La claustrofobia de Correa pone patas arriba Instituciones Penitenciarias

La claustrofobia diagnosticada médicamente al recluso de la prisión de Valdemoro Francisco Correa está revolucionando el sistema penitenciario. La Audiencia Nacional concedió al interno permiso para no acudir a varias sesiones del juicio del caso Gürtel, que se ha celebrado entre enero y febrero en la sede de San Fernando de Henares del alto tribunal. Argumentó la sala que no era necesaria la presencia del preso durante la vista, que bastaba con la de su abogado, y que de este modo se evitaba que Correa sufriera las malas condiciones de los traslados, que se llevan a cabo en furgones de la Guardia Civil prácticamente oscuros y completamente herméticos, poco actos para quienes están diagnosticados con esta dolencia.

La orden de la Audiencia Nacional, sin embargo, no fue cumplida por la dirección del centro penitenciario, que terminó llevando al preso a la vista. Esto motivó que el abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, pidiera explicaciones a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según ha admitido el propio letrado, que califica de "inhumanos" los vehículos que utiliza el instituto armado para trasladar a los presos. "Solicitamos que se investigara la causa de que no se cumpliera el mandato de la Audiencia Nacional que excusaba a mi cliente de acudir a todas las sesiones del juicio", reclama Navarro, quien asegura también no haber recibido aún respuesta del organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Los sindicatos de prisiones, sin embargo, sí han adelantado en sus respectivos portales de internet que la petición del abogado de Correa fue cursada con "una rapidez y una celeridad inusuales". Apenas pocas horas después de la reclamación, los inspectores de Instituciones Penitenciarias se trasladaron al centro de Valdemoro e interrogaron al director, al subdirector y a la jefa de la Oficina de Régimen de la prisión, con el fin de averiguar por qué no se dio cumplimiento a lo decretado por la Audiencia Nacional.

Acaip, CSIF, CCOO y UGT, sin embargo, no avanzan ningún tipo de conclusión al respecto de la mencionada investigación interna emprendida por Instituciones Penitenciarias, más allá de denunciar lo que consideran un "trato de favor" hacia Correa por parte del Ministerio del Interior, ya que en ningún otro caso la Administración actúa con la citada prisa. "No se da cuando se quejan otros internos", critican los sindicatos.

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"Diariamente, en Instituciones Penitenciarias, tanto los abogados como los funcionarios interponen quejas y denuncias ante los diferentes juzgados o la propia Administración sin que Interior ordene la apertura inmediata de investigaciones, lo que entendemos que supone una actuación discriminatoria respecto al resto del personal del centro penitenciario", opinan las organizaciones sindicales, que se quejan también de las consecuencias que ha tenido el tema incluso en los propios funcionarios.

"Como consecuencia de la investigación interna, la dirección del centro prohibió que las funcionarias y funcionarios de la Oficina de Régimen regresaran a sus casas una vez finalizada la jornada laboral, por lo que quedaron retenidos bajo la amenaza de incumplir una orden de la dirección", relatan los sindicatos en el escrito que han firmado las cuatro organizaciones conjuntamente y que ha sido colgado en sus webs.

Navarro, por su parte, ha negado cualquier trato de favor y ha recordado que el recluso está diagnosticado médicamente como una personas que sufre claustrofobia. Según el letrado, los sindicatos deberían denunciar las condiciones infrahumanas en las que se producen los traslados desde la prisión hasta los juzgados y viceversa, en lugar de criticar que el preso ejerza su derecho.