ZARZUELA RESPIRA ALIVIADA

La condena de Urdangarin entierra el periodo más negro de la Corona

La absolución de la infanta y la condena de Urdangarin han enterrado el periodo más negro de la Corona. Zarzuela respira tranquila después de cerrar el círculo de la familia real

Foto: Imagen de archivo de la Familia Real durante el desfile del 12 de octubre en 2014. (Reuters)
Imagen de archivo de la Familia Real durante el desfile del 12 de octubre en 2014. (Reuters)

Felipe VI fue proclamado rey ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, jueves. Pero es muy probable que en los libros de texto y, desde luego, para buena parte de la opinión pública, vaya a aparecer el 17 de febrero de 2017, viernes, como la fecha en la que comenzó a reinar. La sentencia de Palma viene a ser la prueba del nueve -la verdad judicial- de que el jefe del Estado se ha alejado de parte de su entorno más cercano.

No es que la Corona haya tenido un problema de legitimidad constitucional, en absoluto. Nada indica que la monarquía haya estado en ningún momento amenazada seriamente por una cuestión de naturaleza estrictamente privada y que ha sido juzgada por tribunales ordinarios, como corresponde a una democracia. Y cuyo juicio, en realidad, es el retrato cruel que refleja los excesos de una época.

Lo que verdaderamente ha asentado a Felipe VI en el trono es la demostración de que el sistema judicial ha funcionado. Incluso, cuando ha tenido que sentar en el banquillo a un pariente cercano del jefe del Estado: su cuñado, y a su propia hermana. Si Iñaki Urdangarin hubiera sido absuelto sin razonamientos suficientes, o la infanta liberada sin argumentos jurídicos contundentes, es probable que la Monarquía, y en particular la Justicia, hubieran estado bajo sospecha por la impunidad de las élites, el caldo de cultivo en el que se desenvuelven los populismos.

El rey Felipe VI en una conferencia. (EFE)
El rey Felipe VI en una conferencia. (EFE)

No ha sido así, y esto explica que en Zarzuela se haya respirado este viernes con alivio. Era la sentencia que se esperaba en el entorno de Felipe VI. Entre otras cosas, porque el fallo se ha dictado por unanimidad de las tres magistradas, y con ello se ha demostrado que un miembro de la familia del rey puede ser investigado, procesado, juzgado y, por último, condenado. La sentencia de Palma, en este sentido, no es más que el dique de contención -la muralla china- que necesitaba Zarzuela para ganar credibilidad, y que en su día pasó por la distinción entre familia real y familia del rey. Dos conceptos que pueden parecer análogos, pero que están en el fondo de la tensión social y política que ha generado el ‘caso Nóos’.

Cuando el mismo día de la proclamación de Felipe VI el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto sobre tratamiento y honores de la familia real, limitó a seis sus miembros -los reyes, los padres del monarca y sus hijas-, y eso era lo mismo que dejar fuera del ámbito de la Zarzuela a las hermanas del rey. En particular a la infanta Cristina, que se ha resistido, contra viento y marea, a las presiones del propio rey emérito para que presentara su renuncia a seguir formando parte de la línea de sucesión de la Corona. Y cuyo alejamiento de la Zarzuela llegó a manifestarse con nitidez cuando en diciembre de 2011 se apartó a la infanta Cristina de cualquier agenda oficial.

Ejemplaridad y transparencia

Un real decreto posterior, de agosto de 2015, perfiló todavía más la política de contención de Felipe VI frente a actos privados de la familia del rey. Aquel real decreto introdujo profundas reformas en el prematuramente anquilosado funcionamiento interno de la casa real, incluido el reparto de la asignación presupuestaria anual, con un solo objetivo: proteger al monarca de actos de su entorno y “reforzar la transparencia”, como dice la norma. Es decir, un claro mensaje para el futuro.

La infanta Cristina, declarando por el caso Nóos.
La infanta Cristina, declarando por el caso Nóos.

El real decreto, además, habla del establecimiento de unos “principios éticos y de conducta comunes” que deben presidir la actuación de todas las personas incluidas en el perímetro de la casa real. De nuevo, una estrategia destinada a enterrar el pasado, y que llegó a situar a la Monarquía en el nivel de confianza más bajo de credibilidad frente a la opinión pública desde el restablecimiento de la democracia.

La propia respuesta que dio ayer la clase política -las tres cuartas partes del Parlamento acatacataron la sentencia- refleja un antes y un después. Este ha sido un juicio “ejemplar”, llegó ayer a decir el socialista Ramón Jáuregui como portavoz de la gestora que rige los destinos del PSOE. La sentencia del caso Nóos “es un buen síntoma de que en España la justicia funciona y que hay que dejar trabajar a los jueces”, sostuvo Albert Rivera. Mientras que, para el Ejecutivo, en boca de su portavoz, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, "el Gobierno no comenta sentencias judiciales, las respeta y las acata". Solo los portavoces de Unidos Podemos y de ERC, los republicanos catalanes, consideraron “insuficiente” la sentencia.

La respuesta, por lo tanto, parece el carpetazo final a un asunto feo que llegó a colocar a la Monarquía con un suspenso en el barómetro del CIS de octubre de 2011, en medio de la feroz crisis económica. E, incluso, antes de que se produjera el escándalo que significó la publicación -precisamente un 14 de abril de 2012- de un viaje del rey Juan Carlos a Botsuana para cazar elefantes, y en el que, como se sabe, se rompió una cadera. Nunca antes, desde que en 1994 el Centro de Investigaciones Sociológicas comenzó a preguntar de forma periódica sobre la confianza de los españoles en la Monarquía, la credibilidad había sido tan baja...

La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete. (EFE)
La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete. (EFE)

La Corona, con una puntuación de 4,89 sobre 10, se llegó a situar por debajo de los medios de comunicación (4,97) y de las Fuerzas Armadas, que con un 5,65 fue la única institución que en aquel barómetro mereció la confianza de los ciudadanos, al contrario que los partidos políticos, que cerraban la lista con apenas 2,76 puntos.

La sentencia, de esta manera, entierra una época. Pero también otra. La que dio origen a la existencia de organizaciones presuntamente criminales nacidas para la extorsión.

De hecho, una de las víctimas colaterales de la sentencia del caso Nóos ha sido, precisamente, la acusación particular, el alguacil alguacilado, que diría Quevedo, ejercida por Manos Limpias y por su abogada, Virginia López Negrete. El fallo acaba condenando al fantasmagórico sindicato a pagar las costas del juicio oral de la infanta Cristina y la mitad del de la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro. Manos Limpias ha hecho, dice la sentencia, un “uso abusivo de su legítimo derecho a constituirse en acusación". Fin de una época.

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