La crisis de Murcia afronta su recta final en mitad del desengaño de PP y Ciudadanos

La crisis política en Murcia afronta su recta final y en siete días debe solventarse o Ciudadanos, socio de investidura del PP que le garantiza la mayoría en el parlamento murciano, romperá definitivamente con Pedro Antonio Sánchez, según el ultimátum anunciado. Los centristas dirigidos por Miguel Sánchez en la Región advirtieron al presidente conservador -imputado en el caso Auditorio por delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos- que si el día 27 de marzo (el próximo lunes) no se hace a un lado y propone un candidato alternativo del PP para presidir el Gobierno autonómico, avanzará en una moción de censura junto al Partido Socialista.

Aún así, la situación es muy complicada. Pedro Antonio Sánchez se coronó el sábado como nuevo presidente del PP murciano con el 93,5% de los votos y asegurando tener la "conciencia muy tranquila", mientras que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa dos únicas soluciones: la primera consiste en que otro dirigente del PP sustituya a Sánchez para dar cumplimiento al pacto de investidura, que recogía la marcha inmediata del presidente si resultaba imputado por un caso de corrupción política. La segunda, nacida a raíz de la negativa de los populares, la confirmó tras reunirse Miguel Sánchez con el portavoz de los socialistas murciano, Rafael González Tovar: llevar a cabo una moción de censura con el único objetivo de disolver la Asamblea autonómica y convocar elecciones, si es que el PP no lo hacía primero.

“En la Región no cabe ni un presidente imputado ni un tripartito. Es decir, o hay un cambio de presidente o que hablen los murcianos”, explican fuentes de Ciudadanos a este diario para insistir en que la vía de la moción de censura no contempla la posibilidad de pactar con el PSOE y con Podemos para arrebatar el poder a los conservadores. Otro de los anuncios hechos por los de centro en los últimos días pasaba por que Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el parlamento.

Sin embargo, los socialistas parecen tener una idea distinta en la cabeza. Tras un encuentro entre Tovar y el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, ambos reprocharon a Ciudadanos una “actitud bipolar” y afirmaron no entender cuál será el siguiente paso de los socios de investidura si el día 27 llega y Sánchez no se marcha. En cualquier caso, Urralburu es partidario de que la moción sea “destituyente”, mientras que los socialistas, que evitan pronunciarse con tanta claridad, sí reconocen que en su imaginario no está hoy por hoy celebrar unas elecciones anticipadas. En realidad, la oposición en bloque es partidaria de llevar a cabo una moción de censura… pero la finalidad es, al menos de momento, incompatible.

Lo que a día de hoy es incuestionable es que la situación de Murcia ha puesto en juego algo más que la propia estabilidad en la Región: la crisis que vive la relación entre PP y Ciudadanos no puede estar en un momento más crítico. El “incumplimiento” de las condiciones a ojos de los de centro y “la falta de palabra” que los populares ven en las exigencias del partido de Albert Rivera, que se niega a esperar a la apertura de juicio oral que confirmaría la imputación de Sánchez, ha hecho estallar las costuras de un matrimonio que poco a poco ha ido perdiendo la confianza. Lo que está por ver es si de forma irreversible.

La desconfianza generada a raíz del caso de Murcia ya ha llegado a la Carrera de San Jerónimo y los encontronazos en el Congreso de los Diputados entre un grupo y otro han hecho saltar las alarmas en los últimos días, pese a la afirmación de Rivera este domingo en Cádiz sobre que sus diputados apoyarán las cuentas del Gobierno para que España tenga presupuestos en 2017. La pasada semana Ciudadanos no dudó en alinearse con PSOE y Podemos para registrar la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP en sede parlamentaria, y después de que los populares se negaran a hacerlo con ellos. “Otro incumplimiento más”, matizaban algunos parlamentarios naranjas. La creación de esa comisión era otra de las condiciones que los de centro pusieron a los populares para apoyar la investidura de Mariano Rajoy.

Tras el cruce de comisiones -el PP decidió registrar su propia solicitud pidiendo que se investigara la financiación de todas las formaciones- llegó el debate sobre la liberalización de la estiba para cumplir con la normativa de Bruselas y evitar una multa millonaria. Ciudadanos decidió abstenerse y no apoyar al Gobierno -aunque lo hubiera hecho la suma no habría alcanzado la mayoría- para dejar claro que su respaldo al Ejecutivo popular no se producirá más de forma ‘gratuita’ si no cumplen lo pactado. En el caso de los estibadores, los de centro reprocharon la falta de un acuerdo real entre sindicatos y patronal. En el fondo, fue un ejemplo más la complicada situación que atraviesa el matrimonio político entre conservadores y liberales.