El PP pide "paciencia" a Ciudadanos hasta que el presidente de Murcia declare el día 6

La situación actual del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tras haber sido citado en calidad de imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en el marco del caso Auditorio, continúa siendo objeto de conversaciones entre PP y Ciudadanos a través de sus principales interlocutores, el coordinador general popular, Francisco Martínez-Maillo, y el vicesecretario general naranja, José Manuel Villegas. El escenario se ha visto complicado después de que el PSOE murciano haya iniciado "contactos" para poner en marcha una moción de censura.

La versión oficial de Ciudadanos continúa siendo, en línea con lo relatado por el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, que Sánchez "debe dimitir" cumpliendo con lo establecido en el pacto político de investidura por el que los cuatro diputados autonómicos de centro apoyaron al candidato popular, y cumpliendo también con la Ley de Transparencia existente en la comunidad. Pese a la exigencia del partido de Rivera, los de centro no son claros sobre las medidas que tomarán si Sánchez se resiste a cumplir con su petición —como ha hecho hasta el momento, apoyado por su partido y el propio Mariano Rajoy, que pidió a tenor de lo sucedido "respeto al principio de presunción de inocencia"—.

De hecho, Ciudadanos ha pospuesto —al menos por el momento— la posibilidad de explorar la moción de censura propuesta por el secretario general del PSOE de Murcia, Rafael Gónzalez Tovar, y que supondría alinearse en esa comunidad con los socialistas y Podemos.

La estrategia de los centristas pasa por ganar tiempo estas dos semanas hasta el 6 de marzo, día en el que Sánchez acudirá a declarar como investigado. La decisión que tome el TSJ muciano en esa jornada será crucial, teniendo en cuenta que la doctrina popular en el asunto asegura que en estos momentos no existe "una imputación formal". El PP se apoya en la falta de consistencia de la acusación contra el presidente autonómico y, a su juicio, en la previsión de un rápido archivo de la misma. En concreto, los populares consideran que el pacto firmado con Ciudadanos contempla la dimisión por corrupción política cuando se produce la apertura de juicio oral.

El proyecto de ley de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, presentado este martes por Ciudadanos en el Congreso, contempla también como límite para dimitir el procesamiento, por lo que la postura de los populares se ve reforzada. En Ciudadanos afirman que el motivo de haber especificado la apertura de juicio oral como momento para que los imputados se aparten de sus cargos públicos reside en el mayor consenso que habrá entre los distintos partidos a la hora de legislar sobre esta cuestión.

Sin embargo, la formación de Rivera insiste en que el pacto de investidura firmado con los populares murcianos, por el que ha de regirse en estos momentos Pedro Antonio Sánchez, fue redactado bajo sus condiciones y establece claramente que el presidente autonómico debe marcharse en su calidad actual de investigado.

En los próximos días, los grupos de PP y Ciudadanos de la Asamblea de Murcia se reunirán para analizar en profundidad la situación. Los de centro insistirán en que el presidente autonómico busque un sustituto, pero los populares no retirarán su apoyo a Sánchez hasta que se concrete lo sucedido después del día 6, y solo lo harán si realmente existen datos que avalen la imputación. El mandato actual de Génova es cerrar filas en torno al dirigente murciano, seguir pidiendo paciencia a Ciudadanos y presionar a su 'socio preferente' para que, si no está dispuesto a esperar, presente una moción junto a PSOE y Podemos.