también por alzamiento de bienes

Anticorrupción acusa a los Ruiz-Mateos de usar fondos de pagarés para comprar coches

Presenta el escrito de acusación ante el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional por los delitos de estafa, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública

Foto: Ruiz-Mateos y sus hijos, anunciando el concurso de acreedores de Nueva Rumasa. (Gtres)
Ruiz-Mateos y sus hijos, anunciando el concurso de acreedores de Nueva Rumasa. (Gtres)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 16 años de prisión para cada uno de los seis hermanos Ruiz-Mateos acusados de estafa, blanqueo y alzamiento de bienes en el caso Nueva Rumasa que instruye el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. En concreto, se trata de Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso, que están acusados en el citado procedimiento junto a otras nueve personas por idear y llevar a cabo la financiación del grupo a través de pagarés, ocultando presuntamente la situación de insolvencia en que se encontraba el conglomerado empresarial.

Anticorrupción pide 16 años de prisión para hijos de Ruiz-Mateos

Según el escrito de acusación presentado por el ministerio público —que reclama la responsabilidad civil de 58 mercantiles y que considera partícipes a título lucrativo a las otras siete hermanas Ruiz Mateos (Patricia, Nuria, Almudena, Begoña, Paloma, Rocío y Socorro)—, todo el dinero recaudado mediante las "agresivas" campañas de publicidad que pedían dinero a los ciudadanos a través de la emisión de pagarés era metido en una caja común y de ahí luego se derivaba al resto de sociedades del grupo, "según las necesidades" que tuviera cada una.

La Fiscalía asegura que parte de este capital fue utilizado por los Ruiz-Mateos para financiar vehículos para su uso personal, abonar gastos de sus viviendas e incluso préstamos de estos inmuebles. "Una parte de los fondos captados de los inversores fue destinada por los acusados al pago de la adquisición de bienes de la familia, entre ellos algunos vehículos e inmuebles, estos últimos situados bajo la titularidad de sociedades españolas, a su vez propiedad de otras sociedades beliceñas, así como al abono de los gastos corrientes y préstamos vinculados a dichos bienes", relata Anticorrupción, que calcula que, "aunque se desconoce el importe exacto de los fondos así dispuestos, al menos 1.050.190,95 euros fueron destinados a financiar tales gastos".

Otra parte, además, fue derivada a cuentas corrientes que el grupo tenía en el extranjero vinculadas a sociedades ubicadas en países con baja tributación. "Dentro de la estructura empresarial del Grupo Nueva Rumasa, se encontraba un sector internacional conformado por un centenar de sociedades extranjeras con domicilio en varios países, algunos de nula o baja tributación o no cooperantes en el suministro de información, como Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile", relata Anticorrupción.

El escrito presentado por el ministerio público ante la Audiencia Nacional estima en al menos 4.110 personas las que entregaron fondos para la adquisición de pagarés durante la decena de emisiones que, según la Fiscalía, llevó a cabo la familia para financiar al grupo empresarial antes de que Nueva Rumasa se declarara en concurso de acreedores el 27 de julio de 2012. En total, según las estimaciones de Anticorrupción, el conglomerado obtuvo más de 337 millones de euros a través de este mecanismo de financiación que habría ocultado —como afirma la acusación— la situación de insolvencia en que se encontraba el grupo.

Además de acusar a los seis hermanos Ruiz-Mateos mencionados, el ministerio público especializado también se pronuncia contra Zoilo Pazos Jiménez, Alfonso Barón Rivero —ambos miembros de la familia—, Manuel Sánchez Marín —abogado externo—, José Ramón Romero López, Ricardo Álvarez Castaño, Rufino Romero de la Rosa —empleados del grupo en Jerez—, Fernando Juan Lavernia Sanchís, Iván Manuel Losada Castell y Ángel de Cabo Sanz. Este último, por ayudar supuestamente a la ocultación de los bienes de la familia.

Según Anticorrupción, los hechos tuvieron lugar entre 2009 y 2011, cuando el patriarca, José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada, que falleció el 7 de septiembre de 2015, y sus hijos "idearon un sistema de financiación para el grupo de naturaleza piramidal consistente en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades" del conglomerado.

"Estas inversiones se publicitaban en los medios de comunicación con un gran despliegue de información visual, ocultando siempre a los inversores la verdadera situación económica de todo el grupo empresarial, que era ya incapaz de hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones", continúa la Fiscalía, que aclara que, "en realidad, la mayor parte de los fondos captados del público en todo el territorio nacional fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid, de la que los acusados disponían en función de las necesidades del 'holding' empresarial, incluidos los cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar".

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