Catalá, sobre el caso Nóos: "La privación de libertad debe estar muy justificada""

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho esta mañana sobre el caso Nóos y la posibilidad de que Iñaki Urdangarin entre en prisión antes de que la sentencia sea firme que confía en la "mesura" que tendrá el tribunal. "La privación de libertad es una medida muy extraordinaria, debe estar muy justificada", ha subrayado el ministro durante su participación en los desayunos de Europa Press en una suerte de llamamiento a la reflexión a las tres magistradas que han juzgado al marido de la infanta Cristina de Borbón. El exduque de Palma comparecerá este jueves ante la Audiencia Provincial de Baleares para que el tribunal decida si le impone medida de prisión preventiva.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ya anunció ayer que lo más probable es que solicite prisión como medida cautelar pero eludible con fianza tanto para Urdangarin como para su socio Diego Torres en el marco del mencionado caso Nóos. "No descarto pedir prisión preventiva con fianza con lo que el mero depósito excluiría el ingreso", confirmó el representante del ministerio público en una entrevista televisiva.

Sobre el hecho de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sea investigado por los tribunales, Catalá ha dicho que se trata de algo que pone de manifiesto que la justicia es igual para todos, pero de ahí a derivar una responsabilidad política...". "No es el momento en el que se comparece como investigado la exigencia de responsabilidades", ha indicado. "¿Todavía no hemos aprendido que es prudente tener mesura y esperar para las responsabilidades políticas?", se ha preguntado el ministro, que ha dicho que tenemos precedentes, en referencia al caso de Rita Barberá.

"Hasta que no llega el juicio oral, no deberían exigirse responsabilidades políticas; ese es nuestro planteamiento", ha dicho Catalá, que espera que no se vea enturbiado el pacto con Ciudadanos en Murcia por esta diferencia de criterio entre ambos partidos. "Existe una presunta culpabilidad anticipada que hace mucho daño; quién restituye el daño gravísimo infringido a las personas injustamente; la presunción de inocencia es un gran valor y todos deberíamos estar comprometidos en la prudencia y en la mesura", ha afirmado.

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En relación a los nombramientos que el fiscal general del estado, José Manuel Maza, está a punto de acometer en la Fiscalía Anticorrupción o la de la Audiencia Nacional -el consejo fiscal se reunirá mañana-, Catalá ha asegurado estar seguro de que estos cambios "estarán orientados" a colocar a "fiscales acreditados, que ejercen cada día su autonomía". "Será una manifestación de una institución viva, dinámica, donde hay magníficos profesionales", ha indicado. "No creo que la clave esté al frente de Anticorrupción, son personas, equipos que trabajan de manera armónica", ha agregado.

"Al presidente del Tribunal Constitucional lo eligen los miembros del organismo", ha respondido ante la pregunta de la posibilidad de que sea Andrés Ollero el próximo responsable del alto tribunal. "No es razonable que magistrados del Supremo, del Constitucional al final les pongamos una etiqueta, creo que es indigno pensar así, que harán lo que le mande quien le ha puesto; no es verdad que levantemos un teléfono y les digamos lo que hay que hacer, y hace mucho daño". "El presidente lo nombrarán los miembros del Constitucional y son personas acreditadísimas", ha dicho. "Ollero es un jurista extraordinador, que ha tenido el compromiso político de ejercer una altísima responsabilidad en el Congreso, magistrado del Constitucional durante seis años... que se le recuerde que ha sido diputado ahora... eso no es inhabilitante", ha defendido

Catalá ha incidido esta mañana en que España necesita una reforma del proceso penal que el Gobierno pretende emprender en esta legislatura y que de hecho será uno de los ejes del actual mandato. Según Catalá, el cambio se basará en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para otorgar la competencia de la investigación a la Fiscalía y crear un juez de garantía, dos figuras que en opinión del ministro servirán para agilizar la instrucción, dejar atrás el modelo acusatorio y poner todo el protagonismo en el juicio.

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En ese contexto, ha dicho, sería conveniente "ajustar" el papel de la acusación popular. Hay países en los que este tipo de acusación "no existe porque no es necesaria". "Estamos en una fase muy inicial", ha dicho cuando le han preguntado sobre cómo redefinir el papel de la acusación popular.

Esta modificación, para Catalá, garantizará mejor la defensa de los ciudadanos y conllevará también una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de que pueda dictar normas de funcionamiento interno y de que "quede blindado ante posibles injerencias". "Creo firmemente en la autonomía de la fiscalía", ha afirmado el ministro, que ha añadido que la jerarquía con que funciona es necesaria para "otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos", que tienen derecho a tener el mismo criterio estén donde estén.

El ministro ha dicho que pretende trabajar para que no pueda haber cláusulas abusivas en los contratos bancarios, para mejorar la imagen de independencia judicial mediante la reforma de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o de la designación de los miembros de los tribunales superiores de justicia. Catalá ha recordado que esta misma mañana se reunirá con el presidente del Poder Judicial para abordar la problemática de las cláusulas suelo.

"Como ya se hizo con las preferentes, especializar un juzgado, que será reforzado en función de la carga de trabajo, es una buena manera de resolver esos pleitos y de que no inunden la totalidad de los juzgados; creo que es una buena solución, hay que dotarla de recursos adecuados para atender una sobrecarga que se va a producir", ha afirmado.