Ratas, goteras, techos rotos... las casas de los guardias civiles que no reforma Interior

La adjudicación de una casa en dependencias de la Guardia Civil al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, así como la reforma de más de 50.000 euros comprometida por el Ministerio del Interior sobre el inmueble han enervado a los cientos de funcionarios y familiares que llevan años en lista de espera para vivir en estas instalaciones o que tienen que pagar de su bolsillo todas las reparaciones una vez que por fin se la adjudican. Muchos se quejan hoy de cómo se encuentran sus casas cuartel o del tiempo que llevan confiando en que algún día recibirán una vivienda.

[Álbum: el mal estado de los cuarteles]

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha denunciado la concesión del mencionado piso, admiten que sobre el papel existe la posibilidad de que los funcionarios a los que se ha concedido un piso soliciten una mejora de rehabilitación. Sin embargo, en la práctica, añaden, la realidad es que todos los guardias se pagan las reformas sin ayuda alguna de la Administración. Una situación curiosa, asegura Juan Fernández, portavoz de AUGC, dado que se trata de viviendas que no les pertenecen en propiedad y que, sin embargo, ayudan a restaurar y a mantener en condiciones aceptables. La Asociación de Suboficiales califica de "inmoral" el episodio del piso, al margen de que finalmente sea considerado ilegal. "Nos produce estupor la falta de consideración que se ha tenido con los guardias civiles que ocupan pabellones en un estado lamentable y tienen que gastarse su salario para adecentarlos", explican.

En algunos cuarteles, la situación es aún peor, ya que sus habitantes no viven allí, sino que acuden únicamente para trabajar, con lo que ni siquiera se plantean invertir de su bolsillo para arreglar una instalación cuyo mantenimiento solo corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil. El cuartel de Cacabelos (León) —una instalación en la que conviven las viviendas con la zona de trabajo—, por ejemplo, tiene una única puerta de acceso, tanto para la zona residencial como para la laboral, que además está rota, según denuncia AUGC, y que incluso se torna "peligrosa", dado que los pasadores superiores se caen e incluso han golpeado a algún funcionario en ocasiones.

Además, el cuartel cuenta con una instalación eléctrica "defectuosa", a juicio de la asociación, en la que los enchufes se encuentran pegados a desagüe. Las humedades se extienden por las paredes; la cisterna del baño al que acceden las personas ajenas al cuerpo no tiene tapa; y el inmueble carece de calefacción, por lo que los funcionarios han puesto estufas eléctricas que no pueden funcionar porque no hay suficiente potencia eléctrica.

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Desconchados en los muros o instalaciones inaccesibles están a la orden del día en dependencias como las de Cañete, en la provincia de Cuenca, o Galapagar (Madrid), donde la situación es especialmente grave, como también ha denunciado la asociación, ya que se ve afectada por una plaga de ratas y termitas desde hace cuatro años. Los servicios de desinfección han acudido varias veces a poner fin al problema, pero siempre sin éxito, porque el desastre volvía en forma de roedor o de insecto.

Las ratas también han aparecido —e incluso se han instalado— en casas cuartel de la Guardia Civil de Arganda —cuyo inmueble tampoco pasa la Inspección Técnica de Edificios—, Pinto o Torrelaguna —que sufre la plaga siempre que llueve—, todos municipios madrileños. Hace algo más de tiempo, los roedores asomaron por las dependencias del instituto armado en Peñarrolla (Córdoba), Armunia (León) y Ramales de la Victoria (Cantabria). El pasado agosto, los funcionarios de Arganda incluso llegaron a fotografiar a uno de estos animales saliendo del retrete de los vestuarios donde se cambian habitualmente los funcionarios.

Las plagas no son, sin embargo, el único problema para los guardias civiles, que en no pocos casos ni siquiera cuentan con instalaciones. En La Carlota (Córdoba), los agentes no disponen de cuartel. El Ministerio del Interior les ha dicho que no hay presupuesto para construirlo. En su lugar, el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido ha improvisado. Y además de prestado. El ayuntamiento ha habilitado una habitación en un inmueble municipal que hace las veces de dependencias del instituto armado.

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Sin embargo, el lugar es tan pequeño, según denuncian desde AUGC, que cuando un agente tiene que atender a un ciudadano, el resto de compañeros deben salir a la calle a esperar porque no caben. Ya haga lluvia, frío o el sofocante calor que azota la zona en verano, los funcionarios no tienen más remedio que pasar a la intemperie el tiempo que dure la visita. En el caso de que haya algún detenido, la cosa se complica aún más, ya que en las dependencias únicamente cabe el arrestado, por lo que cuando esto ocurre, la Guardia Civil no puede atender a nadie más.

