la audiencia pidió datos de brantridge establishment

Liechtenstein tumba (cuatro veces) el rastreo de las comisiones que FCC pagó al clan Pujol

Las autoridades de ese país se niegan a remitir información sobre las cuentas que presuntamente usaron los Pujol alegando que no hay suficientes indicios de que cometieran delitos de corrupción

Foto: Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. (EFE)
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. (EFE)

La investigación sobre el patrimonio del clan Pujol se ha topado con el escrupuloso secreto bancario de varios de los paraísos fiscales que presuntamente utilizaron los diferentes miembros de la familia para mover fondos y ocultar su patrimonio. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha reclamado en los últimos dos años hasta en cuatro ocasiones al Principado de Liechtenstein que le remita toda la información disponible sobre la mercantil Brantridge Establishment y las cuentas que ésta operaba en el banco Liechtensteinische Landesbank Ag. Sin embargo, las cuatro peticiones han sido rechazadas de plano y la Fiscalía Anticorrupción ya ha desistido de recabar los datos, al menos por ahora.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicitó que se dictara esa comisión rogatoria para averiguar el origen de varias transferencias por un importe total de 865.000 euros que el primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, cobró en España entre 2005 y 2009 a través de las empresas Iniciatives Marketing i Inversiones y Project Marketing CAT. De esos fondos, 448.554 euros fueron abonados por Brantridge Establishment y, el resto, por su matriz Brantridge Holdings, con domicilio en Reino Unido. Los investigadores sostienen que Jordi Pujol Jr. usó esas mercantiles extranjeras para camuflar el cobro de comisiones ilegales de las constructoras y adjudicatarias públicas FCC y Emte, que realizaron transferencias a Brantridge Establishment y Brantridge Holdings en fechas coincidentes por importes similares a los que percibió finalmente el hijo del fundador de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC).

La Audiencia Nacional aceptó la solicitud de la UDEF, con el aval de Anticorrupción, y dictó una primera comisión rogatoria a Liechtenstein el 20 de octubre de 2014. Sin embargo, las autoridades judiciales de Vaduz denegaron la colaboración al considerar que España no había aportado suficiente información y que sólo se habían acreditado posibles delitos fiscales, que no están perseguidos por la legislación del país. El 25 de junio de 2015, el juez que instruye la causa, José de la Mata, respondió adjuntando nuevos datos sobre Brantridge Establishment, pero tampoco obtuvo ningún resultado.

El 5 de agosto de ese año, De la Mata volvió a intentarlo, pidiendo nuevamente información sobre la mercantil y sobre los movimientos que habrían registrado sus cuentas en la entidad Liechtensteinische Landesbank Ag. Pero las autoridades de Vaduz rechazaron otra vez la solicitud alegando nuevamente que los indicios contra Jordi Pujol Ferrusola y el resto de investigados, entre los que figuran los directivos de Emte implicados en los presuntos sobornos (los de FCC no están imputados), tampoco confirmaban la existencia de delitos de corrupción ni de otros diferentes a delitos contra la Hacienda Pública.

El instructor de la causa y la Fiscalía Anticorrupción no desfallecieron. En el marco de una pieza secreta levantada el pasado diciembre, denominada Comisiones Rogatorias Internacionales Segunda, el 18 de noviembre de 2015 volvieron a reclamar por tercera vez al Principado los datos relacionados con los Pujol. Pero el Tribunal Regional de Vaduz volvió a oponerse. “No se puede desprender cuál es el presunto origen criminal de los bienes transferidos (…) Indican que se ha podido constatar que las transferencias se realizaron a través de personas con contactos con el sector público en Cataluña”, recoge el auto remitido por la Justicia de Liechtenstein. “También mencionan 'comisiones ilegales' sin indicar de qué tipo de comisiones se trata ni quién las pagaba ni quién las recibía, por qué se consideran ilegales… Estas acusaciones no se formulan en el marco de unos hechos concretos, sino únicamente en relación con determinados actos”. Según las autoridades del Principado, célebre por su potente centro financiero offshore, la petición de España se reducía a un “procedimiento de búsqueda aleatoria de datos” o “fishing expedition (expedición de pesca)” que no podía ser aceptado.

El 10 de agosto de 2016, dentro también de la pieza secreta, De la Mata efectuó el último intento, el cuarto. En esa ocasión, el magistrado incorporó los datos que Reino Unido ya le había remitido en relación a Brantridge Holdings, que demostraban su vinculación societaria con Brantridge Establishment e indicaban que los movimientos de dinero realizados entre ambas sociedades respondían a servicios no acreditados. El juez también especificó que FCC y Emte, “dos empresas españolas que han sido beneficiarias de adjudicaciones de contratos públicos en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña”, realizaron pagos considerables a Brantridge Holdings que presumiblemente terminaron en la cuenta de Jordi Pujol Ferrusola. En concreto, según el auto, FCC y Emte, pagaron a Brantridge Holdings 710.000 y 351.000 euros, respectivamente.

Liechtenstein tumba (cuatro veces) el rastreo de las comisiones que FCC pagó al clan Pujol

Pero a Liechtenstein tampoco le parecieron contundentes los nuevos razonamientos. El pasado 15 de septiembre, las autoridades de este territorio de 40.000 habitantes respondieron a la cuarta solicitud de la Audiencia Nacional que “el mero hecho de que no resulte justificable la procedencia de activos o de ciertas transferencias, no justifica en sí una sospecha suficiente de la comisión de cualquier otro acto delictivo”. A juicio del Tribunal Regional de Vaduz, De la Mata no realizó una exposición suficiente sobre “otro delito”, diferente al delito fiscal, “por lo que tampoco se están investigando otros hechos, incluso aunque se haga referencia a pagos mediante sobornos, sin que se aportase una exposición sobre hechos que atañan a las personas implicadas, el proyecto en cuestión, el período...”.

La Fiscalía Anticorrupción terminó claudicando el pasado 1 de diciembre. “Que a la vista de lo informado por las autoridades de Liechtenstein negándose a cumplimentar lo interesado en la correspondiente comisión rogatoria, aún no constando en el relato de hechos remitidos relación alguna con un delito contra la Hacienda Pública, se desiste de reiterar tal petición y ello sin perjuicio que de obtenerse nueva información al respecto, se inste una nueva solicitud de cooperación”. La información oculta en Liechtenstein seguirá siendo una incógnita en el sumario.

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