El juez acusa a Nicolás de comerciar con los datos de su red de policías y directivos

El titular del Juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha dictado un auto que transforma las diligencias abiertas contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, dos policías municipales, el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Ana Botella y el exdirectivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Munguira en procedimiento abreviado, una decisión que conlleva de forma casi segura la pena de banquillo para los investigados.

El juez considera que todos ellos formaban parte de una red dirigida por el joven Gómez Iglesias, que pedía datos confidenciales al resto de colaboradores para que el principal acusado pudiera comerciar posteriormente con esta información. El magistrado les imputa a todos un delito de cohecho y otro de revelación de secretos, además de un tercero —del que excluye a Munguira— de pertenencia a organización criminal.

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En concreto, el instructor entiende que los policías municipales Jorge G. H. y Felipe G. S., así como el que fuera coordinador de Seguridad del consistorio madrileño Emilio García Grande, "actuaron bajo la dirección superior de Francisco Nicolás". Los primeros "accedieron en varias ocasiones a información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales protegidas por la ley" para que Gómez Iglesias la utilizara posteriormente "con un propósito exclusivamente privado y con la finalidad de obtener beneficios ilícitos".

Según narra el auto de Zamarriego, entre julio de 2013 y octubre de 2014, el 'modus operandi' dirigido por Nicolás fue siempre el mismo. El joven proporcionaba al resto números de matrículas, de teléfono o de identificación para que los policías o el político le indicaran quién estaba detrás de estos datos, su domicilio, su móvil o su situación laboral. Acto seguido, los funcionarios, "aprovechando su condición de agentes de la Policía Municipal", o García Grande, haciendo valer su cargo de máximo responsable de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, "extraían de las bases de datos la información requerida y se la facilitaban a Gómez Iglesias", quien a cambio les prometía remuneraciones económicas.

Posteriormente, el joven utilizaba la información reservada y "obtenida ilícitamente", según considera el juez, para comerciar con ella. Concretamente, contactaba con los titulares de esos datos, les decía que era un alto cargo del Estado, que conocía el problema que tenían y que estaba dispuesto a ayudarles a cambio de una contraprestación dineraria.

De este modo actuó el acusado el 10 de abril de 2014, relata la resolución judicial, cuando Jorge G. H. envió a Gómez Iglesias el número de teléfono, la compañía de seguros y el domicilio, entre otros datos, del ciudadano V. G. R., información que posteriormente fue utilizada por el principal acusado para venderle una milonga. Nicolás llamó a V. G. R. y le contó que la Audiencia Nacional estaba investigando a su hijo por estar involucrado en una supuesta trama de depósitos y préstamos. Le indicó que él podía mediar con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que estos departamentos eliminaran los informes que comprometían a su hijo. Todo ello a cambio del pago de 40.000 euros.

"Quita el anagrama CNMV y mi nombre"

El juez considera también indiciariamente demostrado que el técnico adscrito al departamento de Relaciones Internacionales de la CNMV Juan Munguira "facilitó a Nicolás información sobre el mercado francés en relación a una empresa concreta que cotizaba en Alternext", que el instructor intuye que es Gowex, que acababa de ser puesta en duda por falsear sus cuentas y que estaba siendo objeto de una investigación precisamente por el organismo de control en el que trabajaba el directivo. Munguira remitió la información a Gómez Iglesias junto a una nota que indicaba expresamente al joven que eliminara todo lo que pudiera vincularle con la filtración. "Quita el anagrama CNMV y mi nombre, gracias", reclamaba el responsable de Relaciones Internacionales.

El 7 de agosto de 2014, Nicolás fotografió en Cádiz con su teléfono móvil un vehículo, remitió la imagen a su colaborador el agente de la Policía Municipal Felipe G. S. y le pidió expresamente que le diera los datos asociados al coche. El funcionario hizo la consulta y mandó la información. Gómez Iglesias se puso entonces en contacto con el dueño del coche, concertó una reunión con él y le pidió dinero a cambio de solucionarle un "problema judicial" que el hombre tenía en la zona franca de Cádiz.

De este mismo modo, Gómez Iglesias "contactó con otros funcionarios" de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para obtener datos personales de ciudadanos, tanto vinculados a matrículas como a líneas telefónicas. En relación con las primeras, el 29 de septiembre de 2014, llamó a Francisco Javier S. L., miembro de la benemérita y también acusado en esta causa, para que le proporcionara información sobre la matrícula de una moto que el joven sospechaba que le estaba siguiendo durante un encuentro que mantuvo con el empresario Javier de la Rosa.

Datos a cambio de una plaza para una hija

Nicolás había intentado identificar al motorista a través de sus colaboradores en la Policía Municipal, pero estos no consiguieron ningún resultado en sus bases de datos, con lo que Nicolás pensó que podía ser alguien de las fuerzas de seguridad del Estado o que se trataba de placas dobladas, lo que le hizo llamar a su amigo guardia civil, que en ese momento trabajaba en la Casa Real. El agente facilitó a Gómez Iglesias la información a cambio de que el acusado "influyera favorablemente en los exámenes de promoción interna" que el funcionario estaba preparando, cosa que entendía que podía hacer Gómez Iglesias. La matrícula, según le dijo Francisco Javier S. L. a Nicolás, estaba reservada para la Secretaría de Estado de Seguridad.

El 3 de octubre, el joven pidió al mismo guardia civil de la Casa Real información sobre una línea telefónica. El funcionario le respondió que ese dato estaba reservado solo al CNI. Fue entonces cuando Gómez Iglesias, que no se daba por vencido, llamó al ex policía nacional Luis Antonio R. M. Le pidió averiguar quién se escondía detrás de ese número y le prometió que, a cambio, conseguiría que su hija obtuviera una plaza como analista en el departamento de gas de la empresa de energía UVM. Luis Antonio le dijo que lo intentaría.

La mala imagen para la Policía Municipal que provocó esta investigación hizo que en esta pieza separada del caso Nicolás se personara como acusación la Asociación de Policía Municipal Unificada con el fin de impulsar el esclarecimiento de los hechos.