ley en fase de tramitación, los grupos parlamentarios de la oposición rivalizan para presentar iniciativas 'de imagen' y propaganda sobre todo tipo de cuestiones y al margen de su posible viabilidad legislativa. La Cámara Baja insta a prohibir que se corte el rabo a los perros o a dictar normas para que los ciudadanos puedan apagar el móvil después de su jornada laboral. Y en el Senado preguntan (para protestar) por el protocolo del Gobierno en caso de invasión por zombis o se dirigen a la presidencia para que impida la venta de Coca-Cola.

Lo que en anteriores legislaturas eran contadas iniciativas anecdóticas o de cara a la galería, en esta empiezan a llenar los órdenes del día de las comisiones y los plenos. Proposiciones no de ley, e incluso de ley, condenadas a la derrota por carecer de apoyos o de encaje legal y presupuestario ocupan las sesiones para acompañar a las comisiones de investigación y las subcomisiones de estudio.

El Gobierno recurre a vetar las proposiciones que conllevan aumento de gasto o reducción de ingresos, como tuvo que hacer con las propuestas de derogación de la Lomce o la ampliación de prestaciones del sistema sanitario (1.250 millones de euros), pero las cuestiones meramente normativas siguen los trámites parlamentarios para su debate.

El caso más conocido hasta ahora se dio cuando la oposición aprovechó la adaptación de la legislación española a un tratado sobre el trato a mascotas para incluir la prohibición de cortar el rabo a los perros. Pablo Iglesias intervino en nombre de su grupo ante la popularidad del caso y salió adelante.

La última iniciativa registrada en el Congreso que también tiene todos los visos de prosperar y hacerse famosa es una proposición no de ley del PSOE en la que se insta al Gobierno a "garantizar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores fuera del horario laboral". La 'recomendación' se incluye en una propuesta más ambiciosa y detallada sobre "protección de los derechos digitales de la ciudadanía" llena de buenas intenciones que será compartida por una amplia mayoría en el Congreso.

De salir adelante, el Ejecutivo tendría que modificar la legislación laboral con el fin de garantizar "la privacidad de los trabajadores en la utilización de los medios digitales" y preservar su intimidad frente a "los medios empleados por los empresarios", además de asegurar que no serán molestados en el móvil fuera de su horario de trabajo. El enunciado suena tan bien que nadie se opondrá, según reconocen en el Grupo Popular, aunque nadie sepa cómo conseguir esos objetivos en la práctica, bien con inspectores de Trabajo o con liberados sindicales.

Hay otra iniciativa del PSOE que ha colocado en un brete al Gobierno al exigir que en toda la Administración del Estado se presten el servicio y atención al ciudadano en todas las lenguas cooficiales, sean o no de uso habitual en cada lugar. La medida afecta al trabajo en ventanillas, documentos y web oficiales, y los ministerios no saben cómo cuantificar el coste de esa medida para que ningún ciudadano vasco, catalán, gallego o valenciano que quiera manejarse en un idioma cooficial se vea obligado a expresarse o documentarse en la lengua común (el castellano) en ningún rincón de España.

En el Senado tampoco faltan ejemplos de iniciativas peculiares. Un parlamentario de Compromís, Carles Mulet, preguntó al Gobierno por los protocolos que tiene previstos ante una posible "apocalipsis zombi". Era su forma de protestar por la forma "inconcreta" en que le respondía la secretaría de Estado de Comunicación. Y los senadores de Unidos Podemos, Iñaki Bernal, de Izquierda Unida, y Vanessa Angustia, de En Marea, han pedido a la Mesa del Senado que prohíba la venta de Coca-Cola en la Cámara Alta en solidaridad con el conflicto laboral que los trabajadores de la planta de Fuenlabrada mantienen con esta empresa.