La elección del TC se retrasa tras ignorar Ollero la llamada del Gobierno a retirarse

La presión del Gobierno sobre los magistrados del Tribunal Constitucional ha llegado a escandalizar a los propios componentes de la institución. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría incluso telefoneó a Andrés Ollero, aún candidato a la presidencia del alto tribunal, para pedirle "que se quitara de en medio" y permitir de ese modo que se desbloqueara la negociación con el PSOE para renovar el organismo, dado que el exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, erigido en portavoz de los socialistas en este tema, había vetado al catedrático y exdiputado popular precisamente por su pasado político.

La respuesta de Ollero, sin embargo, fue tajante. Le contestó que no se quitaría y que sería presidente si así lo decidía el resto de magistrados del Constitucional, ya que son éstos -alegó- los que tienen la competencia para tomar la decisión, tal y como establece la ley. La reacción del aspirante, por supuesto, no paralizó a la vicepresidenta, que siguió llamando a otros miembros del alto tribunal con el fin de que éstos se decantaran por el magistrado Juan José González Rivas, que ocupó la plaza de presidente de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo antes de incorporarse al Constitucional en 2012 y que sería aceptado por el PSOE.

Las fuentes consultadas aseguran que el arma utilizada por Sáenz de Santamaría para presionar a los magistrados era que, de no apostar por González Rivas, la renovación de la institución volvería a bloquearse. Sin embargo, una vez consumada la entrada de los cuatro nuevos miembros del alto tribunal nombrados a instancia del Senado -Alfredo Montoya, Ricardo Enríquez, María Luis Balaguer y Cándido Conde-Pumpido-, que juraron su cargo ante el rey Felipe VI el pasado martes, la capacidad de la injerencia política es muy limitada.

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Son únicamente los magistrados quienes eligen al presidente del Constitucional, aclaran desde el propio organismo, que en este polémico contexto ha decidido retrasar la celebración del pleno del que saldrá el presidente, que estaba prevista para hoy, al próximo miércoles. Desde el alto tribunal aseguran que no hay ningún motivo más allá de que se ha decidido así. Otras fuentes, sin embargo, aseguran que hay quien aún no tiene claro su voto. En concreto, los cuatro nuevos integrantes podrían haber pedido más tiempo para reflexionar.

El miércoles a las 11 horas, por lo tanto, será cuando se reunan los 12 magistrados que conforman el organismo para decidir por quien se decantan finalmente para presidir la institución durante los próximos tres años. La ley prevé que haya una primera votación en secreto en la que el ganador tendría que serlo por mayoría absoluta. En caso de que no haya más de la mitad de los miembros del tribunal que apuesten por un solo aspirante, habrá una segunda votación, que se decidiría por mayoría simple. En caso de que se produjera un empate, habría una tercera ronda que, de no resolverse con ventaja para alguno de los aspirantes, provocaría que fuera designado el magistrado más antiguo.

El procedimiento, que se repetirá el mismo día para elegir al magistrado o magistrada que ocupará la vicepresidencia, se llevará a cabo después de que los miembros del tribunal debatan durante unos minutos con el fin de aclarar quién se postula y quien no, aunque el voto es secreto y cualquier componente del pleno puede optar por quien le parezca. Este sistema de elección hace imprevisible, por lo tanto, la posibilidad de adelantar el resultado, sobre todo tras los relatados intentos de intromisión política protagonizados por Rubalcaba y Sáenz de Santamaría.

Estas tentativas de injerencia han generado enorme malestar entre los magistrados, sobre todo por el veto impuesto por el PSOE contra uno de ellos, aunque queda por ver si realmente esos conatos de politización han servido para condicionar la opinión de los miembros del tribunal, algo que ni siquiera tras el pleno del próximo miércoles quedará claro.

El nuevo presidente del Constitucional tendrá que hacer frente al desafío soberanista catalán, que ya ha provocado el pronunciamiento del alto tribunal durante los últimos meses en no pocas ocasiones. La última, el pasado 14 de febrero, cuando el Constitucional declaró parcialmente nulas las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña en octubre que pretendían impulsar el denominado 'proceso constituyente' a través, entre otras iniciativas, de la celebración de un referéndum a lo largo de este año. Ese mismo día, además, los magistrados autorizaron a la Fiscalía a abrir una nueva vía penal contra la presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, por permitir que fueran debatidas las citadas resoluciones.