El Gobierno tramitó contratos por 310 M€ pese a las objeciones de los interventores

El Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy ha abordado en los últimos cuatro años la reparación de medio millar de expedientes con irregularidades por un importe total de 310 millones de euros. Los errores hallados en estos contratos fueron previamente detectados y confirmados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo encargado de fiscalizar los fondos públicos —salvo los contratos menores— antes de su ejecución.

De esta forma, el Gobierno ha tenido la oportunidad en sus reuniones semanales de los viernes de 'amnistiar' 515 expedientes y continuar con su procedimiento pese a no cumplir con todos los requisitos exigidos. Interior y Agricultura han sido los ministerios que más han abusado de este mecanismo de carácter extraordinario, utilizado para acelerar la tramitación de los expedientes y el desembolso de dinero público.

Esta información sale ahora a la luz después de que Access Info, una organización dedicada a promover la transparencia, haya obtenido los órdenes del día de todos los Consejos de Ministros celebrados entre 2013 y 2016. Tras la negativa inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno instó a Presidencia a publicar los órdenes del día, al considerar que “el conocimiento de los asuntos a tratar, unido a los acuerdos finalmente alcanzados por parte del Consejo de Ministros, entronca de lleno con el escrutinio a los responsables públicos al que llama la Ley de Transparencia”. Access Info ha compartido los documentos, denominados índices verdes y rojos, con El Confidencial.

El Gobierno no publica en las referencias de los Consejos de Ministros de cada viernes las convalidaciones finalmente aprobadas

Las convalidaciones son uno de los ases en la manga que se guarda el Gobierno a la hora de fiscalizar los fondos públicos. Cualquier desembolso de dinero de los contribuyentes tiene que ser inspeccionado previamente por los 360 interventores y auditores del Estado para verificar una serie de requisitos administrativos y formales. Los únicos expedientes que no pasan este filtro son los contratos menores. Si el interventor da el visto bueno, o bien detecta alguna irregularidad y el órgano competente acepta sus reparos, el expediente continúa con la tramitación ordinaria.

El problema surge cuando el organismo rechaza los cambios propuestos por el interventor —y refrendados por la IGAE— o, directamente, se ha omitido este trámite de obligado cumplimiento para aquellos contratos de obra que excedan los 50.000 euros, IVA no incluido, o los 18.000 euros para el resto de licitaciones. Es en este momento del trámite cuando el Gobierno puede echar mano del as de la convalidación y subsanar automáticamente las irregularidades detectadas por los interventores.

Unas 130 convalidaciones cada año

Cada año llegan a la mesa del Consejo de Ministros unos 130 expedientes con algún tipo de irregularidad, pero las referencias publicadas cada viernes en la página web de La Moncloa no recogen los acuerdos de convalidación finalmente autorizados. Todo indica que este número es considerablemente elevado, toda vez que los expedientes analizados por el Gobierno para su reparación cuentan con el informe favorable de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al estar incluidos en el denominado índice verde. La Dirección General de Comunicación de La Moncloa ha ignorado las cuestiones planteadas por El Confidencial respecto a por qué no se informa a los ciudadanos de las convalidaciones acordadas en el Consejo de Ministros.

2014 fue el año en el que más dinero se abordó para su reparación, cerca de 135 millones de euros, debido a los dos expedientes de más cuantía de este periodo. El primero afectó al Ministerio de Fomento por las actuaciones de conservación integral de las carreteras del Estado a lo largo de 2013 (33,8 millones). El segundo tuvo como protagonista a Interior y sirvió para subsanar la omisión de la función interventora necesaria para el abono de diversas actividades para la expedición del DNI electrónico por parte de la Policía Nacional (17,3 millones). El Estado adjudica cada año unos 19.000 contratos públicos que representan cantidades que oscilan entre los 4.500 y los 7.000 millones anuales.

Precisamente, el departamento encabezado por Jorge Fernández Díaz durante estos cuatro años lidera la clasificación ministerial, con un centenar de convalidaciones sometidas al escrutinio del Consejo de Ministros por un importe superior a los 90 millones de euros. A continuación, se sitúa el Ministerio de Agricultura, con más de 85 millones repartidos en 184 expedientes. En tercer lugar aparece Fomento, y eso que la mitad de sus convalidaciones carece de cantidad económica asignada, al igual que sucede con Empleo.

300 expedientes sin fiscalización previa

De los 515 expedientes de convalidación tratados por el Gobierno en los últimos cuatro años, cerca de 300 corresponden a contratos en los que los interventores no han verificado los requisitos exigidos. Entre ellos, figuran la existencia de crédito presupuestario suficiente para afrontar las obligaciones derivadas del contrato, que se haya aportado la documentación exigida o que el procedimiento administrativo se ajuste a la norma. Cuando alguna parte del expediente no ha sido auditada por los interventores, se entiende que se ha omitido la función interventora y el Consejo de Ministros debe reparar esta irregularidad para ejecutar el gasto correspondiente. Estos 291 expedientes suman un importe superior a los 181 millones de euros.

Las convalidaciones reparan automáticamente las irregularidades detectadas por la IGAE y permiten seguir con la tramitación de los expedientes

El otro as en la manga que tiene el Consejo de Ministros para salvar expedientes con errores administrativos es la convalidación de gastos. En el caso de detectar alguna irregularidad, ya sea en el fondo o en la forma, los interventores remiten un reparo al órgano competente, que puede aceptar las recomendaciones propuestas y subsanar los defectos o rechazarlas. En este caso, y si la Intervención General constata la persistencia de los errores notificados, el Consejo de Ministros puede convalidar el expediente para continuar con su procedimiento, subsanando automáticamente los problemas detectados. En el periodo 2013-2016, el Gobierno ha tratado 184 convalidaciones de gastos por una cuantía de 72 millones de euros.

Fuentes de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado explican que la fiscalización de cada fase del proceso administrativo suele tardar unos cinco días. Cuando existe convalidación, el proceso se alarga a más de un mes, “pero depende del Consejo de Ministros cuando se produce esta”.

A tenor de los órdenes del día facilitados por Access Info a El Confidencial, a los ministros les gusta apurar los plazos a la hora de reparar los expedientes irregulares. Diciembre es, con creces, el mes con más convalidaciones: 167 acuerdos por un importe de 152 millones de euros. Como explican desde la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, “lo que no se convalida en diciembre va con cargo al siguiente ejercicio”. O lo que es lo mismo: el cierre contable del Estado condiciona el sometimiento a escrutinio de las convalidaciones por parte del Consejo de Ministros.