Los jueces advierten al Gobierno: no crearán juzgados de cláusulas suelo si no hay medios

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy publicar una declaración institucional en la que advierte al Gobierno que no pondrá en marcha ningún tipo de medida destinada a dedicar afrontar el previsible incremento de demandas relacionadas con cláusulas suelo si la administración no concede los medios humanos y materiales necesarios.

"Ante la necesidad de contar con los medios personales y materiales para poner en marcha el plan de urgencia que dé respuesta a la previsible entrada masiva de asuntos conocidos como cláusulas suelo, el Consejo manifiesta que no lo pondrá en funcionamiento si no cuenta con medios suficientes", reza la mencionada declaración, que al mismo tiempo hace un llamamiento para que Administraciones Públicas conceda lo que el órgano de gobierno de los jueces requiere.

El Poder Judicial demanda, según la declaración, recursos materiales ordinarios y extraordinarios, como el incremento de plazas destinadas especícamente a esta materia. En concreto, el CGPJ "insta al Ministerio de Justicia para que proceda a crear las plazas de jueces de adscripción territorial precisas para asumir este plan, además de las restantes que integren el plan anual de creación de plazas".

El Consejo sugiere también "a la Comisión de Selección que convoque inmediatamente y, en todo caso, antes del próximo 1 de abril, las oposiciones para ingreso en la carrera judicial que contemplen, por una parte, las plazas necesarias para atender las necesidades ordinarias" y, por otra, las que resulten de la creación de plazas de los jueces de adscripción territorial mencionados.

El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia tenían previsto llegar a un acuerdo para dotar de medios materiales y personales a los juzgados de primera instancia que se especialicen en materia de cláusulas suelo como consecuencia de la puesta en marcha del plan de urgencia acordado por el órgano de gobierno de los jueces ante el previsible aumento de litigios tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció el pasado 9 de febrero que el Gobierno pretendía crear un sistema de resolución de conflictos extrajudicial para que entidades financieras y ciudadanos pudieran alcanzar acuerdos sin necesidad de recurrir a los tribunales. La iniciativa fue bien vista por las entidades financieras, que sin embargo también reclamaron garantías para no volver a ser demonizadas por la opinión pública.

El pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso a mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, se opone al derecho comunitario, lo que en la práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma del préstamo. De esta forma, el tribunal comunitario contradijo al español y al dictamen del abogado general de julio, que solo concedía la devolución retroactiva de lo cobrado en exceso hasta dicha fecha, y asume las tesis defendidas por la Comisión Europea.