La Guardia Civil implica a Miquel Roca en el 3% por los pagos que reveló El Confidencial

La Guardia Civil está investigando los pagos que efectuó Miquel Roca a la trama de financiación ilegal de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) que desveló El Confidencial la semana pasada, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado sostienen que esas aportaciones habrían servido para compensar una adjudicación de 90.000 euros más IVA que la Generalitat de Catalunya concedió a su despacho de abogados, Roca Junyent SLP, sólo 24 horas antes de que realizara el primer donativo. Se trata de la misma mecánica que habría utilizado Convergencia de forma masiva para inyectar fondos en su caja B con aportaciones ilegales de empresarios.

Las mismas fuentes han confirmado que Roca llegó a figurar en la lista de detenidos de la operación Pika, el nombre que recibió la cuarta fase de la operación Petrum contra la caja B de CDC que tuvo lugar el pasado 2 de febrero y que se saldó con 18 arrestos y 24 registros en empresas y domicilios. Sin embargo, a pesar de las evidencias que existen en contra del padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos, el juez que instruye la operación Petrum, Josep Bosch, decidió dejarlo fuera de esa nueva fase y abordar su situación de forma independiente, sobre todo, para no vulnerar los derechos que le asisten como letrado.

Como desveló El Confidencial, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto que Roca pagó 10.000 euros a una entidad satélite de CDC, la Fundación CatDem, apenas un día después de que el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publicara que su bufete se había llevado junto a la consultora Jones Lang Lasalle uno de los lotes de un contrato “para la prestación del servicio de gestión comercial, de asesoramiento y mediación en la alienación y arrendamiento simultáneo de determinados inmuebles propiedad de la Generalitat de Catalunya”.

La coincidencia temporal no es el único indicio que tienen los investigadores contra Roca. Los agentes encontraron en los ordenadores de Convergencia un correo electrónico que se cruzaron dos empleados del partido implicados en la financiación ilegal, Carles del Pozo y Anna Dolors Benítez, en el que estos se referían a la donación de 10.000 euros realizada por Roca y se preguntaban por otros pagos que el abogado tenía supuestamente pendientes. Además, en el despacho del tesorero, Andreu Viloca, apareció el anuncio de adjudicación del contrato de asesoramiento que terminó llevándose Roca Junyent SLP. El documento estaba junto a otras licitaciones presuntamente amañadas por el responsable de las finanzas del partido.

El importe del contrato que se dividieron a partes iguales Roca Junyent SLP y Jones Lang Lasalle ascendió a 90.000 euros más IVA (106.200 euros). La adjudicación fue anunciada formalmente el 17 de noviembre de 2011. Y, solo 24 horas después, la cuenta de Caixabank número 2100 0419 95 0200464820, perceptora de la mayoría de las donaciones ilegales detectadas en la llamada operación Petrum, recibió la transferencia de 10.000 euros de Roca. El histórico dirigente de Convergència no ocultó su nombre en la transferencia. Al contrario, lo dejó anotado en el documento bancario para que el partido supiera que era él quien la había realizado.

Los investigadores no han localizado más donativos de Roca en las cuentas de la formación pero, en los días posteriores a ese pago de 10.000 euros completado el 18 de noviembre, el depósito de las mordidas de CatDem registró dos nuevos donativos de personas estrechamente vinculadas al padre de la Carta Magna. Según recoge el informe 220/2015 de la Guardia Civil, incorporado al sumario del caso, tan solo cinco días después del pago de Roca, un letrado de su despacho, Francesc Segura Roda, efectuó otra donación a Convergència por importe de 5.000 euros. La propia página web de Roca Junyent SLP confirma la vinculación de Segura con la firma.

Roca habría recurrido a una persona todavía más cercana para efectuar el tercer donativo detectado por los investigadores. Se produjo el 16 de noviembre, tres semanas después del efectuado por Segura, y su autor fue el propio hijo de Roca, Joan Roca Sagarra, empleado también del bufete. Según consta en las actuaciones, Roca Sagarra fue el autor de una transferencia a la fundación de CDC de otros 5.000 euros. Es decir, que en los 29 días siguientes a que la firma Roca Junyent SLP se llevara una adjudicación de la Generalitat que le supuso unos ingresos mínimos de 45.000 euros más IVA, tres trabajadores del mismo despacho metieron 20.000 euros en la cuenta de las comisiones ilegales de Convergència.