Aunque quizá todavía más relevante es la escasa seguridad con que cuenta la dependencia, único lugar donde los funcionarios pueden almacenar sus armas, la munición, la documentación o todo tipo de material útil para los agentes. "Solo dos cerraduras normales" salvaguardan el lugar, según explican desde AUGC, que ha denunciado el problema en varias ocasiones y tan solo ha recibido la respuesta de que el jefe de la comandancia está negociando con el ayuntamiento para solucionar el asunto. Otro caso similar se da en Espejo (Córdoba). El inmueble que acogía tradicionalmente las dependencias de la benemérita está en ruinas y no se utiliza desde hace años. Los funcionarios han montado un cuartel provisional en una nave industrial cedida por el consistorio en el polígono, sin aislamiento térmico ni acústico y sin apenas seguridad.

La falta de presupuesto es siempre el argumento que da el Ministerio para rechazar cualquier tipo de rehabilitación o arreglo. "Se están denegando reformas en la mayoría de pabellones del cuerpo, se están utilizando vehículos con más de 500.000 kilómetros a las espaldas e impidiendo el incremento de plantilla, todo ello por falta de presupuesto", apuntan desde la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil. Para solventar este hándicap, no pocas veces Interior 'tira' de otras instituciones, sobre todo locales.

Las instalaciones de Loeches (Madrid) se encuentran cerradas porque ya no son habitables, con lo que el cuartel está temporalmente cerrado hasta que Interior ponga una solución. Francisco Cecilia, secretario general de AUGC en Madrid, asegura que el ayuntamiento de la localidad cercana de Torres de la Alameda está dispuesto a ceder un inmueble para que se establezcan las dependencias en su municipio. En Majadahonda, por su parte, la Guardia Civil también ha estado utilizando unas instalaciones del consistorio en concepto de alquiler, pero Interior pretende ahora enviar a los agentes a las antiguas dependencias de la Policía Local, un edificio inutilizable que tendrá que ser reformado.

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Estas soluciones temporales o definitivas proporcionadas por los ayuntamientos ahorran dinero a la Dirección General, porque los consistorios proporcionan todo tipo de material como vehículos, útiles de oficina o hasta inmuebles. Sin embargo, a juicio de Cecilia, este modo de proceder crea ciudadanos de primera y de segunda, ya que los ayuntamientos con más recursos económicos podrán invertir más en seguridad. Sus guardias civiles contarán con los mejores vehículos, ordenadores y comodidades, mientras los que trabajen en municipios más desfavorecidos no gozarán de tales privilegios y operarán en condiciones similares a las narradas, con las consecuencias directas que esto tiene para la seguridad de los ciudadanos. En la actualidad, el 75,4% de los inmuebles utilizados por la Guardia Civil (2.112) pertenece al Estado, por un 15,6% (437) que es propiedad de los ayuntamientos y un 9% (250) cuya titularidad está a nombre de otras instituciones.

A pesar de estas deficiencias, el Ministerio del Interior aseguró ayer —en el comunicado que explicaba que la vivienda concedida al director general de Tráfico es una concesión legal— que en 2016 desembolsó tres millones de euros en reformar pabellones oficiales de viviendas de las poco más de 2.000 casas cuartel, donde residen actualmente 36.000 de los 77.000 funcionarios que componen la corporación. La cifra, sin embargo, ha ido disminuyendo cada uno de los últimos 10 años en relación al ejercicio anterior. Hoy día, según datos de la Dirección General a los que ha podido acceder El Confidencial, de los 34.041 pabellones con que cuenta el instituto armado, el 77% se encuentran habitados, 26.229. El 17,5% (5.943) son habitables pero están desocupados y el 5,5% (1.869) han sido calificados por los técnicos del Ministerio del Interior como "inhabitables".

En concreto, según la calificación de la Dirección General, el estado del 57,1% de los pabellones es "bueno"; el del 30% es "regular"; el del 7,4% es "malo", y el mencionado 5,5% está definido como "inhabitable". Fuentes del instituto armado explican que ahora mismo "hay acuartelamientos con casi 50 pabellones declarados inhabitables por las malas condiciones en las que están"; la Comandancia de Barcelona tiene averiado el sistema antiincendios y no se repara por falta de presupuesto, y que algunos funcionarios llevan siete años pidiendo que reparen sus antiguas ventanas podridas —construidas en los años setenta— o las viejas tuberías que provocan que el agua que corra se vuelva turbia.