elaborado por la 'brigada especial' de fernández díaz

El informe 'perdido' del Faisán apuntaba a altas instancias del Gobierno de Zapatero

La policía elaboró un informe durante la etapa de Jorge Fernández Díaz que implicaba al Ejecutivo del PSOE detrás del chivatazo a ETA de 2006, pero Interior no encuentra el documento

Foto: Los exministros del Interior Jorge Fernández Díaz (i) y Alfredo Pérez Rubalcaba. (EFE)
Los exministros del Interior Jorge Fernández Díaz (i) y Alfredo Pérez Rubalcaba. (EFE)

La Policía Nacional elaboró un informe durante la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior que implicó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el chivatazo a ETA del caso Faisán. La investigación fue realizada por la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), el grupo creado en 2012 por el anterior director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, que ya ha sido disuelto por orden del nuevo responsable de Interior, Juan Ignacio Zoido. Su equipo trata ahora de localizar ese documento, que no había trascendido hasta que el propio Pino reveló su existencia la semana pasada en una entrevista concedida a 'El Mundo'.

Según ha podido saber El Confidencial de fuentes cercanas a esa investigación, el informe contiene un exhaustivo análisis del sumario que instruyó la Audiencia Nacional sobre esta filtración a ETA. Como ya acreditó la Justicia, el soplo se produjo el 4 de mayo de 2006 y frustró una operación policial contra el aparato de extorsión de la banda en plenas negociaciones del Ejecutivo de Zapatero con la cúpula de la organización terrorista. El PP siempre sostuvo que el Gobierno del PSOE efectuó la filtración para garantizar el éxito de esas conversaciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo solo confirmó en 2014 la condena contra los dos únicos autores materiales conocidos de la filtración: el comisario de la Policía Nacional Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros.

Fotografía de archivo de Enrique Pamiés (i) y José María Ballesteros. (EFE)
Fotografía de archivo de Enrique Pamiés (i) y José María Ballesteros. (EFE)

Pino encargó a la BARC que realizara una nueva investigación de esos hechos. El punto de partida fueron las pesquisas que ya había realizado Asuntos Internos bajo la tutela de los jueces Fernando Grande-Marlaska, Baltasar Garzón y Pablo Ruz. Pero la brigada de revisión de casos llegó a una explicación diferente. Utilizando un programa informático de análisis de redes para cruzar las llamadas y contactos personales que recogía el sumario, los funcionarios de la BARC concluyeron que, además de Pamiés y Ballesteros, también hubo responsables políticos implicados en el chivatazo. Los policías habían ejecutado el aviso, pero la maniobra había sido necesariamente coordinada por una instancia superior. Los hallazgos de la investigación apuntaban claramente al Ministerio del Interior, sustentando así el discurso que había mantenido desde el principio el Partido Popular.

Se da la circunstancia de que el chivatazo se produjo solo tres semanas después de que Alfredo Pérez Rubalcaba sustituyera al recientemente fallecido José Antonio Alonso al frente de la cartera de Interior. ETA reflejó en las actas de sus negociaciones con el Gobierno que un emisario de La Moncloa reconoció en junio de 2006 que habían hecho todo lo que estaba en su mano para tratar de limitar el alcance de ese operativo policial, pero no habían "podido pararlo". La asociación Dignidad y Justicia también pidió que se citara como testigo a Antonio Camacho, mano derecha de Rubalcaba y secretario de Estado de Seguridad entre 2004 y 2011, al considerar que estaba implicada en el soplo. Su teléfono móvil apareció en el transcurso de la investigación. Pero la Audiencia Nacional circunscribió a Pamiés y Ballesteros todas las responsabilidades penales de la filtración.

Fotografía de archivo de la entrada del bar Faisán. (EFE)
Fotografía de archivo de la entrada del bar Faisán. (EFE)

Sin embargo, como ha trascendido ahora, Fernández Díaz y Pino encargaron una investigación 'paralela' a la realizada por la Audiencia Nacional que terminó implicando al Gobierno de Zapatero en este episodio, aunque sin disponer de nuevas pruebas ni realizar nuevas diligencias que reforzaran la acusación. Sus funcionarios se limitaron a analizar los datos que ya existían desde otro enfoque, al igual que hicieron en otros trabajos, como el análisis de los atentados del 11-M y la revisión de la operación Macedonia, entre otros. Su gran aportación fue el uso de un programa de análisis relacional.

Las fuentes consultadas precisan a este diario que las conclusiones de la BARC quedaron plasmadas en un voluminoso informe del que se hicieron al menos dos copias. Ambas fueron entregadas a Pino, pero se desconoce qué hizo luego este con ellas. El antiguo DAO aseguró la semana pasada que los documentos habían recibido tratamiento de información clasificada, pero el ministro del Interior manifestó este martes que la Dirección General de la Policía ha estado buscándolos en archivos oficiales sin conseguirlo. Únicamente ha logrado confirmar su existencia y que, efectivamente, la BARC entregó dos copias.

Como reveló El Confidencial, el nuevo DAO de la Policía, Florentino Villabona, disolvió la brigada de revisión de casos hace dos semanas, solo unas horas después de ser elegido por Zoido para el cargo. La decena de efectivos que formaban parte de ese grupo ha sido puesta a disposición de la Subdirección General de Personal. La mayoría se ha marchado a su casa a la espera de nuevo destino. La base de datos que utilizaban se mantiene operativa, pero la Dirección General de la Policía no ha encontrado en ella el informe del caso Faisán ni tampoco los otros documentos que, según Pino, elaboró esta brigada.

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